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El gobierno libertario sigue a paso firme la puesta en pie de un estado de carácter policial.
En este sentido, a través del decreto 21/2025, el lunes pasado realizó una compra de un sistema antidrones, para equipar la “lucha contra el terrorismo” y velar por la “seguridad nacional”. Se puede leer en el decreto en cuestión que la pertinencia de la adquisición de este sistema de seguridad es para hacer frente a las "distintas amenazas que representan los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), conocidos como 'drones civiles'."
Los sistemas antidrones son un conjunto de equipos y software que permite bloquear o eliminar del espacio aéreo a un dron. Existen dos sistemas antidrones. El tipo pistola, que se trata de una pistola que lanza una señal de radiofrecuencia que inhibe la señal de control del dron, por lo tanto, éste baja a tierra y queda sin fuera de función y puede ser operado a corta distancia. Y el tipo radar, opera a distancias en el orden de kilómetros a la redonda del sitio central, lanzando una señal de radiofrecuencia que bloquea la señal de control del dron no autorizado, haciendo que este baje a tierra en donde haya sido detectado. Por su parte, empresas de origen israelí han desarrollado un sistema anti drones capaz de detectar, interceptar y derribar drones.
Hasta el momento, solo las Fuerzas Aérea Argentina y el Ejército Argentino tenían equipamiento antidrones, lo que representa un reforzamiento de la cartera de Seguridad y de Patricia Bullrich en particular (Defensa.com 17/1). Los mismo son de procedencia israelí y turco, y han sido utilizados en actos oficiales o para flanquear traslados presidenciales. Toda la operación se encuentra bajo Secreto Oficial, por lo cual no se sabe el origen y los términos en los que se realizó la adquisición. De esta manera, Bullrich sigue con su objetivo de reforzar a las fuerzas de seguridad bajo su mando. En julio pasado por medio de la Resolución 710/2024, Bullrich instrumentó la formación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, que habilita a la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura a la utilización de drones sin límites y a patrullar las redes sociales para “identificar grupos delictivos” y “prever disturbios”, es decir, un reforzamiento del espionaje interno.
En el ministerio de Seguridad afirman que los drones civiles, con la capacidad de grabar imágenes y audios, podrían ser usados para "atentar contra la libertad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos, así como contra objetivos estratégicos clave". El DNU 21/2025 señala como amenazas posibles "ataques con drones de naturaleza terrorista, deliverys con drones en el ámbito de distintas Unidades Penitenciarias, el uso de este equipamiento con explosivos a efectos de facilitar fugas de personas alojadas en el ámbito de dichas Unidades.”
Desde el gobierno utilizan dos casos recientes para justificar la compra del sistema anti drones. El primero se produjo en noviembre pasado cuando un dron cayó a metro de la Embajada de Israel. El otro caso se produjo a finales de diciembre pasado, cuando se encontró un dron en una de las terrazas de la Cámara de diputados. Luego se supo que el dron en cuestión era propiedad de diplomáticos rusos, que el mismo día se presentaron con un cochecito de bebé, denunciando la pérdida del aparato (Página 12 14/1).
