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A finales del 2024 la Corte Suprema de Justicia, a través de un fallo rubricado por Rosatti, Lorenzetti y el ya jubilado Maqueda, traspasaron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires la revisión de sentencias de la Justicia Nacional. Los cortesanos tomaron como base la causa que los familiares del artista plástico León Ferrari mantiene con Levinas, reforzando la autonomía de judicial porteña, “otorgando al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad la facultad de resolver recursos extraordinarios en causas tramitadas por la Justicia nacional.” (Quorum10/02/2025)
La reforma constitucional de 1994 le concedió a la ciudad de Buenos Aires autonomía en su régimen de gobierno, la cual se vio cercenada por la Ley Cafiero (Ley 24.588) de 1995 que legisla sobre “la relación entre la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), fijando los límites y alcances de las competencias locales y nacionales dentro de su territorio” (Ídem). La ley en cuestión plantea que, más allá de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, los fueros de la justicia penal ordinaria, el civil y el comercial, permanecerían bajo la jurisdicción nacional, hasta que se completara la transferencia de competencias. Un ejemplo de esto fue la creación de la Policía de la Ciudad en 2016 y la “ampliación del sistema judicial local.” (Ídem)
El fallo en el caso “Levinas” por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en diciembre pasado, sentó precedente para que “el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) será competente para resolver los recursos extraordinarios presentados en procesos que tramitan ante la justicia nacional ordinaria en la Ciudad.” De esta manera “las decisiones de las Cámaras de Apelaciones de la Nación en causas no penales ya no podrán ser recurridas directamente ante la CSJN.” (Ídem) Así, los litigantes deberán acudir al TSJ porteño y sólo, luego de que el TSJ emita su fallo, podrá interponerse el recurso extraordinario federal ante la Corte. Rosatti, Lorenzentti y Maqueda, justificaron el fallo en el caso “Levinas”, amparándose en que la reforma constitucional de 1994 le dio a la ciudad de Buenos Aires una situación de autonomía equiparables al de las provincias. Por su parte el juez Rosenkratz votó en contra, entendiendo que “los jueces nacionales con competencia ordinaria en CABA forman parte del Poder Judicial de la Nación. Según su criterio, la Corte no tiene facultades para modificar el esquema de competencias establecido por ley ni para asignar funciones propias de un tribunal nacional a uno local.” Rosenkratz, en su momento, ha señalado que el fallo de la Corte “representa un rediseño institucional” y convierte al TSJ porteño en un tribunal nacional, lo que está por fuer a en el ordenamiento constitucional.
La Causa Correo Argentino y el enroque del macrismo
La resolución de caso Ferrari–Levinas le habilita una fuga hacia adelante a Macri en la causa Correo Argentino, por la que debería pagar una deuda millonaria que mantiene desde 2001 con el Estado argentino. La CSJN le concede una ofrenda a Macri, ya que el fallo habilita a que el expediente por la causa Correo, que se tramita actualmente en el fuero comercial nacional, sea investigada por el TSJ, donde el macrismo hace sentir su influencia. La causa está caratulada como SOCMA AMERICANA S.A., empresa matriz del grupo Macri, que tenía bajo su égida al Correo Argentino y es la que debe hacerse cargo de la quiebra en el caso de que quede firme la resolución. Dos décadas después de que se dé inicio al expediente (2001), la jueza Marta Cirulli realizó la declaración de quiebra que, por apelación, fue suspendida. En 2017, cuando Macri era presidente, la fiscal Gabriela Boquin presentó en la Cámara Comercial las pruebas del entramado con el Estado para licuarle el 98,87 por ciento de la deuda. (Página 12 27/12/2024) La familia Macri, además de no tener intenciones de pagar la millonaria deuda, quiere sacarse de encima las irregularidades que se dieron en el concurso de acreedores, denunciado por la fiscal Boquin, que expuso los mecanismos de vaciamiento que se ejercieron en el Correo Argentino. “Son aspectos determinantes en cuanto a las consecuencias económicas para la extensión de la quiebra a SOCMA. Pero, además, el grupo empresario aspira en otro fuero, si sale ganador, conseguir alguna clase de resarcimiento por la expropiación de la empresa.” (Ídem)
Macri en el TSJ de CABA juega de local. La pléyade por la que está compuesto el tribunal responde en casi su totalidad al macrismo. El TSJ está integrado por Inés Weinberg, candidata de Macri a la Procuración General, Vivian De Langhe, que se desempeñó como directora del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, Santiago Otamendi, ex viceministro durante la gestión de Garavano y al staff lo completan el juez Luis Lozano, afín al macrismo, y la jueza Alicia Ruiz, la única no alineada.
Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia se erige como árbitro de la crisis de régimen. Una caída en desgracia en términos económicos del Grupo Macri, se traduciría en un desplome político del ya resquebrajado macrismo, que está siendo torpedeado por Milei en todas sus líneas.
