Cuadernos: siguen las maniobras judiciales para asegurar la impunidad a las patronales

Un escandaloso fallo de la Cámara Federal de Casación Penal en junio había dictaminado que Ángelo Calcaterra, empresario de la construcción y primo de Mauricio Macri, debía ser excluido de la causa de corrupción de los “cuadernos de Centeno”. Según los camaristas, Calcaterra no pagó sobornos a funcionarios para beneficiarse, sino que entregó “aportes electorales” consistentes en miles de dólares para el kirchnerismo y admitió hacerlo al menos dieciséis veces en el garaje subterráneo del Hotel Hilton. Esta derivación significó que la Justicia Federal Electoral es ahora la encargada de determinar si el aporte fue blanqueado o no, lo cual tiene como pena una simple multa, aunque lo más probable es que la infracción sea además declarada prescripta por el paso del tiempo. El tribunal electoral, sin embargo, ha anticipado que, por el momento, no puede encontrar evidencia alguna de que Calcaterra haya hecho estos aportes electorales efectivamente. Los recibos de los aportes electorales no aparecen –o alguien se olvidó de confeccionarlos-.

Los “cuadernos de Centeno” fueron la versión criolla del “Odebrecht brasileño”, un operativo del imperialismo para desplazar del monopolio de la obra pública a los pulpos empresariales nacionales y ganar espacio para sus propias empresas, recurriendo a carpetazos y golpes judiciales. Aun así, se transformó en la mayor causa de corrupción de la historia del país. Es una megacausa, que conecta con varias causas conexas; tiene más de un centenar de imputados, la mayoría de ellos empresarios acusados de coimear a funcionarios kirchneristas durante el período 2003-2015; a CFK se le imputa haber liderado una “asociación ilícita”.

Conocida esta resolución, el fiscal Raúl Pleé pidió anular sus efectos y solicitar la intervención de la Corte Suprema. Desde ese entonces, la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Carlos Mahiques- ha dilatado emitir una respuesta a este pedido. Sus integrantes, sin embargo, han aprovechado para viajar por el exterior, reunirse con el Papa y hasta presenciar la Copa América. Si los honorables jueces no coordinan una reunión, no pueden dictar sentencia. Recién ahora la Cámara convocó a una audiencia para resolver el pedido de nulidad, que se realizará el próximo 15 de octubre. Allí escucharán el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa de los cuadernos. Llamativamente, los jueces no habían convocado a este organismo antes del fallo que benefició a Calcaterra y abrió la puerta para que el conjunto de las patronales involucradas pidan el mismo tratamiento; incluso algunos de ellos lo lograron con éxito. Mahiques es un juez de aceitados vínculos con el macrismo y uno de los asistentes al “retiro espiritual” en la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido junto con Mauricio Macri, Marcelo D´Alessandro y el juez federal Julian Ercolini, entre otros.

Todo esto demorará, por supuesto, un considerable plazo de tiempo que seguirá enfriando la causa. Si la Cámara Federal de Casación ratifica su fallo, el único camino que queda es presentar el reclamo de nulidad ante la Corte Suprema, la cual está siendo objeto de un contubernio entre libertarios y kirchneristas para establecer su nueva composición. El macrismo no es ajeno y quiere quedarse con el Procurador General y participar del nombramiento de un centenar de jueces federales. El destino de esta megacausa de corrupción, sin dudas, está condicionada por esta negociación. La impunidad de la corrupción patronal ya ha sido rápidamente rubricada por el gobierno “anticasta” de Milei, cuyo propósito es “llenarles los bolsillos” a estos coimeros.