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La demanda de Harvard, la universidad más poderosa de Estados Unidos, para que la Justicia declare ilegal el recorte de fondos federales que le infligió Donald Trump tuvo un efecto dominó expresado en el rechazo de más de 200 presidentes (rectores) a los intentos de pulverizar la libertad académica y controlar desde los planes de estudio hasta la actividad docente y estudiantil por vía de la extorsión política y económica. El presidente de Harvard, Alan Garber, advirtió que las “exigencias radicales e intrusivas” del Gobierno “impondrían un control sin precedentes e inadecuado sobre la universidad”, con “graves consecuencias en la vida real para los pacientes, los estudiantes, el profesorado, el personal, los investigadores y la reputación de la educación superior estadounidense en el mundo”.
Presidentes y decanos de universidades como Brown, Princeton, Stanford, Yale, Columbia o la propia Harvard, criticaron duramente la "extralimitación gubernamental", señalando que la presión financiera ejercida por Washington "pone en peligro la educación superior estadounidense".
Para imponer una mordaza definitiva a las críticas a Israel y extirpar las políticas de diversidad que favorecen a las minorías, Trump quitó más de 2.200 millones de dólares a los 9.000 millones de fondos federales que recibía Harvard, cancelando una partida vital para sufragar becas y programas de investigación médica que afectan incluso el funcionamiento de los hospitales universitarios. Además, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación de una ayuda de 2.700 millones y exigió un registro de "actividades ilegales y violentas" de estudiantes internacionales, una demanda de persecución totalmente por fuera de la ley.
Todos los días hay una novedad que agudiza el acoso gubernamental contra la educación superior. En un correo electrónico filtrado a la revista Nature y publicado en X el lunes, un alto funcionario de los Institutos Nacionales de Salud ordenó la suspensión de la concesión de subvenciones a las universidades de Harvard, Brown, Columbia, Cornell y Northwestern, sin dar ninguna razón para los recortes. Las subvenciones del año pasado a estas instituciones ascendieron a 1700 millones de dólares.
Harvard puede permitirse resistir, porque es la universidad más rica (más de 50.000 millones de fondo de reserva patrimonial) y la más antigua (338 años) del país. Las autoridades que en un principio se habían doblegado a las exigencias del Ejecutivo reaccionaron cuando el campus expresó un profundo malestar: más de 800 docentes firmaron una carta impulsada por un profesor, Steven Levitsky, que exigía que Harvard se defendiera, a sí misma y a la libertad académica, mediante “una oposición coordinada a estos ataques antidemocráticos”.
En línea con las capitulaciones en cadena de prácticamente todas las autoridades universitarias a los aprietes de Trump, el comunicado sin embargo abre una vía de negociación: “Estamos abiertos a una reforma constructiva y no nos oponemos a una supervisión gubernamental legítima”.
Trump contestó el desplante de Harvard a su manera, amenazando con revocar el carácter de “libre de impuestos” a las universidades rebeldes. Según la legislación, la mayoría de las universidades están exentas del impuesto federal sobre la renta porque se considera que “funcionan exclusivamente” con fines educativos públicos (aunque sean instituciones privadas). Y agregó dos órdenes ejecutivas. Una obstaculiza las donaciones del exterior. La segunda reforma el sistema de acreditaciones descartando la llamada discriminación positiva que desde la década del 60 facilitó el acceso a los estudios superiores a las mujeres y a las minorías étnicas y de orientación sexual. También vomitó en las redes sociales que Harvard "es una institución antisemita y de extrema izquierda, al igual que muchas otras, donde se aceptan estudiantes de todo el mundo que quieren destrozar nuestro país". Obvió que en sus claustros se formaron ocho presidentes norteamericanos.
La Asociación Americana de Profesores Universitarios, dura crítica del gobierno, retrucó: “La orden ejecutiva de Trump sobre la acreditación es otro intento de dictar lo que deben enseñar, aprender, decir y hacer los estudiantes universitarios y los profesores... tiene por objeto arrebatar a los educadores la capacidad de tomar decisiones en materia de educación y remodelar la educación superior para adaptarla a una agenda política autoritaria”.
