Proyecto parlamentario de financiamiento universitario: de nuevo un callejón sin salida

El miércoles 28 se presentó en el Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario elaborado conjuntamente por el CIN, que nuclea a los rectores, y por la burocracia de las federaciones docentes, no docente y estudiantil, agrupadas en el Frente Sindical y la FUA. Ese día, hicieron una concentración frente al Congreso y participaron de un encuentro en la Cámara de Diputados para discutir el financiamiento universitario, con representantes de distintos bloques políticos (UxP, UCR, CC, FITU, entre otros), algunos de los cuales ya anticiparon que acompañarán el proyecto. El tema se trataría primero en comisión y se llevaría al recinto el 19 de junio.

La dirección del CIN planteó que es una propuesta "razonable porque busca una solución de fondo sin comprometer fiscalmente (sic) al Estado". De este modo, el Consejo de Rectores hace una concesión inadmisible a la política de ajuste fiscal que está llevando adelante el gobierno, que tiene a los salarios, las jubilaciones, la salud y la educación como sus blancos privilegiados.

El nuevo proyecto de ley reitera y acentúa los defectos que tenía el de 2024. Aunque su articulado plantea recomponer los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 y convocar a paritarias trimestrales, con aumentos atados a la inflación; ampliar e incrementar las becas estudiantiles; y actualizar los gastos de funcionamiento según el índice de precios del consumidor (IPC); todo esto se convierte en papel mojado en la medida en que, como ocurrió en la versión anterior, nuevamente "encomienda" al Poder Ejecutivo a que lo ejecute y lo lleve adelante. Es decir, el proyecto no establece ni dispone el aumento del presupuesto universitario, de los salarios y las becas, sino que delega esa decisión en el mismo gobierno que los está destruyendo conscientemente en vistas de liquidar y privatizar la universidad pública. No se entiende entonces de dónde saca que no compromete fiscalmente al Estado, cuando ni se toma el trabajo de asignarle un monto al presupuesto. El proyecto se atiene al método que reserva al Ejecutivo la responsabilidad presupuestaria y al Congreso la facultad de aprobarlo o no. Es el método que ha llevado a que el Presupuesto actual sea una prórroga por segundo año consecutivo del de 2023, lo que ha permitido el avance de la motosierra contra el pueblo, mientras se mantiene la mano abierta para los capitalistas.

El proyecto no enfrenta el desafío de Milei, que exige que se especifique de dónde saldrían los fondos, para que la iniciativa diga claramente que hay que gravar las ganancias abusivas de los especuladores de la deuda pública y la Bolsa y poner fin a las exenciones impositivas de las patronales. En cambio, el texto propone calcular una "proporción universitaria" sobre los fondos nacionales coparticipables, que se asignaría mensualmente a la educación superior. De este modo, el financiamiento universitario quedaría supeditado a la recaudación impositiva y podría hacerse a costa de otros gastos igualmente importantes -como salud, obra pública, o subsidios a medicamentos o discapacidad-.

Siguiendo lo establecido en la ley de financiamiento educativo, el proyecto plantea una meta de inversión en educación superior del 1,5% del PBI para 2031. Se trata de una declaración de intenciones, y ni siquiera eso, porque para esa fecha, Argentina destinará la mitad de los ingresos del Tesoro al pago de los intereses de la deuda pública.

Por último, el proyecto establece la creación de un fondo anual de $10.000 millones para carreras "que se definan fundamentales para el desarrollo del país" -como las vinculadas a la inteligencia artificial-, que será administrado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias y por el CIN. ¿Pero cuáles son esas carreras consideradas estratégicas? El gobierno ya las definió en la resolución 10/2025 que prioriza la agroindustria, la minería, la energía y la economía del conocimiento y deja afuera al resto de las disciplinas. El proyecto de ley no contradice, sino que va en línea con esa senda privatista que subordina el conocimiento y los planes de estudio a las necesidades del gran capital.

De conjunto, el proyecto elaborado por el CIN y las burocracias en el Frente Sindical y la FUA, es un retroceso en toda la línea frente a la política de Milei. Esto no sorprende, porque son los mismos sectores que, desde el año pasado, se han empeñado en planchar y encajonar la lucha universitaria que irrumpió con fuerza en las marchas y las tomas de 2024. Esas direcciones se negaron sistemáticamente a desarrollar un plan de lucha para este cuatrimestre, a pesar de que la crisis presupuestaria y salarial se ha agravado notablemente. Ahora quieren que el movimiento universitario marche detrás de este callejón sin salida. Docentes, estudiantes, no docentes, investigadores tenemos el desafío de superar esa orientación.

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