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La Diputada Romina Díaz, de La Libertad Avanza de Santa Fe, ha presentado una serie de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo como parte de un Régimen de Incentivo a la Mediana Empresa (RIMI).
La reforma laboral planteada inicia volteando la viga maestra de la ley laboral, es decir, el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Este principio da por inválida cualquier modificación de condiciones de trabajo, cualquier reducción de salarios o de categorías, por más que el trabajador haya dado su conformidad.
Un punto capital del proyecto de ley es el punto final a la jornada de 8 horas. Con el único límite del descanso de 12 horas, “podrán establecer regímenes que se adecuen a los cambios en las modalidades de producción, las condiciones propias de cada actividad, contemplando especialmente el beneficio e interés de los trabajadores. A tal efecto, se podrá disponer colectivamente del régimen de horas extras, banco de horas, francos compensatorios, entre otros institutos relativos a la jornada laboral.”
En otro punto, los ítems correspondientes a beneficios sociales son excluidos del cálculo indemnizatorio: esto deja afuera de las indemnizaciones al estipendio por comida, por seguros médicos, por medicamentos, por útiles escolares, y un largo etcétera.
La reforma fracciona las vacaciones, la reforma incluye una modificación -con el límite de una semana-.
Otro punto sensible es la creación de un registro de médicos y profesionales bajo la supervisión de Ministerio de Capital Humano de Pettovello, que se encargará de controlar, a pedido de las empresas, el otorgamiento de licencias a los trabajadores. Esta práctica ya tiene un precedente inmediato: las patronales están desconociendo a mansalva las licencias prolongadas, dejando de pagar los salarios. Allí donde los gremios han reclamado ante el Ministerio, los fallos han sido en un 100 % a favor de los capitalistas. El Ministerio tendrá la potestad de sancionar, hasta de por vida, a los médicos cuyas licencias sean cuestionadas.
El último punto laboral incluye una reforma de la ley de trabajo agrícola, suprime la responsabilidad solidaria de los empleadores primarios: “Los trabajadores serán considerados empleados directos de aquellos que registren la relación laboral, sin perjuicio de haber sido contratados con vistas a utilizar su prestación o de proporcionarlos a terceras empresas…”
El proyecto de la diputada Díaz incluye nuevos beneficios: incentivos para las contrataciones de empleo; bonos de crédito fiscal para quienes contraten a personal del Estado; fomentos a las inversiones productivas, etc.
Que la piedra basal de una “ley de promoción de inversiones” sea la liquidación de los derechos laborales desnuda el carácter ultracapitalista del actual Gobierno.
