Escribe Antonio Juárez
Los vecinos de Villa Inflamable denuncian que la situación es cotidiana.
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La mañana del 6 de febrero inundó las redes sociales con diversos videos y testimonios de vecinos de Sarandí y, particularmente, del barrio Villa Inflamable, que mostraban al arroyo de dicha ciudad teñido completamente de rojo. El arroyo Sarandí tiene la mayor parte de su recorrido entubado y sólo queda al aire libre en las cercanías al barrio -con las consecuencias sanitarias que esto conlleva- y comparte recorrido con los municipios de Lomas de Zamora y Lanús. A lo largo de este trayecto se encuentran una gran cantidad de industrias, principalmente textiles y curtiembres, que hace décadas han adoptado como norma arrojar sus desechos sin tratamiento alguno al arroyo. Los impactos ambientales son evidentes y los vecinos denuncian que la situación es cotidiana. En las cercanías del arroyo se encuentra la planta potabilizadora General Belgrano, responsable de asegurar agua potable al sur de la Ciudad de Buenos Aires y a casi la totalidad de los municipios de la zona sur.
Apenas cobrado el estado público de la cuestión, diversas brigadas municipales y del Ministerio de Ambiente provincial se hicieron presentes. La primera información dada a la prensa fue “inicialmente no parece tóxico”. Esta afirmación rápidamente quedó fuera de lugar: la presencia de anilina -un colorante para ropa- demostró que era tóxico. Al mismo tiempo los vecinos denunciaban un olor moribundo y efectos de picazón en la garganta y ojos. “Soy vecina de toda la vida de acá. Hoy tenemos así, el agua roja. Ha estado gris, ha estado verde, ha estado color medio violeta, azulada, cuando está podrida el agua, con grasa. También, bien marrón, de todo tipo aceite parece arriba. Yo he hablado hace un rato con la gente del municipio y me decían que creen que es más arriba”, dijo a La Nación María Ducomls, de 52 años.
María, denunció la presencia de una fábrica que se encarga del tratamiento de desechos peligrosos en la zona, implicada en la causa Mendoza - un caso judicial de contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. La misma no cumpliría con los protocolos necesarios y aportaría una importante responsabilidad a la contaminación de la zona. “Yo veo el camión cisterna que viene a la empresa y pasa esto cada vez que el camión viene a la empresa. Capaz que puede ser de más allá, pero el camión ¿dónde lleva estos líquidos a tratar a veces en menos de una hora, a veces un poquito más? ¿Quién controla?”, expresó.
La denuncia contra las autoridades municipales y provinciales estuvo presente en los testimonios de los vecinos. Unas horas antes, el municipio de Avellaneda aseguró que como el desecho vertido no se pudo comprobar su procedencia, toda la responsabilidad pasaba al organismo provincial que debía realizar los controles. Sin embargo, estos controles deberían partir, en primer lugar, del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Producción e Industria, encargados de regular la situación al interior de las plantas y establecimientos de trabajo. Lo mismo vale para los entes municipales que abordan la cuestión. La burocracia sindical ha abandonado -sin empezar jamás una lucha- la conformación de comités de seguridad e higiene en las plantas para ejercer un control sobre las ilegalidades que cometen las patronales con el tratamiento de desechos.
La contaminación que sufren los vecinos de Villa Inflamable ha sido demostrada en sede judicial, la enorme cantidad de testimonios que incluyen a vecinos con problemáticas de salud derivadas de su exposición a diversas sustancias tóxicas ha suscitado la realización de diversos estudios y hasta de documentales de la National Geographic. Mientras tanto, las autoridades, denuncia María, “(...) vienen y dicen que no encontraron nada, que está todo bien, y no pasa nada.(...)Si van a ocupar un sillón y no se van a hacer cargo, que den un paso al costado. Porque están haciendo daño a los vecinos, al medio ambiente y a todos los animales, el agua, mirá lo que es”, concluye en su denuncia.
La investigación sobre este aberrante caso, dada las contundentes denuncias de los vecinos de la zona, no puede quedar en manos del gobierno municipal ni provincial que han hecho, a partir de la complicidad con las patronales, un daño inestimable al ambiente y los habitantes de la zona. Por una investigación independiente conformada por una comisión de vecinos y representantes obreros de todas las fábricas que arrojan sus desechos al arroyo Sarandí a lo largo de todo su trayecto. Por comisiones de seguridad e higiene para frenar la destrucción de la salud y el ambiente que promueven las patronales en función de sus ganancias.