La condena a Cristina Kirchner ha entrado a la mesa de negociaciones

El Tribunal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión en diciembre pasado presentó ayer los “fundamentos” de la decisión. Las 1.600 páginas del texto no agregan ni quitan nada a lo que ya habían planteado los fiscales en la acusación. Las evidencias que estos presentaron para calificar los presuntos delitos de la ex presidenta como un caso de “asociación ilícita” fueron degradados por el Tribunal a la sola “defraudación contra el Estado”. Es un paso atrás ficticio que responde a la necesidad de no involucrar jurídicamente a todo el Estado en la comisión de delitos de defraudación.

La Nación tituló que “La Justicia determinó que Cristina benefició a Báez para lograr un rédito económico”. El lenguaje es clarificador, porque “determinar” no es lo mismo que “dar por probado”. En el artículo, sin embargo, la semántica cambia: “(El Tribunal) dio por probado que ambos tenían negocios juntos, propiedades, alquileres y que se daba una transferencia de dinero entre el patrimonio de Báez, abultado merced a la obra pública, y el de la familia presidencial. Tanto creció la fortuna de Báez que pasó de declarar en 2002, unos 33.328 dólares, a declarar en 2014, un total de 16.065.176 de dólares. Es decir un 4.720 % más”. Lo que se “dio por probado” no es entonces una defraudación al Estado por parte de Cristina Kirchner sino de Lázaro Báez. Báez, a su turno, habría usado el dinero de la defraudación para hacer negocios con la vicepresidenta y beneficiarla económicamente. Los decretos que firmó CFK para reforzar, por ejemplo, el presupuesto de gastos de Vialidad, no alcanzan para constituir un delito. La imputación contra CFK se arma a partir de una deducción o inferencia acerca de esta relación, que el Tribunal califica como “promiscua”, entre la vicepresidenta y Báez. Para numerosos juristas, el método de la inferencia o deducción es absolutamente válido si se apoya en elementos sólidos. Para la defensa de CFK y muchos otros juristas, la inferencia constituye una manipulación de los veredictos.

Lo dicho hasta aquí se aplica también a la acusación de “cartelización” de la obra pública en Santa Cruz. Esa cartelización es incuestionable; Báez se valió del gobierno provincial de Néstor Kirchner para apretar a sus antecesores en el negocio a vender compañías o retirarse. Los Cuadernos de Centeno, sin embargo, ofrecen numerosos ejemplos de cartelización de obra pública en todo el país sin intervención del estado o con una intervención secundaria. La cartelización de la obra pública ha dado origen a la expresión la Patria Contratista. Tuvo un notable ascenso bajo la dictadura militar y luego bajo el menemismo. Las cámaras empresarias tienen, precisamente, una función cartelizadora, en especial en la Construcción, hasta que los desacuerdos producen una ruptura. Aunque se puede desprender que CFK ha favorecido esa cartelización, como lo ha hecho siempre su marido, el Tribunal no pudo probarlo con documentación material. En estas condiciones, la separación de lo judicial de lo político se convierte en un asunto político. En estos mismos momentos, los juzgados han desechado convocar a jueces, fiscales y ministros que aparecen comprometidos en un complot político-judicial contra el gobierno, con el argumento de que la publicidad de los ‘chats’ telefónicos que servirían como fuerte elemento de prueba es ilegal. Los fiscales de Vialidad y uno de los jueces del Tribunal, Giménez Uriburu, son participantes frecuentes de jornadas de fútbol en una propiedad del ex presidente Macri, un adversario político manifiesto de la ex presidenta. Se podría inferir de aquí la falta de ecuanimidad del Tribunal del caso Vialidad para juzgarla. La recusación contra este trío judicial fue rechazada. Esto confiere un manto de sospecha a la denuncia del Tribunal de que “Aun sin amistad ni sociedad formal, el lucro que obtenía Fernández de Kirchner gracias a Báez resulta más que suficiente para explicar el montaje de semejante operación defraudatoria”. Pero el mismo Tribunal ha desechado que haya habido una asociación para delinquir detrás de la ausencia de “una sociedad formal”.

La escala del enriquecimiento de Báez ha sido sencillamente gigantesca. El Tribunal, sin embargo, sólo se ha detenido en el pago de alquileres de parte de Báez por la utilización de los hoteles de los Kirchner. Un juez de Casación, Mariano Borinsky, que pertenece al círculo íntimo de Macri, acaba de desvincular la defraudación de Vialidad del lavado de dinero por parte de Báez, lo que deja sin explicación esas operaciones de lavado y, por, sobre todo, de que no procedería de Vialidad, donde se encuentra procesada Cristina Kirchner. La defensa de la ex presidenta va a utilizar esta contradicción en la apelación que hará contra la condena. Las malas lenguas aseguran que Borinsky actuó de ese modo para evitar su recusación cuando la causa de Vialidad llegue a Casación – donde se le podría imputar haber comprometido una posición antes del proceso.

Con Báez o sin Báez, los investigadores del estado han llegado a determinar la existencia de numerosas propiedades a nombre del fallecido Daniel Muñoz, que fuera secretario de Néstor Kirchner, en Estados Unidos. A Báez se le detectaron cuentas en Suiza. Todavía se ignora el destino de los fondos entregados a Néstor Kirchner, por la participación accionaria de Santa Cruz en el capital de YPF; se trataría de más de mil millones de dólares. La privatización del banco de esa provincia, en beneficio de la familia Eskenazi, amiga de los K, en 1992, comportó la absorción de las pérdidas que registraba la entidad por parte del estado. Este expediente monumental de corrupción es dejado de lado por las huestes kirchneristas que cuestionan la reputación de fiscales y jueces, la letra chica y los fundamentos de la condena en el caso Vialidad.

