Escribe Magalí Maza
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El Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca arrancó el año académico anunciando el cierre de carreras en casi todos los Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia.
En el Instituto Clara J. Armstrong se eliminarán los profesorados de Lengua y Matemática. El argumento del Ministerio consiste en que existiría una sobreoferta de egresados en estas carreras, lo que dificultaría su posterior inserción laboral. O, en palabras de la Secretaria de Gestiones Educativas: "hay más oferta que demanda". Una visión puramente mercantilista de la educación, que deja en claro que la medida no responde a ninguna planificación pedagógica, sino a una orientación de ajuste educativo liso y llano.
Si bien aún no existe una resolución ministerial que le dé carácter legal al cierre de carreras, las inscripciones a las mismas se encuentran cerradas desde el año pasado. Esto se debe a que, a principios de 2024, el Ministerio dispuso “suspender temporalmente las inscripciones a las mencionadas carreras a fin de permitir que el personal docente pueda enfocarse en el fortalecimiento de los aspectos mencionados y garantizar una formación de calidad”. Un invento del Ministerio para disfrazar lo que en los hechos terminó siendo el cierre definitivo de las carreras.
Durante el proceso de suspensión, se trasladó la responsabilidad de “garantizar una formación de calidad” a docentes y autoridades del instituto, quienes tuvieron que diseñar programas de contención y sistemas de tutorías para los estudiantes de los primeros años. Los docentes incluso sacaron de su propio bolsillo para difundir y promover las carreras en la Expo Carreras -jornada organizada por el gobierno para dar a conocer la oferta académica- generando confusión y falsas expectativas tanto entre los posibles ingresantes como entre la comunidad educativa en general.
La incertidumbre generada por la discontinuidad y el posterior anuncio de cierrre ya generó una deserción masiva de estudiantes avanzados a quienes nunca se les brindó información detallada de cómo seguir, vulnerando el derecho a la educación de los estudiantes.
Este proceso de cierre solo puede entenderse como parte de una estrategia más amplia de vaciamiento de la educación pública. El supuesto “exceso de oferta” es una falacia que encubre la responsabilidad del Estado en el desmantelamiento sistemático de los institutos: no hay inversión en infraestructura, se recortan becas, no se garantiza estabilidad laboral ni salario digno para los docentes. A principio de año, sin ir más lejos, el gobierno dio de baja a 279 docentes de nivel superior de toda la provincia que ya habían concursado, con la excusa de un supuesto error.
Este ataque no es aislado. Responde a una política educativa de conjunto, impulsada por el gobierno liberticida de Milei y su ofensiva contra las universidades, los derechos laborales y las condiciones de vida de la clase trabajadora. El gobierno provincial, a su vez, actúa como ejecutor local del ajuste nacional.
Frente a esto, desde el Centro de Estudiantes convocamos a reuniones abiertas con docentes y estudiantes, recorrimos los medios y realizamos una clase pública para denunciar y visibilizar esta situación. Todas estas acciones contaron con un fuerte apoyo de la comunidad, especialmente en nuestro instituto.
Llamamos a organizar asambleas abiertas, a exigir la inmediata restitución de las carreras cerradas, y a poner en pie nuevamente la Coordinadora de Estudiantes en Lucha, para discutir un plan de acción unificado en defensa de la educación pública.