Yolanda Vargas: Sáenz usa a la Justicia para encubrir su responsabilidad

Para quienes han conocido la causa de Yolanda Vargas, Thiago y Melanie, en el incendio de su casilla ocurrida en febrero de 2021 en Colonia Santa Rosa, Orán, puede resultar difícil de entender y hasta de explicar cómo es posible que el Estado salteño y su Justicia estén empeñados en responsabilizarla por la muerte de sus hijos.

La única explicación es la voluntad de eximir al gobierno de Gustavo Sáenz de todas las responsabilidades que le recaen, por las condiciones de pobreza, precariedad habitacional, y falta de infraestructura y de urbanización, en las que viven miles de familias de trabajadores en la provincia.

El próximo 3 de febrero se iniciará el juicio en la ciudad de Orán, impulsado por la fiscal Claudia Carreras, de Graves Delitos y Atentados contra las Personas, que imputó a Yolanda por "Abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo", y busca una condena individual en una causa que expone la aberración del proceso judicial en la provincia, las irregularidades y las maniobras perpetradas por la fiscalía.

El incendio que devoró la casilla que habitaban Yolanda y sus hijos se produjo por un cortocircuito, por las altas y bajas de tensión frecuentes en todo el departamento de Orán. En vez de indagar sobre el vaciamiento de la infraestructura del sistema eléctrico, por parte de la empresa Edesa y Trasnoa, la Justicia encaró un proceso judicial condenatorio contra una trabajadora. Yolanda había ido al almacén a comprar comida, sus niños quedaron en casa, cuando regresó, algunos minutos después, ya no quedaba nada.

El presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta anunció públicamente que la provincia debería avanzar en presentaciones judiciales contra la empresa Trasnoa por las irregularidades en la prestación del servicio en toda la provincia. Trasnoa se encarga del transporte eléctrico de alta tensión. Edesa es la empresa encargada de la distribución y comercialización de la energía eléctrica en la provincia. Las denuncias de los usuarios por la pérdida de electrodomésticos por las altas y bajas de tensión y los cortes de luz permanentes se suman por miles desde hace muchos años. El parasitismo de las empresas avalado por el gobierno de Gustavo Sáenz y el Estado nacional, es total. Ninguna se hace cargo y el gobierno las encubre.

Natalia Gonza investigadora del CONICET, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UNSa, ha publicado un artículo de investigación que se denomina “Dimensión energética de la desigualdad y los cuidados en barrios populares en Argentina”.

El artículo presenta y analiza dos procesos de criminalización de personas en contextos de vulneración en la provincia de Salta, durante los años 2018 y 2021. “A partir de éstas construye un caso singular a fin de analizar la dimensión energética de la desigualdad social. Incorpora la perspectiva de género para dar cuenta del impacto de las formas de acceso a la energía en las tareas de cuidados y nivel “moral” que adquieren estas en el sistema penal-punitivo”. Entre los casos investigados por Gonza se encuentra el de Yolanda en donde la Justicia busca condenar a una trabajadora para eximir de responsabilidades al gobierno y al conjunto del poder político.

Para la Justicia, Yolanda es un chivo expiatorio. Necesita condenarla para cubrir las espaldas del gobierno de la provincia, que condena al 70% de la población a la pobreza. Particularmente en Orán, los incendios de casillas en asentamientos, son noticia frecuente.

El Estado debería resarcir a Yolanda por la tragedia que sufrió y la pérdida de sus hijos. Sin embargo, la fiscal de Gustavo Sáenz busca aleccionar a los trabajadores con una condena a Yolanda, para que no denuncien, ni se organicen contra su gobierno.

La pelea por derrotar esta maniobra encubridora de la Justicia adquiere un alcance popular. Es por eso que se suman decenas de personas a reclamar la Absolución para Yolanda Vargas. En los próximos 15 días, desatemos la mayor movilización política.