Rosario: El hallazgo de fetos descartados y la urgencia del derecho al aborto

Escribe Aixa L

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En la ciudad de Rosario fue encontrado un feto de 34 semanas envuelto en una bolsa dentro de un contenedor. Menos de quince días atrás, el pasado 12 de mayo, fue encontrado otro feto, en medio de una obra de construcción, también en Rosario. En toda la región y en el país, estos hallazgos se han vuelto moneda corriente.

Se podrían poner sobre la mesa muchos ejemplos de mujeres, luego encarceladas, que han descartado fetos. Los motivos pueden ser diversos, pero giran en torno a una misma cuestión: las condiciones de vida de ellas y sus familias. La cantidad de casos como estos debe inscribirse en el contexto de crisis y pandemia que bombardea por todos lados la vida de la clase trabajadora y que por lo tanto condiciona absolutamente, no solo el derecho a decidir, sino también las condiciones de gestación. Las mujeres están obligadas a seguir el embarazo o en todo caso arriesgarse a perder la vida en un aborto clandestino.

El derecho a la maternidad entra en cuestionamiento una y otra vez frente al aumento de la miseria. Tanto el peronismo como el Frente Progresista son responsables por esta situación. La provincia de Santa Fe esta hundida en un cuadro de hambre, desocupación, precarización laboral, despidos, suspensiones, salarios de pobreza. En una enorme cantidad de barrios, las ollas populares alimentan a la población. A su vez, las medidas adoptadas en el ámbito de la salud, como respuesta a la pandemia, dificultan el acceso a los centros de salud, entorpeciendo los procedimientos de ILE y hasta de los propios embarazos, ya que se han cancelado ecografías y controles de rutina.

Al comienzo de la cuarentena, desde la Dirección de Salud Sexual municipal han hecho como primera recomendación ‘’evitar quedar embarazada y posponer el deseo de la maternidad’’. Como si estuvieran a disposición de todo el mundo las herramientas para evitar o prevenir embarazos, como si los centenares de casos de embarazos no deseados no existieran. Mientras tanto, la violencia hacia las mujeres y la cantidad de abusos sexuales se incrementaron en esta cuarentena.

Con respecto a la ILE, como medida en función del cumplimiento de la cuarentena y para que no se acuda a los hospitales, desde el municipio se implementó la política de usar en la mayor cantidad de casos posibles, el aborto medicamentoso, distribuyendo misoprostol. No podemos olvidar los riesgos que corren las mujeres en los barrios con este tipo de abortos en condiciones paupérrimas de falta de higiene, hacinamiento y sin la posibilidad en muchos casos de pedir ayuda. La interrupción del embarazo con misoprostol tiene que estar respaldada en un seguimiento médico. Las medidas de precaución contra el contagio del virus no deben atentar contra la salud y seguridad de las mujeres.

A pesar de los recursos que el municipio se jacta de brindar en términos de salud y reproducción sexual, la realidad demuestra que hay personas que no estarían pudiendo ‘’posponer el deseo de la maternidad’’ ni tampoco sostener el deseo de ser madre en estas condiciones de miseria. La aparición de fetos descartados en la vía pública da cuenta de una realidad que pone a las mujeres en esta encerrona en nuestra provincia y en Rosario. Tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal son responsables de esta situación.

A días del Día internacional de la salud de la mujer y del 3J, la garantía de la salud y la vida de las mujeres no existe. Muchas mujeres sostienen embarazos en condiciones insalubres. La inexistencia de la IVE empuja a miles de mujeres a practicarse un aborto en las peores condiciones. El Estado violenta la vida de las mujeres y las condena a las situaciones más horrorosas como el descarte de un feto, penalizándolas después, u obligándolas a morir.

Vamos más que nunca por la defensa del aborto legal, seguro y gratuito, por la defensa de la salud y la vida de las mujeres. La defensa del derecho a maternar es la defensa de las condiciones de vida de la clase trabajadora enfrentando despidos y suspensiones, licencias no pagas o denegadas por embarazo, por el salario y la lucha contra el hambre.

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