Congreso FUA: de espaldas a los estudiantes y en apoyo del gobierno privatista

El viernes 21 de febrero se llevará a cabo el 32º congreso ordinario de la Federación Universitaria Argentina (FUA) en la Facultad de Odontología de la UBA. Delegados de todas las universidades nacionales del país se reunirán para renovar la actual conducción de la federación, la cual se encuentra en funciones desde el congreso anterior, realizado a fines de 2022. Un trámite exprés del radicalismo, aliado del Gobierno y enemigo de la rebelión educativa.

En 2022 el congreso reunió a menos de 500 delegados. Franja Morada/Nuevo Espacio (UCR) retuvo la presidencia de la federación con 322 votos. En ese momento hubo denuncias de robo de delegados por parte de sectores de la oposición.

El congreso de la FUA ocurre en medio de los cursos de verano y a un mes del inicio del primer cuatrimestre, cuando el grueso del estudiantado regresa a las aulas. No ha sido antecedido por ninguna instancia de deliberación interna en las facultades, a pesar de que las autoridades de varias universidades han avanzado durante el verano con el recorte de becas de estudio ya asignadas, como ocurre en la UBA.

La convocatoria al congreso se realizó de manera exprés y durante los meses de menor actividad académica del año. Sólo hace un par de días se hizo pública la fecha y lugar del mismo. El Congreso es cerrado, solo para delegados. La FUA hace años se ha convertido en un cascarón vacío.

La actual conducción de la FUA estuvo en funciones durante la rebelión educativa del año pasado. Esta adquirió, con el pasar de los meses, un carácter político cada vez más decidido contra el Gobierno. No solamente desenvolvió a la movilización callejera y la ocupación de las universidades como método de lucha contra el Gobierno, sino que puso de manifiesto el rol colaborador del régimen político de pj/kirchneristas, radicales y macristas con Milei en torno a la convalidación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario. También el rol de las propias autoridades universitarias nucleadas en torno al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las cuales rápidamente entregaron el salario docente y las condiciones de cursada a cambio del control sobre las cajas chicas que regentan en sus respectivas facultades, financiadas a través de cursos y posgrados arancelados, que en varios casos ascienden al 80 % de los fondos anuales de los que disponen las universidades nacionales.

Esa tendencia a la radicalización de la movilización callejera no quedó confinada al ciclo lectivo del año pasado, sino que apareció nuevamente en la multitudinaria jornada del 1° de febrero, donde la juventud universitaria tuvo una participación destacada. Al igual que en el caso de la rebelión educativa, la convocatoria a la movilización surgió de la iniciativa del activismo, el cual marcó un rumbo de confrontación directa contra el Gobierno. En estas condiciones se desenvolverá, en pocas semanas, el inicio del primer cuatrimestre.

La política dilatoria que ha impulsado la FUA y las federaciones regionales durante el año pasado ha buscado darle oxígeno a un gobierno comprometido con el remate de la educación pública y ha encubierto la política privatista de los rectores. Durante el año pasado ha funcionado como una correa de transmisión de estos últimos dentro de los centros de estudiantes, principalmente con el objetivo de desactivar las tomas que se desarrollaban en todo el país. Bajo esta orientación ha pasado revista tanto la conducción radical de la federación como la oposición peronista, que actualmente posee la secretaría general del organismo al haber sido la segunda lista con más votos en 2022. Todos juntos son la expresión estudiantil del régimen político que sostiene a Milei desde el Congreso.

En esta sintonía han defendido la tesis, acuñada por el CIN, de que el conflicto universitario se trataba meramente de un “reclamo educativo” en defensa de la universidad como “garante del ascenso social”. En un contexto en el que lo único que asciende entre la juventud es la miseria y se profundiza cada vez más la deserción en todos los niveles educativos, la política de la FUA constituye una apología de un régimen social de pobreza, desocupación y destrucción de la educación pública.

Han defendido, también, la proliferación a las apuradas y a fin del año pasado de tecnicaturas aranceladas y títulos intermedios; esto, por ejemplo, ocurrió en universidades nacionales como la UNA y la UBA. En paralelo a este proceso ocurre la prórroga del presupuesto nacional 2025, lo cual anticipa la intención del gobierno de ir a fondo con el proceso de liquidación de la educación llevado adelante el año pasado. El crecimiento de estos cursos arancelados, en un escenario de miseria social y deserción crecientes, ha sido festejado por la conducción de la FUA en reiteradas oportunidades -incluso en las vísperas de este congreso- como parte de un proceso de “adecuación de la educación a la situación actual del mercado”.

La rebelión universitaria ha recorrido un camino durante el 2024: es el de la autoconvocatoria, la ocupación de las facultades, la huelga docente y la movilización callejera. Este método ha chocado directamente con el camino adoptado por las camarillas que gobiernan la universidad y sus personeros estudiantiles: la profundización de una orientación privatista que permita acomodarse a la motosierra libertaria.

Debemos impulsar asambleas y autoconvocatorias en todas las facultades, para que esta orientación de lucha por la educación se abra paso desde el primer día del primer cuatrimestre y confluya en una movilización política de conjunto contra el gobierno nacional y las camarillas que gestionan la miseria educativa. Esta tarea, sin lugar a dudas, no estará a cargo de los partidos patronales que dirigen las federaciones estudiantiles, los cuales buscarán evitar un choque en las calles en vísperas de las elecciones legislativas y en defensa de sus acuerdos políticos con el gobierno nacional. Su apelación al Congreso como el actor que gestione una salida favorable a esta crisis ha sido parte de una estafa política para desmovilizar al estudiantado y la docencia. La tarea está en manos de las camadas de activistas que se han fogueado al calor de la lucha del último año.