Escribe Gabriela Jorge
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El sábado 2 de noviembre, el principal diario de Salta informó que el Tribunal de Juicio de Orán puso fecha al juicio contra Yolanda Vargas. Está previsto que el juicio contra Yolanda se inicie el 3 febrero de 2025, bajo la presidencia del juez Aldo Primucci.
Yolanda Vargas perdió a sus dos hijos en el incendio de su casilla, el mediodía lluvioso del 9 de febrero de 2021 en la Colonia Santa Rosa, provincia de Salta. En ese momento, Yolanda quedó detenida en la penitenciaría de Orán. Fue obligada a declarar sin un abogado defensor y en estado de shock. Ni siquiera pudo hacer el duelo frente a los restos de sus hijos y su antigua vivienda.
Yolanda, como cientos de trabajadoras, vivía en una casilla de madera, entre lonas y plásticos, en el asentamiento Las Palmeritas de Colonia. Es bien sabido que en Orán las subas y bajas de tensión son sistemáticas y en combinación con las precarias condiciones de la conexión eléctrica son fatales. Esa mañana, Yolanda había salido sola por la tormenta en su moto a comprar para cocinar; cuando volvió se encontró con el peor escenario para una madre.
La “investigación” de la Fiscal Claudia Carreras, de Graves delitos y atentados contra las personas, de la ciudad de Orán, estuvo cargada de inconsistencias. La celeridad para actuar contra Yolanda no fue la misma para investigar las verdaderas razones del incendio. A pesar de que en la investigación da cuenta en los hechos de las condiciones de miseria en las que vivían Yolanda y su familia, usó esos mismos elementos para sostener la imputación contra ella y armar una causa para señalar a Yolanda como la responsable de una acción deliberada contra sus hijos.
Por eso no valoró los testimonios de vecinos, familiares, agentes sanitarios y compañeros de Yolanda que declararon las condiciones en las que se encontraba, sino “testimonios anónimos” con los que armó la imputación bajo la figura de abandono de persona, seguido de muerte y agravado por el vínculo, que lleva una pena de hasta 15 años. El empeño contra esta madre trabajadora ha sido el empeño por limpiar de responsabilidades a los verdaderos culpables: Sáenz y el exintendente Guerra. Un reflejo completo de la orientación social de una justicia de clase.
Yolanda pasó 23 días en prisión y aislada. Solo un movimiento que excedió a su familia y los vecinos, por sus compañeros del Polo Obrero Tendencia, con quienes se organizaba en un comedor y que rápidamente ganó la solidaridad de centenares de organizaciones sociales y políticas a nivel nacional e internacional, lograron imponer su libertad.
En setiembre de 2021 el juez interviniente, Francisco Oyarzu, dio lugar al pedido de la fiscal de elevación a juicio oral y público, tras haber rechazado los reiterados pedidos de sobreseimiento y las cientos de miles de firmas contra el proceso judicial.
Este pedido de elevación a juicio fue solicitado hace cuatro años atrás por el juez Oyarzú. Las imputaciones son una verdadera provocación: abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. Hace cuatro años atrás hasta se ensayó un cambio de carátula por “homicidio culposo”. La cadena de atropellos y provocaciones contra Yolanda es la línea que sigue la causa desde el día uno. La Justicia ni siquiera la notificó de la convocatoria a juicio, además este tendrá lugar días antes de un nuevo aniversario de la pérdida de sus hijos, Thiago (4) y Melani (6).
En 2021, un poderoso movimiento puso en jaque al gobierno de Sáenz en su pretensión de detener y enjuiciar a Yolanda. Pasados cuatro años desde aquella instancia, la justicia considera que tiene condiciones más favorables para volver a la carga y sellar una condena.
No es para menos, lo hace en un contexto de ataques más generales contra la clase obrera y, en particular, contra las mujeres. La confiscación que ha puesto en marcha Milei contra salarios y jubilaciones ha conseguido la venia del conjunto de las fuerzas capitalistas que no solo lo sostienen, sino que hacen lo propio multiplicando la miseria social a escala local. Sáenz se erige como un cómplice de Milei. En lo que va del año, las cifras de pobreza e indigencia llegan a un 56 % de la población, agravado en el interior de la provincia. De los hogares más pobres, un 40 % se encuentran comandados por trabajadoras jefas de hogar.
Los ataques contra la mujer, en este caso la operación judicial contra Yolanda Vargas, representan un intento del régimen social y político de evitar la unidad de acción de clase contra sus verdugos, responsables de la condena a la tragedia y a la muerte a las familias obreras por la desocupación, la miseria social, la falta de vivienda. Nos pretenden vencidas y nuestras familias quebradas por la miseria.
Por último y no menos importante, el juez que pide la elevación a juicio de la causa contra Yolanda actualmente tiene un proceso de juri de enjuiciamiento por su vínculo con el narco en la provincia. ¿Es este el régimen que nos habla del “cuidado de la familia y nuestros hijos”, cuando está hundiendo a cientos de miles de nuestros hijos en las adicciones y el narcomenudeo? ¿Es este régimen que inunda de pobreza y miseria a nuestros hogares el que defiende a la familia? La verdadera justicia por Yolanda y sus hijos pasa por hacer de este ataque un acto de rebelión y de lucha decidida de las mujeres y de los trabajadores para frenar no solo esta intentona contra Yolanda, sino para acabar definitivamente con los verdaderos responsables de nuestras penurias.
El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra todas las formas de violencia hacia la mujer, es un escenario de lucha contra el poder político, cuna de la principal violencia contra las mujeres y trabajadoras. Llamamos a las activistas del movimiento de la mujer, a las comisiones combativas, a las organizaciones sociales y políticas y al conjunto de los trabajadores y explotados para convertir el 25 en una movilización masiva por Yolanda y como parte de poner en pie un enorme movimiento de masas.
Yolanda Vargas y la tragedia cotidiana que sufrimos las trabajadoras y nuestros hijos Por Violeta Gil, 23/10/2021.