No al cierre del CEMEFIR

Los trabajadores del CEMEFIR (Cooperadora Centro de Medicina Física y Rehabilitación) alertan sobre el inminente remate judicial del inmueble donde se atienden entre 3.000 y 5.000 personas por mes en forma gratuita. Su preocupación reside en la pérdida de los puestos de trabajo y el cese en los tratamientos de los pacientes. En el lugar trabajan aproximadamente 70 profesionales entre kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, psicólogos, psicopedagogos y trabajadores sociales entre otros. Es el único centro especializado en medicina física y psicomotriz para personas con discapacidad en La Matanza. El personal es municipal, mientras que el inmueble es de la cooperadora.

El CEMEFIR fue fundado en 1956. El inmueble donde funciona fue donado para uso exclusivo de la cooperadora por la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos en 1969. Desde 2012, la cooperadora se encuentra intervenida por un decreto del entonces intendente Fernando Espinoza. Sobre el inmueble pesa una hipoteca de aproximadamente 400.000 dólares más intereses que elevan la deuda a los 750.000 dólares, mientras que el valor del inmueble supera los 5 millones de dólares. Está ubicado en el centro de San Justo a cien metros de la plaza. El responsable señalado de llevar a la crisis a la cooperadora es el Dr. Diego Héctor Viola, su presidente, por administrar maliciosamente. El principal acreedor logró hipotecar la propiedad de la institución e iniciar acciones legales.

La jueza Laura Elizabeth Mato del juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N°1 declaró, en 2015, el remate de la propiedad inmueble donde funciona el centro de salud; en 2016, se aprobó la ordenanza 24.684/17 en el Concejo Deliberante de La Matanza, que lo declara de interés público y social y sujeto a expropiación. En 2017, la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires estableció un plazo de 180 días para la expropiación del CEMEFIR a través de la ley 15.318, pero nunca se llevó a cabo. La jueza volvió a caratular el remate por el vencimiento de los plazos de expropiación que vencen en febrero de 2025. El ejecutivo municipal, por inacción o complicidad, no ha apelado el remate del inmueble, dejando vencer los plazos procesales, ni ha denunciado penalmente al presidente de la cooperadora, el Dr. Viola, ante el colegio de abogados de La Matanza, lo que haría caer la demanda civil. La burocracia del Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza (STMLM) no se ha manifestado en ningún sentido, bloqueando el desarrollo de defensa del inmueble y de los puestos de trabajo.