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En la semana que pasó, tanto el gobierno provincial como el nacional realizaron anuncios relativos al problema de la reconstrucción de Bahía Blanca.
El primero en hacerlos fue Kicillof. El gobernador afirmó que estábamos en “la etapa de normalización”, una etapa intermedia entre la de emergencia y la fase de “reconstrucción”. Esta normalización consistiría en la puesta en funcionamiento de todos los servicios de la ciudad, mediante la reparación y puesta a punto de caminos, hospitales, escuelas y comercios. Se mencionaron diez medidas, cuyo costo total sumaría unos 280.000 millones de pesos. El gobernador dejó para una “próxima etapa” la puesta en marcha de las obras hidráulicas y de planificación urbana necesarias para evitar la reiteración de este desastre en el futuro.
El argumento dado para este aplazamiento es que la etapa de reconstrucción necesitaría de “seriedad, planificación y tiempo”. En realidad, esto es una excusa. Las propuestas de obras y planificación urbana están largamente elaboradas. Kicillof pegó un viraje discursivo: hablaba de la “imposibilidad” de la lluvia, ahora habló del cambio climático.
Por su lado, el gobierno nacional hizo anuncios también. El Suplemento Único para la Reconstrucción, tal como lo llamó, consiste en la formación de un fondo de 200.000 millones de pesos, que se destinará al pago de subsidios a los damnificados por la inundación. El SINAGIR (Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo) y la recientemente creada AFE (Agencia Federal de Emergencias) implementarán el pago de subsidios para atender a la reconstrucción de las viviendas. Los damnificados deberán comprobar que la inundación les significó pérdidas totales o parciales de sus bienes. Bullrich se mofó de los magros 800.000 pesos que Kicillof prometió para la reconstrucción de viviendas, a las “33.000 familias más vulnerables”,
La erosión que provocó el torrente de agua y que produjo socavones hará un trabajo de zapa a largo plazo. En estos montos recortados e insuficientes, sin el compromiso de la obra del Estado, no contempla los salarios caídos. El gobierno nacional resolvió que el pago se haga a individuo por individuo, con el argumento de que se previenen los “choreos de la política”, que roba con intermediarios, sobreprecios de contratistas y proveedores. No dice que el gran intermediario de esos 200.000 millones de pesos será Mercado Pago y las billeteras virtuales bancarias, único medio por el cual se hará efectivo el embolso del subsidio, y que se embolsarán jugosas comisiones cuando los bahienses comiencen a gastar ese dinero en los comercios.
En realidad, como orientación política, la medida de darle la plata a cada damnificado por separado para que cada uno sea responsable de su propia reconstrucción perjudica a los trabajadores bahienses y agudiza la anarquía de la reconstrucción. Si el subsidio lo permite, tiene que negociar con las contratistas de obra. Perjudica la PLANIFICACIÓN urbana, que toma en cuenta las características geomorfológicas del terreno y otros criterios. La atomización es funcional a una política reaccionaria, que propagandiza la destrucción de la obra pública y la descapitalización del patrimonio de los trabajadores, tales como la vivienda, las escuelas, los hospitales y los espacios de recreación.
La suma de los montos de los gobiernos nacional y provincial totalizan con una exactitud milimétrica lo sugerido por el intendente Subsielles, 400.000 millones de pesos. En realidad, este monto solo debería cubrir el resarcimiento por daños ocasionados por décadas de desidia estatal. Han transformado el piso en un techo. El gobierno nacional cerró la persiana y el provincial habló de futuras obras, que la crisis fiscal mandará al fondo del archivo en pocos meses. La crisis abierta en Bahía Blanca ha puesto de manifiesto la depredación del medio ambiente que ha ejercido el capital desde hace dos siglos. El gobierno liberticida no pondrá un solo peso para transformar el perfil de la ciudad tal como lo amerita la situación, porque ya ha dicho que el eje ordenador será el pago de la deuda externa. Este criterio rector de los gastos del Estado es el que ha guiado los despidos en el sistema de salud, educativo, científico, de la obra pública y de los organismos de atención de catástrofes.
En principio, es necesario deliberar y elaborar un pliego de reclamos frente a la situación de crisis que se abrió en la ciudad. Hay que garantizar que la ayuda llegue a todo el mundo y que se cumpla en tiempo y forma con los pagos de los subsidios, sin postergar el reclamo por la realización de planes de viviendas. Es fundamental la organización y movilización para el cumplimiento de las obras hidráulicas y de planeamiento urbano necesarias. Por un plan de viviendas, incluidas las relocalizaciones necesarias, a cargo del presupuesto estatal. Por obras de descontaminación de arroyos, ríos y de la costa.
Finalmente, es necesaria una profunda deliberación política sobre la responsabilidad del capital y de sus gobiernos en el deterioro del medio ambiente y de las condiciones de vida de los trabajadores. Se hace imperativo que la clase obrera discuta la necesidad de construir el partido de los trabajadores, porque una política cuya prioridad sea la salud del ambiente y del ser humano nunca provendrá de una clase social cuya prioridad es la ganancia.
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