Escribe Gaby Jorge
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A días del inicio del juicio contra Yolanda Vargas, quien perdió a sus hijos en el incendio de su casilla en 2021, se ha conocido la denuncia que vuelve a poner en jaque -por elevación- a la investigación parcializada por parte de la justicia local, la cual nunca se centró en determinar las verdaderas razones del incendio.
La denuncia ya no viene solo de los vecinos de Orán, que son víctimas sistemáticas de subas y bajas de tensiones que producen cortocircuitos en el sistema eléctrico o la quema de electrodomésticos, sino que en esta oportunidad procede del presidente de la Cámara de Comercio local: Ariel Zabluok, en uno de los principales medios de la provincia.
Zabluok señaló en la Radio Aries que “lo que está pasando es catastrófico. El sábado a la siesta lo que vivimos fue tremendo. Explotó el medidor por las suba y baja de tensión”. Comenta que fue alertado por un vecino que se estaba incendiando el medidor de su casa y que, al comunicarse con EDESA, la empresa prestataria del servicio de electricidad, le dijeron que era un problema individual. Pero esta situación se produjo en otras viviendas de la ciudad.
Expuso asimismo que “el comisionado del norte, designado por el Ente Regulador de Servicios Públicos, es aparentemente el defensor número uno de la empresa Edesa”. Denunció que las elevadas facturas de luz, que alcanzan los más de $420.000 en hogares, corresponden al mal funcionamiento del servicio, no por el consumo.
Durante los primeros días de enero, señaló que la medición que realizó no superaba los 180 de tensión: “cuando tenés esa tensión, los electrodomésticos como heladeras no arrancan, se apagan y prenden, consumen el doble de energía. Esto hace que las boletas se disparen”. Según desarrolló, la misma condición está planteada en Tartagal.
Se exponen sobre la mesa las condiciones de una verdadera crisis y colapso del sistema energético del norte provincial. Aquel 9 de febrero en que Yolanda perdió a sus hijos se produjo una tormenta eléctrica que, sumada a la suba y baja de tensión, produjo el incendio de su casilla. Sin embargo, no comparecerán en el juicio ni el gobernador Gustavo Sáenz ni el Estado nacional, tampoco lo harán las empresas responsables del vaciamiento y parasitismo en el servicio del traslado, la distribución y la comercialización de electricidad en la provincia.
El Poder Judicial salteño encubre a quienes operan de garantes y encubridores. Por eso, esta nunca fue una línea a seguir por parte de la fiscal Claudia Carreras, quien celosa buscó amañar una causa para buscar una condena individual. Su tarea fue la del ocultamiento y eximición de las empresas prestatarias del servicio energético: Trasnoa y Edesa. El Poder Judicial salteño busca autoabsolverse y absolver de las responsabilidades políticas. Mientras tanto, la causa por la absolución para Yolanda Vargas tiene al Estado como el principal responsable.