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El gobernador Sáenz ha puesto en marcha su propio golpe de Estado económico contra los trabajadores. Intenta ampararse en las medidas que ha tomado el gobierno nacional, que implican una regresión distributiva sin precedente para quienes vivimos de nuestro trabajo.
Sáenz ha dado rienda suelta a la liberación de tarifas. Solo en las naftas el aumento fue del orden del 22%, lo que ya desató una ola de remarcaciones de precios en supermercados y grandes comercios. En el mercado central, denunciaron el aumento de hasta un 600% en verduras y frutas.
Para el mes de enero, se prevé un nuevo tarifazo sobre los servicios, que arrancará con el aumento al gas y la electricidad. Anticipando el levantamiento de los subsidios, ENERGAS ha convocado a audiencia pública para el 8 de enero. En los próximos días harán lo propio las empresas locales. Desde ayer, rige en la capital de la provincia una reducción del servicio de colectivos: las empresas levantaron el servicio nocturno y reclaman un aumento del boleto de los actuales $110 a $509 para el transporte urbano. En el caso del transporte interurbano, el boleto podría rondar arriba de los $1.000.
Se ha conocido ayer que el gobierno prepara un paquete de medidas que incluyen la prórroga del Presupuesto 2023 y de la Emergencia Económica y la Sociosanitaria en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. También se anunciaron una revisión de contratos en moneda extranjera para renegociar a moneda nacional y la suspensión de la asistencia financiera a municipios, de la compra de bienes de uso y de las licitaciones de obra pública y el congelamiento de la pauta publicitaria por el plazo de seis meses.
Sáenz se jacta de haber bajado los índices de pobreza, que sin embargo siguen arriba del 40%. Lo que no ha menguado, en cambio, es la sistemática confiscación a los trabajadores para beneficiar a los grandes capitalistas. Por ejemplo, las mineras del litio cuentan con la “libre disponibilidad del 20 % de las divisas obtenidas en exportaciones”. Recientemente el macrista Martín De Los Ríos, ministro de Producción del gabinete de Sáenz, anunció una línea de crédito de 60 millones de pesos para “apoyar al sector vitivinícola en momento de vendimia”. Los que nunca pierden son los agroexportadores, las mineras y los negociados capitalistas. Sí los trabajadores.
Mientras Sáenz orienta su gobierno al rescate capitalista, las medidas anunciadas se complementan con el congelamiento inmediato de vacantes y contrataciones de personal y la promoción de retiros voluntarios y jubilaciones. Sáenz ha puesto un cepo completo al salario estatal. El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, anticipó que continuarán las discusiones con la intergremial, pero sin ningún aumento a la vista, cuando los trabajadores hemos perdido solamente en esta semana un 50% del poder adquisitivo de nuestros salarios. En el caso de los municipios, se anticipa una escalada de crisis. El presidente del Foro de Intendentes anticipó que no cuentan con los recursos para pagar el aguinaldo, como antes pasó con los aumentos (irrisorios) de salario.
Frente a este escenario, el golpe de Estado económico de Sáenz y los intendentes ha abierto una deliberación entre los trabajadores. Las medidas que han adoptado no son ninguna salida a la crisis. A la necesaria lucha para enfrentar este cuadro de confiscación, tarifazo e inflación, planteamos el aumento del 100% del salario, la inmediata equiparación del salario al costo de la canasta familiar -que ha sido bandera histórica de la docencia salteña- y por el conjunto de nuestras reivindicaciones. Hace falta más que nunca que los trabajadores de la provincia nos constituyamos en un factor político poderoso.
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