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Un reciente fallo de la Cámara de Casación rechazó el pedido de Ángelo Calcaterra y un grupo de empresarios que esgrimieron, en el marco de la causa conocida como “los Cuadernos de Centeno”, que los pagos que habían realizado debían imputarse como “aportes electorales” a las campañas del peronismo y no como coimas para hacerse de licitaciones de obras públicas.
Calcaterra -primo de Mauricio Macri y profuso contratista del Estado-, su colaborador Héctor Javier Sánchez Caballero -ex CEO de IECSA- y los empresarios Armando Loson, Jorge Balán y Hugo Dragonetti habían sido favorecidos por la Sala I de la Cámara de Casación, que falló favorablemente a sus argumentos y derivó el caso al juzgado de Servini de Cubría, de competencia electoral. Otros capitalistas “ensobradores”, como Manuel Santos Uribelarrea, Hugo Eurnekian y Alejandro Ivanissevich, fueron desvinculados de la causa por estas mismas razones por el juez Julián Ercolini. De esta manera, evitaron ser parte de la megacausa y solamente fueron multados por la Justicia Electoral. Otros empresarios, como Paolo Rocca (Techint), fueron sobreseídos con el argumento de "estado de necesidad" (es decir, que pagaron “bajo coacción para evitar un mal mayor”, luego de la nacionalización de Sidor en Venezuela).
Calcaterra recurrirá a la Corte Suprema. El juicio de los “Cuadernos de Centeno” está previsto para noviembre de este año. Los acusados, desde el año 2018, integran una lista con más de un centenar de capitalistas y exfuncionarios del gobierno de CFK, quien también se encuentra imputada y como jefa de lo que se ha denunciado como una “asociación ilícita”, basada en un sistema de sobornos para acceder a contratos de la obra pública. Con ello podría agravarse su condición luego de la condena de Vialidad ratificada por la Corte Suprema, la cual será considerada a su vez como un antecedente para este juicio.
La particularidad de esta causa es que ha involucrado a prácticamente la totalidad de la gran burguesía de argentina: la “patria contratista”, demostrando sus vasos comunicantes con todos los partidos capitalistas. La justicia, sin embargo, los ha tratado de “victimas”, admitiendo que declaren en calidad de “arrepentidos” (imputados-colaboradores). Los “cuadernos” del chofer Oscar Centeno, donde figuran detalles de entregas de dinero que habrían ido para las coimas, “aparecieron” en manos de un periodista de La Nación por medio de un tercero que los fotocopió. Se han desarrollado diversos peritajes a dichos documentos, existiendo dudas sobre quien los escribió, de qué forma, etc. La defensa de CFK ha recurrido la causa alegando, como sucedió con la causa de Vialidad, irregularidades en el proceso.
La situación de los empresarios acusados era, en principio, muy favorable. Ahora la propia Cámara vuelve sobre sus pasos, en un fallo que ratifica que se considerarán a los hechos como posibles delitos penales y no electorales. A Calcaterra y los empresarios todavía les queda la posibilidad de presentar un recurso directo, “en queja”, al máximo tribunal, aunque con menos chances de que prospere. En todo caso, les servirá para ganar tiempo. Para CFK, el hecho supone que esta causa puede avanzar para empeorar aún más su situación condenatoria y, por lo tanto, su proscripción política.
Milei y su gabinete mantienen un fuerte silencio con respecto al desarrollo de este juicio, que involucra a la clase social que presentan como los “benefactores sociales” y está siendo fuertemente favorecida por el liberticida. En abril de este año, mediante un decreto Milei desvinculó de la querella a la Unidad de Información Financiera (UIF) en más de 200 causas, entre ellas la de los "Cuadernos", en el marco de las negociaciones entabladas con el kirchnerismo para la integración de nuevos miembros en la Corte Suprema. La UIF había apelado precisamente el primer fallo de Casación que favoreció a Calcaterra y compañía.
El juicio tiene previsto convocar a más de 600 testigos y durar varios años. Será un juicio oral y público trasmitido por YouTube, con lo cual su impacto se podrá hacer sentir, aunque una vez concluidas las elecciones legislativas de este año. Esta “megacausa”, sin embargo, no se trata de una investigación seria e “independiente” sobre las corruptelas que involucran a la clase social que dirige este país, sino de otra carta inyectada en los tribunales para condicionar el proceso político y a los propios bloques políticos patronales.
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