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En la jornada de ayer, el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco José Oyarzú, rechazó el pedido de sobreseimiento para Yolanda Vargas, luego de dilatar 45 días una respuesta. Es un nuevo atropello contra Yolanda, nuestra compañera de Colonia Santa Rosa, una trabajadora rural, único sostén de su familia que sobrevivía changueando en las chacras, vendiendo lo que cocinaba. Hace 4 meses se incendió la casilla de madera y murieron sus hijos, Thiago y Melani, de 4 y 6 años.
La Justicia se ha empeñado desde el primer día en acusarla de esta tragedia. La detuvo y finalmente, ante la movilización popular y el aluvión de pruebas en su favor, el juez se vio obligado a cambiar la carátula de homicidio agravado por el vínculo a homicidio culposo.
Estamos ante un nuevo atropello por parte de la Justicia, un fallo arbitrario. Ahora el juez justifica su rechazo en nombre de que los testimonios en favor de Yolanda, protagonizados por agentes sanitarios, su familia, vecinos y compañeros, quienes vivían el cotidiano con Yolanda y su familia, serían “subjetivos”. Sin embargo, no tiene la misma valoración de los que aporta la parte acusatoria.
En los 4 meses transcurridos desde el incendio donde murieron los hijos de Yolanda, Thiago (4) y Melani (6), no hay ni hubo una sola prueba que permitiera sostener alguna imputación. El rechazo del juez deja en claro esto.
Se expone que estamos frente a una causa completamente amañada, con un único propósito: encubrir a los verdaderos responsables políticos de esta nueva tragedia contra una trabajadora y sus hijos. El rechazo del juez solo puede indicar un nuevo cuadro de maniobras, que buscará dar tiempo para que la fiscal Claudia Carreras pueda fabricar nuevos elementos y pruebas y pedir, así, la elevación a juicio.
Desde el 9 de febrero hasta hoy, jamás se investigaron las verdaderas razones del incendio ni se tomaron en cuenta las condiciones de miseria absoluta a la que están arrojadas las familias en el asentamiento de Las Palmeras.
Colonia Santa Rosa, un pueblo de poco más de 16.000 habitantes, y el departamento de Orán han sido uno de los más azotados bajo la pandemia, pero también por la orientación histórica, política y social que defiende no solo el intendente Mario Guerra, sino el gobernador Gustavo Sáenz y sus predecesores, Romero y Urtubey. Que el 60 de los niños vivan en la pobreza, que haya un 50% de desocupación, la falta de viviendas son consecuencias de quienes han gobernado en favor de los grandes capitalistas y terratenientes, quienes han garantizado el avance del monocultivo de la caña de azúcar y la soja. En las últimas dos semanas, hubo un nuevo incendio en Colonia Santa Rosa y otro se llevó la vida de dos mujeres y sus cinco hijos en la localidad bonaerense de Ensenada. Nuevamente, el mismo cuadro social en que se produjo la tragedia contra Yolanda y sus hijos, aparece brutalmente expuestos.
Desde hace una semana, se ha puesto de pie una campaña de solidaridad con Yolanda y de repudio a las condiciones de vida que explican su tragedia, señalando la responsabilidad del Estado y de la Justicia.
Este martes se presentó ante la Justicia un petitorio de más de 400 firmas pidiendo el sobreseimiento. A las organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, de mujeres, se sumaron figuras de la cultura como Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada, Iván Moschner, Adriana de los Santos, Dora Barranco, Eugenia Cabral, María Negro. También levantaron su voz artistas e intelectuales de Colombia, Brasil, Turquía, Cuba y Chile.
La jornada fue acompañada por una delegación de compañeros del Partido Obrero y el Polo Obrero, que junto a otras organizaciones -FOL Unidad, MST, PTS, Nuevo MAS y La Fuerza de Las Mujeres- nos movilizamos a Ciudad Judicial, para repudiar este nuevo avasallamiento contra Yolanda.
Es necesario ampliar la lucha por el sobreseimiento para Yolanda y Justicia para sus hijos.
Profundicemos la movilización, los pronunciamientos y las acciones para torcerle el brazo al Estado y su Justicia, responsables de los atropellos y la miseria contra nuestras familias.