Con esta caracterización de conjunto de la corrupción kirchnerista, el fallo de Vialidad es también, en forma incuestionable, una operación para apartar a Cristina Kirchner de la disputa política. O sea que cabe esperar cambios en la sentencia de acuerdo a cómo evolucione la crisis política. La misma CFK ha tomado conciencia de que, en el estado actual de la crisis social, económica y política, ella es inadecuada para ofrecer una salida al régimen político, como lo intentó, en forma precaria, en 2019. Su postulación política precipitaría una corrida cambiaria y el default; el embajador norteamericano en Buenos Aires y la jefa del Comando Sur del Pentágono le han reclamado que contribuya a zanjar la ‘grieta’, no a cavarla más con una candidatura. Si se reúnen las condiciones políticas convenientes, el Poder Judicial podría terminar exonerando a CFK, como ya lo hecho el Tribunal con Julio de Vido, al cual absolvió con el argumento de que el ministerio de Obras Públicas no intervino en el asunto Vialidad. De Vido ha sido funcionario de los Kirchner desde que Néstor ganara la Intendencia de Río Gallegos. Conoce de todo esto mucho más que toda la Justicia junta.

Es legítimo trazar un paralelo o analogía entre las desventuras de CFK y las sufridas por Lula. Bajo el gobierno de Lula tuvo lugar el mayor fenómeno de corrupción, probablemente, de todos los tiempos, en Brasil. El caso Odebrecht involucró a la estatal Petrobras, por las coimas para los contratos de construcción en los yacimientos del pre-sal, y a la Cancillería, que promovió la expansión de Odebrecht en Cuba, Venezuela, El Salvador, Perú y Argentina. Nada que Lula pudiera ignorar, como lo admite ahora cuando denuncia que los servicios de inteligencia de Brasil no podían ignorar el asalto bolsonarista a Brasilia el 8 de enero pasado. En el affaire “mensalao”, la coima a legisladores de la oposición para que votaran proyectos de leyes del gobierno, se involucró y fue condenado Jose Dirceu, la mano derecha imprescindible de Lula. También Antonio Palocci, un ex trotskista, ganado por el bolsillo al neoliberalismo. El juez Sergio Moro, sin embargo, no le pudo probar a Lula ningún delito personal. Aun así fue condenado a doce años de prisión por inferencia de todo lo ocurrido bajo su gobierno. Las FFAA habían montado un golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, acompañado del veto político a Lula. Lula quedó proscripto cuando el Tribunal Superior Federal no admitió que pudiera apelar su condena en una tercera y final instancia, debido a una ley ‘anticorrupción’ del propio Lula (“ficha limpia”), que prohibía asumir cargos públicos a quien fuera condenado por corrupción en dos instancias. Con el paso del tiempo se comprobó que el juez Moro integraba una banda conspirativa para condenar a Lula, con independencia de las pruebas que no se habían podido reunir contra él personalmente. Al final, el mismo Tribunal Superior le devolvió sus capacidades políticas, para poder enfrentar a Bolsonaro, que se había convertido en una amenaza para el régimen político brasileño. No lo absolvió de nada – dictaminó, simplemente, que Lula había sido juzgado en una jurisdicción irregular, Curitiba, cuando debía haberse tramitado en Sao Paulo. La carpeta judicial contra Lula no fue cerrada. La de Cristina Kirchner seguirá por estos vaivenes.

Conclusión. Un poder judicial comprobadamente corrupto ha reunido los elementos para condenar a Cristina Kirchner por razones eminentemente políticas, ajenas a la realidad de la corrupción kirchnerista. Esta misma corrupción tiene vinculación con todo el espectro capitalista, como lo advierten los Cuadernos y los acuerdos con Chevron y Repsol en 2014. El macrismo, mientras tanto, opera en la impunidad. Lo demuestra el desfalco del Correo; la prescripción de causas contra Cavallo y Sturzenegger por el ‘blindaje’ y el ‘megacanje’ de De la Rua; o el acuerdo con el FMI, cuyo único propósito fue ofrecer una salida a los fondos internacionales que habían entrado a Argentina entre 2016 y 2017. El manejo de las reservas de divisas en 2018/9 tuvo todas las características del negociado. Álvarez Agis, ex subsecretario de Kicillof en Economía, acaba de revelar que Macri y los Fernández se complotaron para determinar la devaluación del peso en la transición entre las Paso y las generales de 2019.

Quienes en la izquierda denuncian la condena contra Cristina Kirchner como un cercenamiento de derechos políticos, dejan de lado el desfalco producido por esta corriente al patrimonio público en beneficio de sí mismos y de los capitales vinculados. Quienes, también en la izquierda, saludan la condena, como un caso de justicia ética, ocultan a sabiendas la operación política para relegar a CFK a un rol secundario o auxiliar en la campaña electoral, como ella misma ha decidido hacerlo. La corrupción y los derechos políticos serán negociados o arreglados en instancias ‘superiores’, no sólo judiciales ni nacionales. Estas dos posiciones ‘izquierdistas’ operan como correas de transmisión de las fracciones patronales que se enfrentan en el escenario político. En realidad, a lo que asistimos es a una virulenta descomposición del régimen político y a un enfrentamiento entre sus fracciones políticas en una situación límite – sin desconocer los vasos comunicantes entre ellas, como lo son la embajada norteamericana y el FMI. Los trabajadores necesitan una visión política de conjunto, no enredarse en disputas distraccionistas, y por lo tanto reaccionarias, de los agentes políticos de las patronales.