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El pasado 26 de febrero, el presidente Javier Milei nombró por decreto al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al día siguiente, García Mansilla juró como juez de la Corte Suprema de Justicia en una ceremonia cuasisecreta. Esta operación generó numerosos rechazos.
En su presentación ante el Senado de 2018, García Mansilla sostuvo que “El supuesto derecho al aborto no existe, no está reconocido en ninguna de nuestras normas vigentes y tampoco se deriva de una interpretación razonable de ellas”.
García Mansilla también se opuso al fallo F.A.L, en el que la Corte Suprema determinó que cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible.
Por otra parte, García Mansilla fue uno de los más férreos detractores de anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. La vicepresidenta Victoria Villarruel, conocida defensora de genocidas, contó en una ocasión que lo tenía como especialista de consulta en temas constitucionales. Desde 2010 trabajó en el estudio jurídico fundado por los hijos de Horacio Tomás Liendo, ministro de Trabajo de Videla, que integran la asociación Justicia y Concordia, la cual milita la impunidad de los genocidas de la dictadura.
Los resortes de García-Mansilla
García Mansilla cuenta con el respaldo de otros organismos y personalidades, como Será Justicia, la Asociación Civil Lógica, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. También cuenta con estrechos vínculos con los otros miembros de la Corte, como Carlos Rosenkrantz, un abogado del grupo Clarín e iniciador de la campaña contra la consigna “donde hay una necesidad hay un derecho”, si esa necesidad no tiene financiamiento
Pero el verdadero respaldo a García Mansilla proviene de los lazos que tejió durante su actividad privada con los grandes pulpos petroleros y gasíferos. Su designación “fue recibida de manera auspiciosa entre los principales jugadores del sector energético” (Portal de Noticias Transporte y Energía, 28/8/24). De acuerdo a su CV, trabajó de 1997 a 2005 en el estudio Marval, O’Farrell y Mairal, uno de los principales bufetes de abogados del ámbito local que tiene como clientes a la mayoría de las empresas privatizadas y compañías hidrocarburíferas. García Mansilla fungió allí como asesor y abogado de las principales firmas de Oil&Gas y participó en la preparación de demandas contra dos provincias por regalías mineras y contra las administraciones provinciales de Buenos Aires y Tierra del Fuego por cuestiones relativas a la reglamentación del comercio interior.
Luego, entre 2005 y 2010, se desempeñó directamente en la industria del gas y petróleo en las empresas Occidental Argentina Exploration and Production Inc., y Vintage Oil Argentina Inc., donde brindó asesoramiento legal y llevó adelante la negociación de convenios relacionados con la adquisición de distintas áreas de explotación y exploración de hidrocarburos.
En la petrolera Oxi Argentina, su mayor “logro” provino de su participación en el equipo que negoció la extensión de 15 concesiones de explotación de hidrocarburos en la provincia de Santa Cruz y una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos por 35 años en la provincia de Salta, entre otros casos.
Entre los clientes de su cartera que García Mansilla le detalló al Senado hay varias empresas o empresarios ligados al negocio energético, como Euclides Bartolomé Bugliotti o José David Peñafiel Salgado, que aparece como integrante de Tripetrol Petroleum. También “Madalena Energy SA –actual Centaurus Energy–, President Petroleum SA –una compañía británica con operaciones en Río Negro que está en concurso de acreedores desde el año pasado- y Sinopec Argentina Exploration and Production, filial local de la compañía china de petróleo y gas. Sinopec anunció en 2021 que se iba a desprender de sus activos en el país y que los vendería a la Compañía General de Combustibles, de la familia Eurnekian” (Página/12, 12/3/25).
Entre 2010 y 2014, García Mansilla trabajó en el estudio Liendo & Asociados, fundado por Horacio Liendo, quien fuera Secretario de Coordinación del Ministerio de Economía durante el gobierno de Carlos Menem y uno de los principales laderos de Domingo Cavallo.
Su vínculo con las compañías del sector lo llevó a convertirse en Director Ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), la entidad del sector que agrupa a las petroleras y productoras de gas más emblemáticas del país, cargo que ejerció durante diez años. Desde ese cargo, en el 2016 expuso en una audiencia pública a favor del aumento de tarifas hechas durante la gestión de Mauricio Macri. Una de sus últimas acciones en la entidad fue la elaboración de la carta que Ormaechea remitió al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, rechazando el pago de las deudas de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a los generadores eléctricos y productores de gas con bonos del Tesoro que vencen en 2038.
García Mansilla hizo un máster en Georgetown University, en los Estados Unidos, donde se recibió con la tesis “La crisis de la separación de poderes, el caso Argentina”, que se centra en la crítica al uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) en la Argentina. “En la Argentina, los DNU han destruido la separación de poderes y los contrapesos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Además, a cierto nivel, la Corte Suprema ha hecho poco para hacer cumplir los requisitos de que la legislación provenga del poder legislativo y no de los presidentes”, dice la tesis. Sin embargo, aceptó su designación por medio de un decreto.
