Escriben Elena Florín y Patricia Urones
El gobernador monta campañas de persecución contra la comunidad mapuche, y bloquea la ayuda para los damnificados.
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Cinco meses después de los feroces incendios que se desataron en el verano en la Comarca - Mallin Ahogado, Bolsón y Epuyén- la asistencia estatal prometida no aparece. Los pobladores de Epuyén se organizan y reclaman por la carencia de recursos para la reconstrucción de sus viviendas y de sus emprendimientos.
En una movilización a la intendencia de la localidad, denunciaron la ineficiencia del intendente José Contreras y la complicidad del gobernador Ignacio Torres que, aparentemente, está reteniendo el aporte de 7.000 millones de pesos del gobierno nacional destinados a la reconstrucción. Marcharon al Hospital, al Concejo Municipal y al Servicio de Protección de Derechos. Declararon que “estamos avergonzados de las instituciones municipales que nos dan la espalda a cinco meses del incendio” y que “son más de 200 familias las que resultaron afectadas por el incendio, de las cuales 80 han perdido absolutamente todo, incluso los vehículos. La ayuda que llegó de la provincia no es para todos. Entregaron 20 millones de pesos, pero arbitrariamente excluyen a algunas familias. Por otro lado, son váuchers y los podemos cambiar por materiales solo en El Bolsón, a 50 kilómetros o en Esquel, a 120 kilómetros. Además, esa ayuda es insuficiente: te sirve para el techo o el piso nomás”.
El gobernador Nacho Torres, en el momento más crítico de los incendios, montó una campaña persecutoria contra el pueblo mapuche, a quien asoció con una organización inexistente, la RAM, a la cual ha caratulado como “organización terrorista”. La asociación del pueblo mapuche a una organización “terrorista” tiene el objetivo de generar un andamiaje legal para señalar a todo mapuche como terrorista. En la disputa que lleva el gobierno provincial de Chubut contra las comunidades por el control de la zona andina del noroeste, este accionar es muy conveniente, para legitimar el desalojo. Las comunidades denuncian que el gobierno intenta hacerse del control de la zona de los acuíferos para alimentar la actividad minera, que también es motivo de disputa, entre el gobierno y la población. Chubut posee importantes reservas de uranio, oro y cobre, entre otras, hoy en plena disputa entre Estados Unidos y China, en plena guerra por el control de las cadenas de producción. Mekorot, la empresa estatal de Israel que roba agua a los palestinos para alimentar el genocidio contra este pueblo, es la encargada de llevar a adelante los proyectos para, en este caso, robar agua a los bosques y habitantes de los Andes y Chubut para alimentar la industria minera, que alimenta a su vez la industria armamentista. En todo el accionar del gobierno de Ignacio Torres, desde enero a esta parte, hay una lógica que responde a un mismo objetivo: militarización y control de la Patagonia para la entrega de los recursos a los capitales de los países de la OTAN. Es en este punto en el cual el gobernador está completamente alineado a la política del gobierno de Milei. El Estado se ha convertido en el principal conspirador contra la salud de la población.
En este punto, la organización de la población y su reunión en asambleas para discutir sus reclamos y un método de acción es un síntoma de salud política y lucidez pues, con esta acción, enfrentan un régimen que, primero genera los incendios, luego encubre a los culpables y emprende una persecución contra los mapuches y, por último, empuja al exilio a los habitantes. Los intereses de la industria forestal, hídrica, turística y minera son los responsables de los incendios. La población debe asumir la defensa de la vida y del medio ambiente.
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