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“Donald Trump ha lanzado un ataque sin precedentes contra las universidades estadounidenses. ¿Hasta dónde llegará? ¿Provocará una fuga de cerebros? ¿Y podrían otros países reemplazar lo que se pierda?” Las preguntas son del diario británico Financial Times, cuyos editorialistas afirman que “el daño al desarrollo científico y tecnológico del país será incalculable”. Una fracción del gran capital parece comenzar a preguntarse si el ferviente odio de Trump por la ciencia no redundará en un retraso de los Estados Unidos en ese campo.
El ataque se centra en el retiro de los fondos del Estado, que sostienen desde las más sofisticadas investigaciones científicas hasta programas de ayuda estudiantil. Según la agencia PBS News, los fondos federales representan hasta el 40 % de los ingresos de algunas instituciones, como Johns Hopkins, que recibió 4.000 millones de dólares en 2023 para investigaciones en defensa y salud.
En el último mes y medio Trump retiró más de 5.000 millones de dólares como presión para aniquilar la libertad de cátedra, la libertad de expresión y las libertades democráticas. El embate, que comenzó por las universidades de la Ivy League, las más prestigiosas de Estados Unidos, se extendió a otras 60 casas de altos estudios, amenazadas y sometidas a investigación gubernamental.
El gobierno las acusa de tolerar el antisemitismo por permitir movilizaciones en solidaridad con Palestina y promover “ideologías divisivas” del espíritu norteamericano. Se trata del estudio del aporte de los esclavos a la construcción y riqueza de Estados Unidos, del aporte cultural de la negritud, de los pueblos originarios y los migrantes en general, de los derechos de las mujeres, las minorías y la disidencia sexual, etc. Lo que Trump y la derecha cavernícola llaman la ideología “woke”, vocablo acuñado por el activismo negro que describe el “despertar de la lucha contra las opresiones”.
Trump ha reaccionado brutalmente a cualquier atisbo de resistencia. El 1 de abril, el presidente (rector) de Princeton, Christopher Eisgruber, reveló que el Gobierno ya había suspendido docenas de becas de investigación a la universidad. Princeton no figuraba entre las universidades incluidas en la lista de revisión, pero los fondos fueron cancelados en represalia a que “Eisgruber ha sido inusual entre los presidentes de universidades al hablar en defensa de la educación superior”. A mediados de marzo, en un ensayo, calificó la cancelación de 400 millones de dólares en subvenciones a la Universidad de Columbia como “la mayor amenaza para las universidades estadounidenses desde el miedo a los comunistas de la década de 1950” (FT 4/4).
También es el presidente de la Asociación de Universidades Americanas, que el 31 de marzo emitió un comunicado en el que advertía de que “la retirada de fondos para investigación por razones ajenas a la investigación sienta un precedente peligroso y contraproducente”.
Ahora se plantó Harvard, la más antigua, la más prestigiosa y, sobre todo, la más rica de las universidades de la Ivy Ligue (50.000 millones de dólares anuales de presupuesto). Palabras más, palabras menos, su presidente, Alan Garber, dijo que se apoyaban en la Primera Enmienda para exigir que Donald Trump quitara sus sucias manos de los planes de estudios de Harvard. Garber es el sucesor de la primera rectora negra de Harvard, la politóloga Claudine Gay, una autoridad internacional en políticas de raza e identidad, desalojada por el lobby sionista-republicano en enero del año pasado.
Garber anunció que la universidad no “renunciaría a su independencia ni a sus derechos constitucionales. Ningún gobierno, independientemente del partido que esté en el poder, debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”.
Es una apuesta arriesgada: la financiación federal contribuyó con el 58 % del total de ingresos por patrocinio para investigación durante el año fiscal 2024, según la Universidad.
El lunes, Trump congeló 2.200 millones de dólares en subvenciones multianuales y 60 millones en valor de contratos multianuales en Harvard, después de que la universidad se negó a cumplir con las demandas de eliminar sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), prohibir las máscaras en las protestas del campus y garantizar prácticas de contratación basadas en el mérito, entre otras medidas.
Harvard recibe unos 9000 millones de dólares en fondos federales, de los cuales 7000 millones se destinan a los 11 hospitales afiliados a la universidad en Boston y Cambridge (Massachusetts), incluidos el Boston Children's Hospital y el Dana-Farber Cancer Institute. Los 2000 millones restantes se destinan a becas de investigación directamente para Harvard, incluidas las de exploración espacial, diabetes, cáncer, enfermedad de Alzheimer y tuberculosis.
David Walt, profesor de la Facultad de Medicina de Harvard y del Hospital Brigham and Women’s, dijo que un correo electrónico del Departamento de Salud y Servicios Humanos le informó que debía suspender de inmediato su investigación sobre ELA porque habían cancelado sus subsidios.
Enardecido por el desafío, Trump dobló la apuesta y declaró: “Quizás Harvard debería perder su exención de impuestos y ser gravada como entidad política si sigue impulsando la 'enfermedad' política, ideológica y de inspiración/apoyo terrorista”. Perder la exención de impuestos podría costarle a Harvard progresivamente miles de millones de dólares.
La ley federal prohíbe al presidente ordenar «directa o indirectamente» al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que lleve a cabo investigaciones fiscales específicas y no está claro si la agencia realmente seguiría adelante con una investigación.
“La persecución selectiva de sus adversarios políticos a través del sistema tributario es propio de una dictadura”, dijo Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro y exrector de Harvard. “Esto es desmesurado e incorrecto, pero es una continuación de las tendencias que hemos visto en el enfoque del presidente Trump tanto hacia las universidades como hacia la aplicación de impuestos”. Y agrega: “La eliminación del estatus de Harvard, que no sucederá porque somos una nación de leyes, si sucediera, devastaría el progreso en la investigación médica y científica, el mantenimiento de los valores estadounidenses y occidentales, las oportunidades para la próxima generación de estadounidenses y un importante imán para Estados Unidos en el mundo”.
“Esta es una crisis para Estados Unidos, pero también para el mundo”, dice el FT. El sistema universitario estadounidense, con sus 1,5 millones de profesores, es el que cuenta con más recursos de la historia mundial. Se basa en “riqueza más escala más libertad intelectual más inmigración. (Los académicos más destacados son inmigrantes en una proporción desproporcionada)”, afirma. En tanto, ya son más de 300 los estudiantes extranjeros detenidos en Lousiana con su visa cancelada y esperando la expulsión.
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