Los liberticidas y ‘opositores’ derogan el derecho a la jubilación
Huelga general hasta derrotarlo. Nota de tapa de Política Obrera N°116, edición impresa.
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Milei y Luis Caputo decidieron poner fin a la moratoria previsional, el régimen que permitía jubilarse con un haber mínimo a quienes no contaban con 30 años de aportes.
La moratoria era un “parche” que, en los últimos años, se aplicó para habilitarle la jubilación a miles de trabajadores a quienes sus patrones no les hicieron los aportes o sufrieron períodos de desocupación.
Esa moratoria no constituía ningún regalo: ponía la condición de que el jubilado pagara en cuotas los aportes faltantes.
Según los liberticidas, la moratoria implica “una sangría” al Estado. Pero los responsables son los evasores capitalistas y el mismo Estado, que no garantiza el derecho al trabajo.
Mientras la patronal evasora ha sido premiada con un cuantioso blanqueo, a los trabajadores precarizados se los ha despojado del derecho a la jubilación.
En lugar de ese derecho, sólo podrán acceder, de aquí en más, a una pensión de indigencia, equivalente al 80 por ciento de la mínima.
El fin de la moratoria es una contrarreforma previsional, o sea, una confiscación económica y una privación de derechos.
Siete de cada diez mujeres y cinco de cada diez hombres no tendrán los 30 años de aportes en este año; hay seis millones de trabajadores en negro.
Una mayoría de futuros jubilados ni siquiera percibirá la mínima, sino una pensión de indigencia.
Sólo en 2025, 240.000 adultos mayores han sido despojados del derecho a jubilarse.
Este robo previsional ha sido parte del cheque en blanco con el FMI. La privación jubilatoria es una garantía de pago para los acreedores de la deuda pública.
El mismo día en que se aplicaba esta motosierra sobre los haberes, el Gobierno anunciaba un nuevo título de deuda “atado” a la evolución del dólar, para para contener la actual corrida cambiaria de los dueños de deuda pública en pesos.
¿De donde saldrán los beneficios de este seguro de cambio? De las jubilaciones despojadas a miles de trabajadores.
La oposición -“dialoguista” o no- no se ha quedado callada: decidió correr al Gobierno por derecha.
Radicales y “cívicos” han presentado un proyecto de jubilación “proporcional” a los años aportados: es la legitimación definitiva de los evasores y la condena a jubilaciones de 150.000 pesos.
Los gobernadores, sean radicales, macristas o kirchneristas se han adelantado a Milei y Caputo, en las provincias.
La burocracia de los sindicatos mira, sin embargo, para otro lado: reclama por el mantenimiento de la cuota sindical solidaria para su caja, pero no por los jubilados.
El tamaño del ataque exige una huelga general hasta la derrota completa de los proyectos liberticidas y ‘opositores’, y un aumento inmediato del ciento por ciento.
Que la clase capitalista pague los aportes sustraídos a los trabajadores. Por el derecho incondicional al trabajo. Por una jubilación mínima igual al 82 % móvil de la canasta familiar integral.
