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En el mes de diciembre se intentó desarrollar una última sesión extraordinaria del Concejo Deliberante para tratar el presupuesto 2025 y la tarifaria municipal.
Afuera, en el espacio público que comparte con el municipio, se mantenían en lucha, desde hacía dos meses, los trabajadores municipales, reclamando aumento salarial del 75%, puesto que la mayoría no supera los $400.000.
La nueva tarifa implica un golpe al bolsillo de los trabajadores de la ciudad. Establece aumentos que van desde 150% hasta el 500% en impuesto inmobiliario, patente automotor, carnet de conducir, libretas sanitarias, entre otros. En el uso de espacios municipales, como el centro cultural y los gimnasios, implica un ataque hacia la actividad deportiva y cultural de cientos de niños/niñas y jóvenes, porque el 400% de aumento impactará en las cuotas mensuales.
El uso de la sala velatoria y el cementerio, con aumentos del 640% y 100%, respectivamente, se alinea al igual que en la política de recorte general sobre la salud, como un factor de endeudamiento de las familias obreras en situaciones de emergencia.
De conjunto el proyecto de tarifaria municipal es un golpe más al bolsillo de los trabajadores. Los aumentos salariales de los trabajadores provinciales y municipales están muy por detrás de lo que aumentan los impuestos. Si a esto sumamos el ingreso de todo un sector de trabajadores industriales a la 4ta. categoría de impuesto a las ganancias, tenemos claramente una política impositiva que se descarga sobre las espaldas de los trabajadores. Mientras se exime a los inversores menores, y mucho más a los grandes inversores, como promueve el RIGI, al que adhirió recientemente la provincia.
En Caleta Olivia, se establece un impuesto anual fijo a las empresas petroleras por el almacenamiento de crudo (playa de tanques ubicado, dentro del ejido urbano), establece un monto fijo anual del 7% del total de las reservas (290.000 m3), según el valor del crudo (en la actualidad no supera los 80 dólares) y entre 140-70 módulos por m2 ($50 cada módulo), de impuesto inmobiliario
Acuerdo con empresarios y reacomodamiento del kirchnerismo
Los concejales “opositores”, kirchneristas y bloques unipersonales (minoría), plantean votar el acuerdo en tanto se reconozca el reclamo de la Cámara de Comercio local, esto es, que se establezcan mayores controles e impuestos a feriantes y a ventas en redes sociales. Es decir, exprimir a quienes subsisten con la venta, en su mayoría de cosas usadas, en un contexto de más del 60% de pobreza y un aumento del desempleo, con la retirada de YPF. Este mismo sector se beneficia desde hace años con la precarización laboral, mediante programas con la municipalidad, donde el Estado se hace cargo de una parte del salario de jóvenes que acceden a un “primer empleo” y el comerciante de otro parte (mínima), garantizándose asi mano de obra barata, fuera de convenio, sin derechos, que no suelen superar el periodo de prueba.
Desde Política Obrera denunciamos que la política tributaria va en favor del empresariado (grande y pequeño) y resulta una confiscación más al salario y a los ingresos de los trabajadores. Denunciamos el aspecto expulsivo de actividades recreativas de jóvenes y niño/as. Planteamos que de lo que se trata es de establecer un régimen de impuestos al empresariado. En primer lugar, a las petroleras que usufructúan el uso del suelo y el ejido urbano con el acueducto y playa de tanques de Termap.
Bajo esta perspectiva realizamos una asamblea abiertas, con trabajadoras de distintos sectores.
