EE.UU.: regimentación y ´fuerzas especiales´ en los campus universitarios contra las protestas por el genocidio de Gaza

Los republicanos hace rato que quieren modificar los contenidos y la vida interna de las universidades norteamericanas. Desde que comenzaron los acampes en solidaridad con Palestina, la bancada republicana interpeló y presionó para que renunciaran las autoridades de las universidades de la elite, acusándolas de cómplices del antisemitismo y de desproteger a los alumnos judíos. Una infamia: gran parte de los acampes fueran sostenidos por agrupaciones de estudiantes y profesores judíos antisionistas.

Trump asumió la misma tarea con una virulencia enorme, amenazando con deportar a los estudiantes extranjeros, expulsar de los claustros a los norteamericanos y bloquear el financiamiento federal a las universidades que no se sometieran a sus dictados.

La semana que termina la presidenta interina de la Universidad de Columbia, Katrina Armstrong, se rindió a esas exigencias que cercenan la libertad de cátedra y penalizan la actividad política estudiantil y docente que no esté en línea con los postulados del gobierno. La universidad adoptó una nueva definición de antisemitismo que lo confunde deliberadamente con el antisionismo y reprime la oposición a los crímenes de Israel.

Armstrong aceptó prohibir el uso de barbijos que cubran el rostro y las protestas en edificios académicos. Borrando el carácter de santuario preservado de la represión del que hacía gala Columbia, se incorporó a la universidad una fuerza de seguridad interna de 36 “oficiales especiales” de la Policía de la Ciudad de Nueva York, facultados para "expulsar a personas del campus y/o arrestarlas cuando corresponda".

También avasalló la autonomía académica nombrando un nuevo vicerrector que "revisará" el departamento de Estudios de Oriente Medio, Asia Meridional y África, y el Centro de Estudios Palestinos.

La Junta Directiva canjeó la libertad de expresión y de cátedra por la ilusión de que Trump les restituirá los 400 millones en fondos federales que retuvo con el argumento falaz del antisemitismo. Sin embargo, autoridades del Departamento de Justicia pusieron en duda esa devolución; las concesiones, opinan, “son insuficientes”.

“Columbia tiró la toalla y las otras universidades seguirán su ejemplo. Esto es solo el principio”, se alborozó en las redes sociales Christopher Rufo, del Manhattan Institute, un think tank conservador. Rufo se ha jactado de que su función en el gobierno es presionar con los aportes federales para que las universidades “sientan un terror existencial”.

No todo el stablishment celebra la rendición de Columbia, que, se preocupa el New York Times, “está siendo visto ampliamente como un punto de inflexión en las relaciones de Washington con las universidades del país” (22/3).

El 10 de marzo, el gobierno envió una carta a más de 60 instituciones académicas -desde Hawaii a Harvard- donde las declaraba bajo investigación por “acoso y discriminación antisemita” y las amenazaba con nuevas medidas policiales y recortes de fondos si no cumplían con la ley federal de derechos civiles, una formulación cínica para acallar las críticas al genocidio palestino.

Tres días después, Columbia anunció que había suspendido, expulsado o revocado los títulos de 22 estudiantes involucrados en la ocupación pacífica de Hamilton Hall.

El lobby sionista presionó por todos lados. En febrero, una carta abierta firmada por 200 profesores instó a la universidad a proteger a los estudiantes judíos y destituir e investigar a Joseph Massad, profesor de Política Árabe Moderna e Historia Intelectual. También exigió que la universidad adoptara la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), que cataloga las críticas a Israel como tales, y que contratara profesorado titular proisraelí.

En ese contexto, la Junta Directiva no se pronunció acerca del secuestro y posterior detención del estudiante graduado Mahmoud Khalil, preso desde el 8 de marzo y trasladado a un centro de detención en Louisiana, a 2.700 km de su casa. A pesar de que no infringió ninguna ley, Trump le quiere revocar la Green Card (la condición de residente) y deportarlo.

En una carta desde la cárcel, Mahmoud Khalil escribió: “Las presidentas de Columbia, [Minouche] Shafik, [Katrina] Armstrong y Dean Yarhi-Milo sentaron las bases para que el gobierno de los Estados Unidos me atacara disciplinando arbitrariamente a los estudiantes propalestinos y permitiendo que las campañas virales de doxing, basadas en el racismo y la desinformación, se desplegaran fuera de control”.

A Khalil le han seguido docenas de estudiantes extranjeros, la mayoría postdoctorales, con residencia perfectamente legal, que han sido emboscados en las calles o en sus domicilios por patotas de la policía de inmigración (ICE). La desaparición de la joven Rumeysa Ozturk, secuestrada por agentes enmascarados del ICE en Boston el miércoles, generó una movilización de varios miles de personas.

