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La reconstrucción de la agresión que tiene al fotógrafo y militante Pablo Grillo luchando por su vida conoció varias etapas.
Primero, inmediatamente después del hecho, circularon en las redes sociales las imágenes de Grillo desvaneciéndose, tras recibir en su cabeza el impacto de una granada de gas lacrimógeno lanzada desde una línea de gendarmes. Cuando ya se sabía de la gravedad de la herida de Grillo, la ministra responsable por el operativo represivo, Patricia Bullrich, aseguraba, sin embargo, que el fotógrafo estaba preso. Poco más tarde, cuando todos supimos que Grillo había ingresado al hospital malherido directamente desde la movilización en apoyo a los jubilados y la mentira quedó deschavada, Bullrich habló de un ´rebote´, una fatalidad. Aseguró que la pistola lanza gases -prohibida en buena parte del mundo por su potencialidad letal, a la cual conocemos, en nuestro país, por el asesinato del docente Carlos Fuentealba- había sido disparada “siguiendo el protocolo”, es decir en un ángulo de 45 grados, pero habría golpeado “contra alguna estructura” que desvió su trayectoria. En su cerrada defensa del atropello represivo, Bullrich rechazó iniciar cualquier investigación interna.
Sin embargo, una fuente insospechable como La Nación, desmintió la versión -la segunda mentira de la ministra- y demostró que se había tratado de un disparo directo, ratificando un estudio previo de dos investigadores del CONICET sobre la trayectoria del proyectil.
Ahora, gracias a una reconstrucción realizada por el CELS, en base a numerosos registros, el gendarme responsable del disparo fue identificado como el cabo primero Guerrero, de Gendarmería Nacional, legajo de servicios 103208, miembro de la Unidad 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI). La cadena de responsabilidades, naturalmente, involucra a Bullrich como cabeza política de todo el dispositivo y en el encubrimiento del atentado criminal de uno de sus subordinados.
https://x.com/mapadelapolicia/status/1901600137136234815
Denuncian a la jueza Andrade
En este contexto, Bullrich denunció penalmente a la jueza Karina Andrade por haber liberado, en la madrugada del jueves, a un centenar de detenidos arbitrariamente. La jueza destacó la falta de información proporcionada tanto por la policía como por el fiscal de turno. El Gobierno la acusa de presunto prevaricato, omisión de los deberes de funcionario público y encubrimiento. En su disparatada acusación de que la jueza habría sido “funcional a la sedición”, Bullrich proclama que la decisión de liberar o no a los detenidos correspondía al fiscal, omitiendo el rol de control de garantías que debe asumir el juzgado de turno en todos los casos. Bullrich miente en grandes cantidades.
La denuncia cayó por sorteo en el juzgado de Servini de Cubría. Servini tuvo a su cargo la situación de los detenidos durante las manifestaciones contra la ley Bases. A pesar del excesivo tiempo que mantuvo a muchos de ellos privados de libertad, concluyó liberándolos a todos. Entonces el Gobierno también agitaba la “sedición” como excusa. La jueza, sin embargo, no pudo avanzar: “Los expedientes vinieron cada uno por su lado muy mal instruidos, faltaba mucho”, dijo en relación a los sumarios entregados por las distintas fuerzas de seguridad que participaron del operativo represivo de aquel entonces (La Nación, 22/6/24). Arrestos al voleo y justificaciones disparatadas. No es casualidad, es un modus operandi.
