Escribe Lilia Carrillo
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El sábado 16 de mayo, Jorge Enrique Oramas pasó a ser parte de la lista de cien líderes sociales asesinados en Colombia, solamente en lo que va del 2020. Jorge, líder ambientalista, “custodio de semillas, agricultor orgánico, productor de alimentos saludables, luchador contra la minería y los transgénicos” (Semana 17/05), fue asesinado en su finca, ubicada cerca de la ciudad de Cali, capital del Valle, territorio en donde operan en concordancia e impunidad la DIJIN (Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL), el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) y el Ejército Nacional junto a los paramilitares.
El alcalde de Cali ofreció 20 millones de pesos (5200 dólares) a quien facilite información, aunque tiene claro quién es el responsable. La noticia hace parte de la cotidianidad del país.
El 21 de noviembre pasado una huelga general enfrentó la ofensiva “ajustadora” del gobierno. Fue seguida por numerosas marchas y distintas formas de protestas en las principales ciudades y una nueva huelga general el 25 de marzo, ya en medio de la cuarentena. Diógenes Orjuela (Presidente de la CUT), dijo que hacen parte de las razones principales de los paros la exigencia al gobierno del cumplimiento de los acuerdos de paz, el fin de los asesinatos y la violencia (Infobae 13/04), que se cobran una vida cada 33 horas en el país.
El 24 de marzo se declaró la cuarentena en Colombia, pero no fueron garantizadas las mínimas condiciones para llevarla adelante. Pocos días pasaron para que las cacerolas volvieran a escucharse, esta vez acompañadas del ondear de los pañuelos rojos, que simbolizan el incremento del hambre. Para las familias que viven de la economía informal, la ayuda es de 160 mil pesos Colombianos (42 dólares). En Soacha, el alcalde dijo que el 98% de la gente necesita ayuda (La Nación 20/04). La respuesta fue la policía antidisturbios.
El 47% de la población colombiana vive de la informalidad (Semana 20/04), el desempleo puede llegar al 18% (Portafolio, 27/04), o incluso superar el 25% según el diario Colombiano El Tiempo (16/05), el mismo que informa que de acuerdo con las cifras del DANE (Departamento de Estadística) los desocupados crecieron en 1,6 millones. La pobreza pasó del 27 al 33% (Dinero 30/04). Los 2 millones de venezolanos que llegaron al país sufren las mismas necesidades de la población más vulnerable.
El FMI aprobó la solicitud de renovación de la línea de crédito flexible por 10.800 millones de dólares (Portafolio 01/05), que irá al rescate del capital, no de los trabajadores.
Hay más de 17 mil contagios y más de 600 muertes. Colombia enfrenta al nuevo virus con un sistema público de salud desfinanciado, privatizado, garantizando el negocio a los grandes lobbys empresariales de salud.
En el escándalo de “las 130 carpetas”, la revista Semana (01/05) dio a conocer cómo el ejército llevó adelante tareas de espionaje (batallones de ciberinteligencia Bacib y Bacsi) entre febrero y diciembre de 2019, contra políticos opositores, ex ministros, magistrados, sindicalistas, militares y periodistas. “Las unidades involucradas recibían ayudas económicas de una agencia de inteligencia extranjera” de más de 400 mil dólares anuales”.
En paralelo se destapa otro escándalo: Duque fue acusado de haber recibido dinero del narcotráfico durante su campaña electoral del Ñeñe Hernández, un ganadero-narco que habría financiado en mil millones de pesos la segunda vuelta en la que enfrentó a Petro (Infobae, 02/05).
Duque lleva adelante una cuarentena sin recursos para afrontarla, al borde de un enorme estallido social. Se trata de un régimen podrido, que desconoce e incumple los acuerdos de paz, bombardea poblaciones civiles, permite a terratenientes y capitales internacionales operar en el país en complicidad con los narcos y paramilitares. En el gobierno uribista de Duque, los servicios de inteligencia, las fuerzas armadas, el imperialismo norteamericano, narcos y paramilitares, llevan adelante una guerra contra campesinos, indígenas y trabajadores colombianos - una guerra de clase.