Acuerdo con el FMI : Argentina reconoce la deuda que los fondos buitres llevaron a juicio en los tribunales internacionales
Escribe Aldana González
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El último acuerdo con el FMI es un acta de expoliación en varias dimensiones.
Entre todos los compromisos que el Gobierno asume a nombre del país, en la letra chica del acuerdo con el FMI, reconoce como ivo la deuda generada al haber perdido el juicio de YPF -por su nacionalización en 2012- en los tribunales norteamericanos de Loretta Preska.
En el acuerdo se asume que si la causa -como se prevé- termina, en última instancia, siendo negativa para la Argentina, habrá que pagar un monto que tiene como piso los US$ 16.000 millones que la jueza norteamericana dictaminó como sentencia.
También los tenedores de bonos que litigan contra el país, porque alegan haber sido estafados por la manera en que se midió el PBI en 2013, fueron nombrados (en este caso explícitamente) por el FMI en el texto de aprobación del Facilidades Extendidas. En este caso, se trata de una causa en Londres por unos US$ 1.600 millones, y la sentencia es definitiva.
En ambos casos, la sumas en disputa son discutidas por diversos economistas a quienes las cuentas les dan cifras muy menores.
En total, por ambas causas, la Argentina asumió formalmente ante el organismo que maneja Kristalina Giorgieva deudas por unos US$ 17.600 millones. Unos U$S 2.800 millones menos que el total del dinero que el Fondo le prestó a la Agentina.
El fondo buitre Burford había comprado el 70 % de la causa YPF y actualmente sostiene bajo su propiedad el 30 %. El 40 % que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso y su precio iba en incremento otorgándole a Burford ganancias extraordinarias (Perfil, 25/04).
Burford, luego de comprarle el caso a la Justicia de Madrid, donde estaba radicada la causa por ser la residencia legal de Repsol-YPF, mudó sus intereses a Nueva York.
La causa se basa en el reclamo de Burford por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó la petrolera, sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada por Carlos Menem. Allí el país se comprometía ante Wall Street, donde se lanzó la oferta de las ADR de la petrolera, a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta similar o superior por el total de las acciones remanentes.
En el caso del cupón PBI, según los bonistas demandantes, el gobierno de Cristina Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía, alteró la base de cálculo para que el crecimiento final del PBI de ese año no superara el 3,22 % y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI. El INDEC calculó para ese año un crecimiento del 2,9 %, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores.
En todos los casos, el primer crimen es reconocer a cualquier tribunal extranjero como entidad jurídica válida para dirimir conflictos en los cuales los capitales foráneos son parte y, por lo tanto, representados implícitamente por todos los poderes de sus Estados, incluido el judicial. Ninguna ley burguesa cuestiona la legitimidad de la compra y venta de derechos.
Este acuerdo con el FMI no hace sino ratificar esa entrega de soberanía nacional que tuvo su inicio con los gobiernos nacionales y populares, quienes siempre reconocieron la validez de los fallos de tribunales foráneos, pero al mismo tiempo da cuenta de una profundización de las relaciones de sometimiento.