También senadores del Partido Demócrata, en una carta, donde urgieron al gobierno a “dejar de lado el uso del antisemitismo como un arma política para atacar" a las universidades. Los senadores, entre los que se encuentra el líder de la bancada demócrata, el sionista liberal Chuck Schumer, acusaron a Trump de valerse de "una crisis real como pretexto para atacar a personas e instituciones que no están de acuerdo con él".
En tanto, desde finales de marzo, al menos 1.024 estudiantes extranjeros de 160 facultades han visto revocadas sus visas y más de 300 están presos en Louisiana, a la espera de la deportación.
La pulseada tiene final abierto. Meter mano en la educación superior es un proyecto largamente acariciado por la derecha republicana y religiosa desde mucho antes de que en un centenar de campus se multiplicaran las movilizaciones contra la masacre el Gaza. La Fundación Heritage (el “disco duro del trumpismo”) propuso usar “tácticas antiterroristas para ‘perturbar y degradar’ el activismo estudiantil en nombre de la lucha contra el antisemitismo”.
Las exigencias de Washington parecían resumirse en dos: el combate a muerte a la solidaridad con Gaza y la anulación de los criterios de diversidad, equidad e inclusión, la llamada “discriminación positiva”. Pero hay más que eso.
Esta semana, el gobierno envió mensajes de texto a los teléfonos personales de la mayoría de los profesores de la universidad Barnard College, afiliada a Columbia, para preguntarles si eran judíos o israelíes y si habían sido víctima de actitudes antisemitas como por ejemplo ver carteles o grafitis que criticaran a Israel o si habían oído comentarios y bromas “desagradables”.
“Que el Gobierno federal se ponga en contacto con nuestros celulares personales para identificar quién es judío es increíblemente siniestro”, afirmó Debbie Becher, profesora asociada de Barnard, que es judía y recibió el mensaje. “Barnard ha sido cómplice y ha colaborado con el gobierno en su falsa campaña contra el antisemitismo durante más de un año” - afirmó Becher--. Esta administración de nacionalistas blancos nunca se ha interesado por el antisemitismo, es una administración llena de odio. Es ridículo decir que están protegiéndonos del antisemitismo”.
Estallado el escándalo, las autoridades tuvieron que admitir que habían entregado al gobierno la información de contacto personal con el cuerpo docente, avanzando un paso más en el descrédito de la universidad, que hace meses se somete a las presiones gubernamentales y no ha ensayado la más mínima defensa de sus alumnos detenidos o en riesgo de deportación.
La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) está investigando a Barnard por posibles prácticas antisemitas. La EEOC fue creada hace 6 décadas como una agencia independiente para controlar el cumplimiento de las leyes contra la discriminación por raza, religión, edad u orientación sexual en los lugares de trabajo. Trump la ha convertido en un ariete contra los programas nacionales para reforzar la «DEI» -diversidad, equidad e inclusión- y para atacar al profesorado alegando que beneficiar a las minorías más pobres, como negros o hispanos, discrimina a los blancos, lo que Trump describe como “ilegal e inmoral”.
Profesores y alumnos afirman que estas encuestas tienen la función de impulsar la delación entre compañeros.
Otro relevante dato de esta semana muestra que la persecución en los claustros empieza a delinear los contornos de la guerra mundial en la que está embarcado el imperialismo.
A fines de marzo, la Universidad del Sur de California recibió una solicitud del gobierno en la que se exigía información sobre casi 6.000 estudiantes chinos. Este jueves, policías armados para la guerra patearon las puertas y violentaron los domicilios de estudiantes propalestinos en Anne Arbor, el pueblo de cuentos de hadas donde está la Universidad de Michigan, que tiene en su campus cinco hospitales, entre ellos dos en los que solo se enseña en chino.
Entre los estudiantes que demandaron al gobierno norteamericano por cancelarles la visa arbitrariamente, también hay varios chinos y varios indios patrocinados por la Unión Americana de Libertades Civiles.
La guerra mundial también se libra en las universidades norteamericanas.
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Trump le declara la guerra a las universidades norteamericanas Por Olga Cristóbal, 16/04/2025.
