Escribe Diego Toscano
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El 93° plenario de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reunido la semana pasada en San Luis, fue un muestrario de la gravísima situación que viven las universidades argentinas bajo el gobierno de Milei: rebaja presupuestaria, 80% de retraso salarial de sus trabajadores, desmantelamiento del sistema de becas, hundimiento del sistema científico, y un largo, larguísimo etcétera.
También fue representativo de la completa desorientación del conjunto de las camarillas universitarias en la etapa actual de la crisis política nacional.
Luego de un año 2024 que puso a la Universidad pública en la calle, movilizada como nunca antes y con un apoyo popular enorme, los rectores fracasaron en el más que mínimo objetivo de contar con un presupuesto propio para poder funcionar este año. Ese es el objetivo que se habían propuesto el año pasado, luego de sabotear la enorme lucha estudiantil.
El año lectivo 2025 los encontró negociando fondos, uno por uno, o por bloques, con el gobierno mileista. En el documento del plenario tuvieron que denunciar, no obstante, que el gobierno incumple con lo que acuerda. El CIN le reclama ahora un ámbito que permita abordar “responsablemente” los problemas y ratificó su voluntad de diálogo, o sea, de no ir a ninguna lucha como la del 2024.
Es una perspectiva inviable, toda vez que el gobierno ha entrado en un proceso de bancarrota y está negociando un salvataje del FMI, que exigirá mayores ajustes también en el campo educativo y que, de todas maneras, no podrá rescatar a Milei del derrumbe global que se ha desatado con las medidas de Trump de la semana pasada.
En paralelo al documento sobre la situación universitaria, el plenario emitió un comunicado reivindicando la soberanía argentina sobre Malvinas pero que no dice una palabra del acuerdo colonial que el gobierno promueve y el Congreso aprobó con el FMI. Un saludo a la bandera que, sin embargo, marca claramente los límites de la soberanía que están dispuestos a reclamar los rectores.
El llamado a la pasividad que realizó el plenario del CIN contó con el visto bueno de las burocracias sindicales universitarias y de la FUA, que fueron a San Luis a ratificar su sumisión a los rectores y a su política. La completa falta de independencia de los rectores de parte del Frente Sindical Universitario, es lo que explica que, ya entrado abril, todavía no haya un plan de lucha de ninguna de las federaciones.
Los rectores se reservaron, por las dudas, una carta por si un proceso de lucha logra irrumpir al margen suyo: constituir una comisión ad hoc para elaborar un proyecto de una nueva Ley de Financiamiento Universitario. Esto les funcionó parcialmente el año pasado y lograron engañar incluso a sectores del activismo combativo y la izquierda en torno a esa propuesta. Muy pocos fueron los sectores que denunciaron, de entrada, el alcance estratégico de esta maniobra que ahora intentan repetir.
La presidencia del CIN volvió a manos del rector de La Pampa, Oscar Alpa, quien fue funcionario del último tramo del gobierno de Alberto Fernández, acompañado ahora por el rector de la Universidad de Rosario, Bartolacci, que es un firme impulsor de la agenda antieducativa del CIN (los siete puntos) y de la política de “pacificación” represiva en Rosario. El presidente saliente, Morinigo, quien “comandó” la ‘revuelta’ universitaria de 2024 contra el gobierno de Milei, será ahora candidato a diputado provincial en San Luis por la lista de Poggi, una colectora mileista.
No hay remate. Con la conducción de los rectores, la universidad no va a ningún lado.
Hay que abrir otro camino por medio de las autoconvocatorias y la huelga y manifestaciones masivas.