Escribe Olga Cristóbal
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Un juez federal de Nueva York bloqueó “cualquier intento” del gobierno de Trump de deportar al estudiante palestino Mahmoud Khalil, uno de los dirigentes de la rebelión estudiantil en la Universidad de Columbia. Khalil es uno de los investigados por un nuevo comité universitario que presentó cargos disciplinarios contra decenas de estudiantes por su activismo propalestino.
En Columbia, Khalil había sido elegido mediador durante el Campamento de Solidaridad con Gaza, una coalición liderada por estudiantes de un centenar de organizaciones, entre las que se incluyen Students for Justice in Palestine y Jewish Voice for Peace, para protestar por la “continua inversión financiera de la universidad en corporaciones que se benefician del apartheid israelí, el genocidio y la ocupación militar de Palestina”, según CNN 11/3.
El estudiante fue detenido el sábado a la noche cuando hombres de civil le tendieron una emboscada en el edificio de departamentos propiedad de la universidad donde vive con su esposa, ciudadana estadounidense. No se sabe de qué se lo acusa. Lo que está claro es que el gobierno de Trump envía “un mensaje escalofriante a la gente de todo el país, dentro y fuera de los campus, de que cualquiera que ejerza sus derechos será objeto de represión, detención y posible deportación”, apuntó un comunicado de Amnesty.
Los hombres, que se declararon autoridades federales de inmigración (ICE), dijeron que tenían orden del Departamento de Estado de revocar su visa de estudiante. Cuando la esposa, que está embarazada de ocho meses, les dijo que su marido no tiene visa de estudiante sino la Green Card, que otorga residencia permanente, “un agente se mostró visiblemente confundido y llamó a alguien por teléfono”. Sin embargo, continuaron con el operativo.
La esposa de Khalil llamó entonces a su abogado, que les pidió a los agentes que le enviaran la orden de deportación, pero le cortaron la comunicación.
Durante gran parte del domingo, ni los abogados ni la esposa sabían dónde estaba: lo habían mandado en secreto a 2,100 km de distancia a un centro de detención privado en Luisiana. Una distancia que dificulta la asistencia legal y el contacto con su esposa, y socava la jurisdicción del tribunal.
El día antes del arresto, Khalil había advertido a la presidenta interina de la Universidad, Katrina Armstrong, que estaba siendo sometido a una campaña coordinada de doxxing (publicación de información personal en línea) dirigida por el profesor sionista Shai Davidai y otros, quienes lo calificaron como terrorista, “amenaza para la seguridad” y pidieron su deportación.
El arresto es parte de la escalada de Trump contra el movimiento estudiantil que multiplicó las manifestaciones propalestinas en los campus universitarios. De hecho, lo llamó “el primer arresto de muchos por venir”.
Columbia se ha convertido en el primer objetivo de la campaña de Trump para recortar los fondos federales a las universidades acusadas de permitir “protestas ilegales” y “tolerar el antisemitismo”. El 7 de marzo anunció que le retiraba a Columbia unos 400 millones de dólares en subvenciones y contratos federales. El comunicado cita la supuesta “inacción continua de la universidad frente al acoso persistente a los estudiantes judíos”.
A poco de ser elegido, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a cancelar los visados de los estudiantes extranjeros que participaron en las protestas: “A todos los extranjeros residentes que se unieron a las protestas proyihadistas, les advertimos: cuando llegue 2025, los encontraremos y los deportaremos (…) También cancelaré rápidamente los visados de estudiante de todos los simpatizantes de Hamás en los campus universitarios, que se han visto infestados de radicalismo como nunca antes”.
Simultáneamente, el Departamento de Estado anunció que utilizará la IA para “rastrear la actividad en redes sociales de alumnos extranjeros y revocarles su visado en caso de que se presuma su simpatía por Hamás y otros grupos que Washington considera terroristas” (El País 7/3).
El seguimiento relevará decenas de miles de publicaciones de titulares de visados estudiantiles, en una imposición de un estado policial en los claustros estudiantiles.
Los otros campus en la lista negra son la Universidad de California, Berkeley; la de Minnesota; la Northwestern y la Universidad Estatal de Portland. Junto con Columbia, todas recibieron la visita del equipo que investiga antisemitismo.
Los expertos señalan que solo los jueces de inmigración tienen autoridad para revocar el estatus migratorio de una persona, sea una visa de estudiante o una Green Card.
La Justicia de Nueva York reclamó para sí el derecho a decidir una eventual expulsión. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, escribió en X que está “extremadamente preocupada” por la detención de Khalil y añadió que su oficina está vigilando la situación y en contacto con Amy Greer, su abogada. “El gobierno de EE. UU. ha dejado claro que utilizará la aplicación de la ley de inmigración como herramienta para reprimir las críticas a Israel”, denunció Greer.
La detención de Khalil indignó a las organizaciones de defensa de los derechos civiles. Murad Awawdeh, presidente de la Coalición de Inmigración de Nueva York, lo calificó como una «afrenta» a la Primera Enmienda, mientras que el Consejo de Relaciones Estadounidenses- Islámicas opinó que es un ataque a “la propia humanidad de los palestinos”.
“Este arresto no tiene precedentes, es ilegal y antiamericano. El gobierno federal está reclamando la autoridad para deportar a personas con profundos lazos con EE. UU. y revocar sus tarjetas de residencia por defender posiciones a las que el gobierno se opone”, dijo el director de la Unión Americana de Libertades Civiles, Ben Wizner.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, recurrió a Twitter para expresar que está «extremadamente preocupada» por la detención de Khalil y añadió que están en contacto con su abogado.
Trump está imponiendo un Estado policial en colegios y universidades, criminalizando la oposición bajo la amenaza de arresto o deportación. El Wall Street Journal escribió el lunes que “Columbia se ha convertido en el punto de partida de la campaña del gobierno de Trump para desmantelar lo que llama la ideología de extrema izquierda en las universidades de Estados Unidos”.
La detención de Khalil fue condenada inmediatamente por organizaciones y activistas de derechos humanos que criticaron la complicidad de la dirección de la Universidad, que publicó recientemente un nuevo protocolo que revoca el anterior estatus de campus santuario y permite a ICE acceder a la universidad sin orden judicial en «circunstancias apremiantes». Este fue el caso.
En respuesta al nuevo protocolo universitario y al arresto de Khalil, el sindicato de trabajadores de la Universidad de Columbia exigió a la presidenta de la universidad, Katrina Armstrong, que restablezca a Columbia como campus santuario y se niegue a colaborar con la Administración Trump.
«Al permitir la presencia de ICE en el campus, Columbia se rinde ante el asalto de la administración Trump a las universidades de todo el país y sacrifica a los estudiantes internacionales para proteger sus finanzas», se lee en la declaración (Mondoweiss 9/3).
Más de 1,2 millones de personas enviaron cartas y otro medio millón firmó peticiones exigiendo su libertad. Un centenar de profesores de Columbia dieron una conferencia de prensa reclamando la libertad de Khalil.
El lunes por la noche, un millar de personas desfiló por Manhattan exigiendo la liberación de Khalil. Lo mismo pasó en numerosas universidades de todo el país.