Masiva autoconvocatoria por los derechos de las personas con discapacidad

El jueves 29, organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios marcharon al Congreso de la Nación y distintos puntos del país contra los recortes que afectan al sector. Denuncian el desfinanciamiento que se agudizó durante el último año bajo el gobierno liberticida. La medida fue acompañada por un paro de alcance nacional y, en el caso de CABA, la acción confluyó con la movilización en defensa del hospital Garrahan. Está planteado volver a movilizar este 4 de junio, día en el que se trataría en Diputados la ley de Emergencia en discapacidad.

Una convocatoria masiva

La medida contó con más 30 adhesiones de organizaciones de personas con discapacidad, de familiares, de prestadores independientes, organizaciones políticas, asambleas barriales y más de 400 adhesiones de centros de todo el país. Además de Plaza Congreso en CABA, se realizaron concentraciones en San Nicolás, Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, Mercedes, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Posadas (Misiones), Entre Ríos, San Juan, Rio Negro, La Rioja, San Luis y Chubut.

Entre los reclamos, se encuentran el recorte y cancelaciones de prestaciones y la falta de aumento de los aranceles fijados en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, que fija las retribuciones que las obras sociales y prepagas están obligadas a cubrir para los prestadores de servicios en discapacidad. También reclaman por las demoras en los pagos de las prestaciones. Malena Amarilla, licenciada en psicología y fundadora del equipo terapéutico llamado AmaRed reveló que “Actualmente, estamos cobrando la sesión 12.370 pesos por el nomenclador de Nación. La verdad que es una miseria” (La Nación, 29/05/2025).

Otra de las denuncias es el recorte de las pensiones no contributivas por invalidez (PNC), las demoras en el otorgamiento de las mismas y las auditorías que someten a las personas a hacer largas filas en las distintas oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo la amenaza de una posible baja.

El Gobierno liberticida argumenta haber detectado irregularidades en las adjudicaciones de las pensiones por parte de administraciones pasadas. Estas “auditorías”, sin embargo, son realizadas por agentes declarados de las prepagas en la salud pública, no por organizaciones responsables de los afectados. Con un discurso fascista y manipulando la información, justifican la motosierra contra las personas con discapacidad. De esta forma, limitan el acceso al ya miserable estipendio que constituye esa pensión contributiva. Hace unos días se filtró la respuesta que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo le dio a una madre con su hijo autista: "Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?”, lo que detonó aún más la bronca. Estas declaraciones, además, expresan la orientación privatista del gobierno que considera que sólo deben acceder a un tratamiento quiénes puedan pagarlo.

La convocatoria del 4 y la Ley de Emergencia en Discapacidad

Este miércoles 4 de junio, está convocada una nueva movilización que confluirá con la concentración de todos los miércoles de los jubilados y el Ni Una Menos. Ese día se trataría en Congreso un proyecto de Ley para “declarar la Emergencia en Discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive”. El proyecto cuenta con al menos tres dictámenes en comisión, lo que permite su ingreso al recinto. La “emergencia” que se planteará en el Congreso, sin embargo, no responde a las necesidades de las personas con discapacidad: establece para ellas una pensión no contributiva equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio, la quinta parte de la actual canasta de pobreza. Es la legalización de un status de indigencia para el discapacitado. Por otra parte, la “emergencia” no asegura el cumplimiento del cupo laboral en el Estado ni establece uno similar para las empresas privadas; prolonga, de este modo, la condena al desempleo para una parte importante del colectivo de personas con discapacidad.

La marcha del miércoles reunirá a miles de trabajadores y prestadores que hoy cobran monedas por sus actividades. El reclamo por la actualización de sus retribuciones es urgente. En una perspectiva más general, es necesario señalar que el régimen de contratación a profesionales y prestadores que existe actualmente es un parche: disimula al desmantelamiento del sistema público de salud, el cual debería asegurar las atenciones por discapacidad en su propio ámbito -en hospitales, salas y atención domiciliaria- con profesionales de todas las disciplinas trabajando con estabilidad laboral y un salario que cubra la canasta familiar.

La lucha del colectivo y familias de Discapacidad forma parte de una tendencia nacional de autoconvocatorias, que el miércoles tendrá en otro episodio importante en la plaza Congreso.

Este miércoles 4 vamos con todo, en defensa de los jubilados, la salud pública y los derechos de las personas con discapacidad. Unidad de los trabajadores.