Algunas órdenes judiciales ordenan que los liberen o que se suspenda la deportación. Todas han sido desacatadas por el gobierno federal. Profesores de Derecho de Columbia denunciaron que Trump ha violado la ley federal de derechos civiles y la Constitución.

El carácter dictatorial del gobierno es señalado por el Financial Times. En un contundente artículo titulado “Je sui Khalil” (14/3) advirtió que “si Trump se sale con la suya, su licencia para castigar cualquier discurso que considere proterrorista o en contra del interés nacional de EE.UU. lo convertiría en juez y jurado sobre los derechos de la primera enmienda. Pondría en riesgo a todos los ciudadanos estadounidenses, no solo a los residentes permanente”

El gobierno no solo no parece sensible a las críticas, sino que amplía las causas de penalización: el miércoles anunció que retendrá unos 175 millones de dólares de la Universidad de Filadelfia (Penn) porque permitió que una mujer transgénero formara parte de su equipo de natación femenino en 2022, “dos años antes de su orden ejecutiva que prohíbe a los hombres biológicos infiltrarse en los deportes femeninos” (npr 20/3).

Ya desde el gobierno de Biden, que respondió a los masivos acampes estudiantiles con represión policial (WSWS, 25/3) y vía libre a las patotas sionistas, la mayoría de las universidades se han asociado a la represión estatal.

La Universidad de Cornell intentó suspender por tercera vez al estudiante de posgrado Momodou Taal, ciudadano británico-gambiano por participar en las protestas propalestinas. La sanción creó las condiciones para que el gobierno de Trump lo deporte. Taal presentó una demanda federal contra las órdenes ejecutivas de Trump como ilegales e inconstitucionales.

Hasta la otrora progre Universidad de Michigan le pidió a la fiscal general demócrata Dana Nessel que presente cargos penales contra 11 manifestantes estudiantiles. Esta semana la Universidad de Tulane, en Nueva Orleans, tomó medidas disciplinarias contra siete estudiantes que participaron fuera del campus de marchas por la libertad de Khalil.

La capitulación de Columbia está en línea con la proximidad de su Junta Directiva y la misma Armstrong al Partido Demócrata y a sus nexos con el mundo de las finanzas. Los fondos de Columbia “llegaron a la asombrosa cifra de 14.800 millones de dólares al 30 de junio de 2024, con casi el 80 por ciento de sus inversiones vinculadas a fondos de cobertura, capital privado y acciones globales”.

De los $4.1 millones en contribuciones políticas hechas por los fideicomisarios de Columbia durante los ciclos electorales de 2020 y 2024, el 88 por ciento fue a los demócratas. Solo uno de los miembros de la junta, Adam Pritzker -de la multimillonaria familia Pritzker- donó casi $1 millón a la campaña de 2024 de Kamala Harris. El exsecretario de Seguridad Nacional de Obama, Jeh Johnson, también forma parte de la Directiva.

“La presidenta Armstrong está entre los que se rinden con demasiada facilidad”, evaluó el FT. Y dio un ejemplo en contrario: el fiscal interino de Washington demandó a William Treanor, decano de la facultad de Derecho de Georgetown, para que “pusiera fin a las políticas de diversidad, equidad e inclusión de la facultad”. Treanor respondió: “Dada la protección de la Primera Enmienda de la libertad de una universidad para determinar su propio plan de estudios y cómo impartirlo, la violación constitucional que subyace a esta amenaza es clara”.

El asalto de Trump a los derechos democráticos “cuenta con la colaboración activa de ambos partidos, los tribunales, los medios de comunicación, las universidades y la élite corporativa”, apunta WSWS. El propósito es convertir los centros de estudio en máquinas de adoctrinamiento.

El abandono de las formas democráticas está en sintonía con la guerra furiosa del capital contra los trabajadores, el recorte del derecho de huelga y sindicalización, la asfixia o anulación de los programas de salud pública, la educación y en general, las políticas sociales. En el caso de los inmigrantes toma características directamente fascistas.

La represión en los campus es indisociable también de la masacre en Gaza y Cisjordania, de la extensión de la guerra a todo Medio Oriente y de los preparativos a avanzar sobre China.

Lo mismo pasó durante las masivas movilizaciones contra la guerra de Vietnam en la década de 1960. Como entonces, miles de estudiantes y profesores han salido en Estados Unidos y Europa a pedir la libertad de Khalil.