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La liberticida Patricia Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad, ha emitido una resolución administrativa por la que se crea la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS). El engendro viene a fumigar libertades democráticas elementales, incluidos unos cuantos derechos constitucionales.
La nueva unidad tiene como misión “la prevención, detección, investigación y persecución del delito y sus conexiones mediante la utilización de la inteligencia artificial”. Entre sus funciones, se le asigna “patrullar las redes sociales”, “analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real” y “utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos”. También “procesar grandes volúmenes de datos” para “crear perfiles de sospechosos” y “patrullar mediante drones áreas extensas”.
Alguien definió esto como “una gran excursión de pesca”, pues pretende formar causas criminales a partir de una pesquisa sin orden de un juez ni contralor. El procedimiento significa, por sobre todo, colocar bajo sospecha al conjunto de la población que utiliza redes o aplicaciones cotidianamente. El "ciberpatrullaje" incluye sitios de Internet, así como la llamada “Internet profunda” o “Dark-Web”, “en orden a la investigación de delitos e identificación de sus autores, así como la detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad, en el marco de la Constitución Nacional y legislación vigente”. La incompatibilidad de la resolución con la Constitución ha sido señalada inmediatamente por numerosos constitucionalistas. Para Andrés Gil Domínguez, especialista en Inteligencia Artificial y profesor de Derecho Constitucional, ciberpatrullar para detectar “conductas de hipotético riesgo”, es inconstitucional (Clarín 30/7). Evaluar el riesgo de que un individuo cometa un delito está expresamente prohibido en las normas de IA de la Unión Europea, cita Página/12 (30/7). A ello se debe añadir que la experiencia indica que la IA aplicada en materia de seguridad -incluso en combate- produce muchos “falsos positivos”. La recolección de “información” entre los usuarios de las redes sociales implica la clasificación de delincuentes ´potenciales´, creando perfiles de “sospechosos” a partir de las opiniones y preferencias de los usuarios de la web. Que una mesa de ´especialistas´ se dedique luego a separar la paja del trigo no cambia nada. Bullrich no aplica el principio de inocencia sino el de sospecha sobre todo el mundo. Es un atropello monumental: a partir de su actividad en la web, aunque la persona no haya cometido ningún delito, su conducta delictiva futura será “predecida” por este sistema informático.
En cuanto al reconocimiento facial en espacios públicos, en muchas ciudades del mundo está prohibido. De hecho, en nuestro país, el sistema de identificación biométrica de prófugos está frenado por un fallo judicial. Uno de los cuestionamientos a su utilización es, sin ir más lejos, el criterio de ´construcción´ de perfiles supuestamente sospechosos, un procedimiento de reminisencias lombrosianas (1). Otra de las funciones que se le atribuyen a la flamante “unidad” es detectar transacciones financieras sospechosas, tarea que se superpone con la función de la Unidad de Investigación Financiera (UIF). De todos modos, si se quieren detectar “transacciones financieras sospechosas”, la lupa debería estar en el circuito que forman el sistema bancario, el negocio inmobiliario y el juego, que es el más recurrido para el lavado de dinero. Otras críticas señalan la vaguedad de la resolución respecto de los instrumentos que se utilizarán. La ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic, advierte sobre la posible utilización del sistema Pegasus, de origen israelí, capaz de invadir dispositivos móviles sin ser detectado.
Pero lo más importante de la resolución tiene que ver con lo siguiente: la nueva “unidad” tendrá a su cargo “analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios”. Fuera de toda la hojarasca y fraseología, el propósito central es utilizar la IA para la detección temprana de protestas –un procedimiento que la política bullrichista comparte con la doctrina de ´seguridad democrática´, presuntamente antitética- basada en la ´prevención´ antes que la represión, por la vía de la infiltración, la delación y el control de "zonas calientes".
En sus fundamentos, Bullrich cita su aplicación en otros países, como Estados Unidos y Francia, donde el "policiamiento" de la sociedad es característico. Pero a la par de las naciones "democráticas", se menciona a China, donde una autocracia capitalista encabeza un gobierno totalitario, bajo el cual es perseguida cualquier opinión opositora o crítica. Los libertarios la fustigan sin razón como una “dictadura comunista”. A Bullrich se le antojó citarlo entre los países “pioneros en la utilización de la Inteligencia Artificial en sus áreas de gobierno y Fuerzas de Seguridad”. Nadie pondría en duda de que la autora del "protocolo antipiquete" sabe de qué habla.
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