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En medio de la pandemia que ya se llevó la vida de más de 100.000 personas, de la crisis constitucional por la apertura de la economía y una ola de protestas en todo el país por la violencia del estado policial tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis, EEUU también es noticia por la deportación de más de 1.000 niños sin comunicárselo a sus familias y dejándolos abandonados a su suerte en los países de los cuales huyeron.
Los niños habían sido separados de sus padres por bajo la política de la criminal “ICE” (Inmigración y Aduanas) creada para afianzar la política de expulsión de migrantes “legales e ilegales”: “A partir de 2017, el gobierno traumatizó a miles de niños al separarlos de sus padres en la frontera. Los funcionarios de la administración también han permitido el deterioro de jóvenes migrantes en sucias celdas de la Patrulla Fronteriza, sin supervisión de adultos y argumentaron en la corte que los niños no tenían derecho legal a cepillos de dientes o jabón” (NYT, 15/5). Las deportaciones violan el derecho legal de solicitar asilo y las leyes especiales para niños no acompañados, basados en razones de salud pública. Son violaciones a los derechos humanos básicos.
Es un ataque fascista contra los inmigrantes bajo el argumento de la lucha contra la pandemia, usando las leyes de la emergencia sanitaria. Trump usa una ley de 1944 que le concede facultades para impedir que los extranjeros entren al país a fin de eludir la “grave amenaza” de una enfermedad peligrosa. Esto no le impidió expulsar a menores que habían cruzado antes de la declaración de la pandemia.
Trump habla de defensa de la salud pública para expulsar velozmente inmigrantes, pero no para frenar la producción y defender la vida de los trabajadores. De hecho, quiere condicionar el cobro del bono de 1.200 dólares (2.400 para la familia) a la vuelta al trabajo, para incentivar a que los trabajadores no se queden en casa, y expongan a su familia y barrio. El país cuenta con más de 100.000 muertos, de los cuáles, según un estudio, se podían haber evitado el 80% con una cuarentena temprana y duradera. La amenaza para la vida de los norteamericanos es la decadente parásita burguesía.
Trump propaga muerte
Chad Wolf, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que la política había sido “una de las herramientas más cruciales que el departamento ha usado para prevenir una mayor propagación del virus y proteger al pueblo estadounidense, a los funcionarios del DHS en la línea de combate y a los pacientes con COVID-19 que están bajo su cuidado y custodia” (NYT, 22/5).
Sin embrago, la propagación del virus viene de estos centros de detención ilegales, virtuales campos de concentración de inmigrantes en todos el país (en donde se registran casos de violencia, muertes y violaciones): “Los centros de detención de ICE son focos para el virus, con 85 casos ya descubiertos en Nueva York y Nueva Jersey. Hasta el 11 de mayo, 36 personas dieron positivo en Nueva Jersey. Cuatro miembros del personal del Centro Correccional del Condado de Hudson en Kearny, uno de los cuatro centros de detención del estado, murieron a causa de Covid-19” (NYT, 15/5). Desde el brote de coronavirus en marzo, ICE suspendió visitas sociales y limitó las comidas y los tiempos de recreación. Cerca de 30.000 personas están detenidas en estas condiciones. De acuerdo con los más de 4.000 médicos que enviaron una carta a ICE exigiendo la liberación de aún más personas “para evitar muertes evitables” (ídem). Hasta el 11 de mayo, ICE informó que de los casi 1.700 detenidos que habían sido examinados, aproximadamente la mitad había recibido resultados positivos para el virus. En las puertas de las prisiones manifestantes levantan la consigna #FreeThemAll (liberen a todos).
Jennifer Nagda, directora de políticas del Centro Juvenil para los Derechos de los Niños Inmigrantes. “No hay forma de saber si los han puesto en manos de traficantes o si están en peligro”. En muchos casos fueron deportados solos, sin notificar a sus familias, exponiéndolos a mafias, bandas criminales, y a todo tipo de violencias. La UNICEF denunció las expulsiones y detalló que los niños además son discriminados en las comunidades que llegan porque temen que estén contagiados con el nuevo coronavirus. Los principales países de deportación son México, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Joe Biden, ex vicepresidente y candidato demócrata, dijo que no estaba de acuerdo con las deportaciones. Pero él y Obama (2009-2017) deportaron más de tres millones de personas e impusieron una “cuota” de deportación diaria. La propia campaña de Biden compite con la de Trump para ver quién de las dos en más “anti China”, lo que ha ocasionado más de 17.000 “delitos de odio” contra asiáticos en EEUU en los últimos meses.
Todos los migrantes detenidos deben ser liberados y se les deben garantizar plenos derechos. ICE debe ser abolida como así toda la legislación contra los inmigrantes. También se deben liberar a los presos que corresponda según órdenes médicas y sanitarias, para evitar que las cárceles se conviertan en incubadoras de la pandemia. La clase obrera norteamericana tiene que reorganizar la producción según las necesidades sanitarias, garantizando plenos ingresos para todas las familias ocupadas y desocupadas. Las principales industrias tienen que pasar al control de los trabajadores para evitar la propagación de la enfermedad, reconvertir su industria en función de los intereses sanitarios y poner todos los recursos disponibles para organizar una respuesta global, obrera y socialista, a la pandemia y la crisis capitalista.
