Escribe Iñaki Aldasoro
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan.
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La comunidad educativa de la provincia sufrió un duro golpe la semana pasada al enterarse del fallecimiento de la docente Adriana Armella, vicedirectora de la Escuela normal “Juan Ignacio Gorriti”, de San Salvador de Jujuy.
La docente se encontraba en medio de una reunión de padres que se puso tensa, cuando sufrió una descomposición que obligó a llamar a emergencias y llevarla internada. Al día siguiente, la docente falleció producto de un ACV.
La triste muerte de esta docente ha dejado expuesto no sólo el grado de sobrecarga laboral que sufren los docentes, sino que son la variable de ajuste de un régimen social que no da para más.
Luego de esta noticia, los docentes de la institución junto a otros colegas, padres, alumnos y la comunidad, convocaron a una marcha de antorchas por el centro de la ciudad.
La escuela, entendida como un segundo hogar para los niños y jóvenes que asisten, tiene que abordar situaciones cada vez más complejas de la vida cotidiana e intervenir para contener el cuadro de descomposición social al cual este régimen empuja a la familia obrera. Sin recursos y sin la disposición de abordar estos problemas por parte de los que gobiernan, la variable de ajuste siempre recae en el docente, que no sólo tiene la tarea de educar, sino que sistemáticamente va ocupando nuevos roles en este cuadro critico de la sociedad.
Los docentes tienen que detectar e intervenir en situaciones de violencia doméstica o, muchas veces, del abandono de los padres, detectar posibles abusos, capacitar en la prevención del grooming, del bullying, etc. El docente debe participar en la alimentación de los niños que reciben alguna colación en la escuela, incorporar contenidos en sus materias de educación sexual, cuidado del medio ambiente, protección animal, o de la campaña que el ministerio disponga trabajar en determinado año. Sumado a eso debe capacitarse a costa de su propio bolsillo y las directivas indican la obligación a una capacitación permanente que se realiza a costa de los docentes y no ayudando. A ello se agrega que las aulas están cada vez mas superpobladas con niños que reflejan todos los problemas y las vicisitudes que padece la familia obrera. El docente enfrenta todas estas tareas con salarios de miseria, que no cubren la canasta familiar y que obliga al docente muchas veces a una sobrecarga laboral que afecta gravemente su salud física y psíquica.
La lucha de la docencia no solo pasa por pelear una mejora salarial, sino también por una defensa de la educación publica y de calidad, es decir, una política que establezca un tope de 20 alumnos por grado, mejores condiciones edilicias, becas para los estudiantes, gabinetes psicopedagógicos para abordar problemáticas sociales, mejores condiciones edilicias de las escuelas. Es decir un plan integral que solo puede ser impulsado y garantizado por los propios trabajadores de la educación.
Esta muerte evitable ha sido un llamado de atención a toda la docencia de la provincia en un cuadro particular, donde los docentes han recuperado una parte de su poder adquisitivo con la monumental huelga educativa de 2023, que les permitió recuperar los gremios docentes de media y primaria -que la docencia combativa esta luchando por su reconocimiento frente al fraude estatal-. Este llamado de atención tiene que movilizar a la docencia por mejores condiciones de trabajo para todos.
Justicia por Adriana Armella. El Estado es responsable.