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El default parcial del viernes pasado establece un antes y un después para la coalición política que asumió en diciembre pasado. Los fondos internacionales mandaron al canasto la propuesta pretendidamente “inteligente” y “digna” elaborada por el Columbia Boy Martín Guzmán, y que recibiera el beneplácito de un arco político que va desde Stiglitz y Jeffrey Sachs hasta el feminismo kirchnerista del país. Hay que decir, en cualquier caso, que todos estos apoyos apuntaron a avalar el siguiente paso del gobierno. En efecto: Guzmán acaba de anunciar que intentará acomodar su “oferta” a las exigencias de los bonistas, en un intento por evitar el default definitivo. La deuda “insostenible” se volverá milagrosamente sostenible, a costa de una sangría enorme. El viernes 22 no sólo le abrió las puertas a una cesación de pagos, sino también a un default político.
La “contraoferta”
Mientras el gobierno anunciaba que flexibilizará su oferta, uno de los grupos de acreedores, el que agrupa a los bonistas del canje 2005, ratificaba -se plantaba- en la contraoferta formulada hace quince días atrás. Algo parecido anunciaba otro de los grupos, el que lidera el gigante Blackrock. ¿En qué consisten esas contraofertas? Todas apuntan a reducir o incluso eliminar cualquier quita al capital adeudado; duplicar los intereses a pagar por el estado argentino, y también a capitalizar los intereses impagos durante los años de gracia que sí sufrirán una poda, porque, adicionalmente, plantean una reducción de ese período sin pagos, y, nuevamente, un cupón “atado al (crecimiento del) PBI”. En este caso, los usureros quieren beneficiarse de un artificio estadístico: como la pandemia derrumbará a la economía de 2020 en torno de un 10%, cualquier rebote de los años siguientes hará aparecer a la Argentina creciendo a “tasas chinas”… aun cuando la industria se encuentre hoy en los niveles que tenía en 2004. De ese modo, un país exhausto y en retroceso debería juntar sus pocos recursos para pagar ese ´cupón´.
Todos los puntos de la “contraoferta” tienen un denominador común: condicionan decididamente la política económica del gobierno FF en su actual mandato. El rechazo a la “oferta Guzmán”, por lo tanto, es el hundimiento de la tentativa “gobierne ahora, pague después”, a través de la cual el FdT aspiraba a pilotear las monumentales contradicciones de un país hundido en la bancarrota financiera e industrial, un 40% de pobreza y un 20% de desempleo real. Por el contrario, la capitalización de intereses, el desembolso adelantado de pagos y el cupón ´atado al crecimiento´ convertirían al gobierno FF en una agencia recaudadora de los comités de bonistas. La contraoferta pretende resolver el dilema que implica, para los bonistas, cerrar un acuerdo sin que Argentina haya hecho lo propio con el FMI. Es simple: incorpora las futuras exigencias fondomonetaristas a las condiciones de pago de sus acreencias. El editor económico de Clarín no duda en señalar que los bonistas esperan “un plan económico consistente y creíble” (23/5) como parte de un eventual acuerdo. A la cabeza de sus “preocupaciones”, se encuentra la cuestión previsional. Blackrock es el actual líder global de los fondos de retiro privados, que sobrevuelan sobre la ruina de los sistemas jubilatorios en el mundo entero.
Crisis política
Pero la reestructuración de deuda se topa con otro obstáculo inmediato El viernes negro coincidió con un nuevo salto en el número de infectados. La extensión de la cuarentena prolonga también el costoso operativo de rescate al capital, entre subsidios para pagar salarios y créditos baratos fondeados con fondos públicos. Muy atrás en la fila de ese gasto, se encuentran la atención sanitaria y una asistencia social que, de todos modos, es bancada con fondos del Anses. El gobierno, además, ha prolongado el congelamiento tarifario, el cual acompaña, para no incomodar a las petroleras, con un barril fantásticamente subsidiado. Todo este derrotero choca de frente con el acuerdo con los bonistas. La frazada es demasiado corta para añadirle el ajuste fiscal que plantearía ese acuerdo, y eso que todavía no llegaron las exigencias del FMI para otorgarle al país las “facilidades extendidas”. Consideradas de conjunto, este cúmulo de contradicciones debe conducir a una crisis en la coalición que reúne a kirchneristas, pejotistas y antiguos socios políticos de Macri. Pero también en este punto, el compás lo marcan los bonistas, que este viernes salieron a exigirle al gobierno FF una “negociación creíble”. Se trata de una letal descalificación a Guzmán, que podría terminar capotando junto a la oferta que pergeñó. Los acreedores exigen la intervención directa de Alberto Fernández en un eventual acuerdo, mientras siguen discutiendo con los enviados de Massa. La nueva ronda de negociaciones podría estar acompañada de una crisis de gabinete, pero su desenlace podría augurar una crisis todavía mayor. El gobierno se debate entre un default que no ha preparado ni remotamente, y un acuerdo de deuda que conducirá a una guerra de clases sociales y a una rebelión popular.
La política de la clase obrera
La cuarentena comenzó con una clase obrera levantando reclamos vinculados a los protocolos sanitarios, la estabilidad laboral, la situación de los hospitales. Todas estas cuestiones están vigentes, pero es evidente que la marcha de la crisis nacional enlaza esos reclamos a una salida y a una lucha de conjunto. La lucha contra las suspensiones, los descuentos salariales, los despidos y las cuestiones sanitarias han involucrado a la clase obrera de las grandes fábricas. En los lugares donde la cuarentena es menos rígida, como Chubut y provincias del Norte, las movilizaciones obreras están a la orden del día, en abierta desobediencia a la burocracia. Es necesario dirigirnos a esta vanguardia que lucha para poner de manifiesto el alcance de la crisis nacional. Las luchas elementales por la salud, la vida el derecho al trabajo obligan a la clase obrera a intervenir con un planteo de conjunto, porque todas las clases sociales lo están haciendo. Al imposible rescate del capital, el de adentro y el de “afuera”, le oponemos el rescate de los trabajadores: paritarias libres, pago del 100% de los salarios, control obrero general, repudio de la deuda usuraria. Centralización de la gran industria y la banca bajo un plan único votado en un congreso de trabajadores, que resuelva una reconversión general orientada a asegurar las necesidades sanitarias, alimentarias y de infraestructura más urgentes. Abramos un debate y una campaña política en el movimiento obrero por este programa.
