A un cuatrimestre de arancelarse: novedades sobre los cursos de extensión de Filo-UBA

A semanas de finalizado el primer cuatrimestre -el primero en que se tuvo que pagar para hacer un curso de extensión- van surgiendo algunos elementos que ponen de relieve el negociado que logró introducir la gestión de Ricardo Manetti.

Los cursos, que en su mayoría se dictaron de forma virtual, se dividen en distintos formatos según su carga horaria (curso, taller, seminario, etc.) a los que se aplican distintos aranceles (durante el primer cuatrimestre fueron de $30.000 hasta $90.000 para estudiantes argentinos). Los aranceles son determinados unilateralmente por la Secretaría de Extensión. Además, si bien los nodocentes y estudiantes en condición regular pueden ser eximidos del pago, se les exige presentar documentación que así lo acredite. El flagelo que el arancel supone a la gratuidad universitaria y al objetivo que debe tener la oferta de extensión se desarrollaron en una nota anterior.

Para iniciar el curso la gestión exige un cupo mínimo de 10 inscriptos, caso contrario el curso se da de baja. De esta manera, la gestión se garantiza un piso mínimo de ingresos monetarios por curso ofertado. Se trata de un criterio mercantil que prioriza el cobro del arancel antes que el dictado de los contenidos propuestos. La gestión tampoco se hace cargo de los dispositivos y la conectividad necesaria para el dictado de las clases virtuales, que recaen sobre el docente y los estudiantes.

El 40% de lo recaudado se lo embolsa la Facultad en concepto de "recursos propios". Lo restante se destina a pago de honorarios a los docentes, para lo que la gestión exige la emisión de factura. Pero sucede que, como la mayor parte de quienes dictan los cursos trabajan como docentes y tienen cuenta a sueldo -no monotributo- el cobro de los honorarios queda imposibilitado, ya que tampoco se justifica la inscripción al monotributo para facturar por única vez y por un monto tan bajo. Como alternativa a la imposibilidad del cobro, la gestión sugiere "donar" esos honorarios a la Facultad. De esta manera, en muchos casos la Facultad también se asegura el 60% restante correspondiente a los honorarios docentes.

La exigencia de la facturación como única forma de cobro y la sutileza de la "donación" como alternativa, dejan al descubierto las maniobras con las que la gestión busca embolsarse la totalidad del arancel. Se trata de una estafa, porque hace recaer la imposibilidad del cobro sobre el docente, cuando es la Facultad la que debe garantizar el pago de los honorarios. Queda claro, como denunciamos en su momento, que la necesidad de arancelar los cursos para poder remunerar el trabajo docente, como defendían los laderos estudiantiles y docentes de la gestión, es una completa farsa. Bajo el pretendido "reconocimiento salarial" se esconde un negociado más que engrosa las cajas chicas de la gestión.

Seguiremos difundiendo esta situación entre los estudiantes bajo la comprensión de que con el arancelamiento de los cursos de extensión se abre otro frente (además de los posgrados y los cursos del Laboratorio de Idiomas) por el cual progresivamente se arancela la oferta académica y se ataca la gratuidad universitaria, en línea con la política de los recursos propios que promueve el gobierno como alternativa al ahogo presupuestario.

La reconquista de la gratuidad de los cursos, a la vez que un salario para quienes los dictan, debe estar en la agenda de lucha de este segundo cuatrimestre.