El gobierno de Haití le entrega la seguridad del país a mercenarios norteamericanos

Según información de The New York Times, el gobierno haitiano firmó formalmente un acuerdo con Erik Prince -el fundador de la empresa Blackwater y donante de la campaña de Donald Trump- para patrullar contra las pandillas delictivas de Puerto Príncipe.

Blackwater es una compañía mercenaria implicada en operaciones militares cuestionadas -por torturas, asesinatos a sangre fría y corrupción- acusada de violaciones a los derechos humanos, como la masacre de Bagdad en 2007 en la que ejecutaron a 17 civiles. La empresa recibió millones de dólares por intervenir militarmente en Irak y en Afganistán y luego muchos de sus miembros fueron acusados y condenados por un Tribunal Federal de los Estados Unidos.

Recientemente, Prince -que en el pasado fue miembro de la fuerza de operaciones especiales de la Armada de los Estados Unidos- se mostró en Ecuador durante unos operativos en Guayaquil, en compañía de los ministros de Interior y Defensa del gobierno de Daniel Noboa. El año pasado, lanzó la campaña “Ya casi Venezuela”, buscando recaudar fondos para intentar un golpe militar contra el gobierno de Nicolás Maduro mediante la contratación de mercenarios, sin novedades hasta el momento. En realidad, Blackwater como grupo militar es un fracaso que solo logra lucirse contra población civil desarmada después de que esta se encuentra diezmada por ataques y bombardeos.

Por lo tanto, esta compañía de mercenarios opera como un brazo armado de Trump en América Latina.

El equipo de Prince ha estado operando drones en Haití desde marzo, que, según informes, causaron la muerte de más de 200 personas. Sin embargo, no se confirma la neutralización de ningún líder pandillero ni la captura de objetivos relevantes (TeleSur, 29/05).

Haití se encuentra en una crisis humanitaria. Las bandas armadas han tomado prisiones, incendiado comisarías y provocado el desplazamiento de un millón de personas. Masacran a la población civil a quemarropa para sembrar el terror y lograr la sumisión general. Al menos 4.239 personas fueron asesinadas y 1.356 heridas en Haití entre julio y febrero pasados con armas que llegan ilegalmente del extranjero. El contexto es de una miseria extrema. El 85% de la capital está en manos de los grupos criminales que se organizaron y unieron bajo el nombre Vivre Ensamble (Vivir juntos). Este cuadro grafica el fracaso de la última maniobra imperialista que consistió en introducir en el país fuerzas kenianas -también acusadas de crímenes y violaciones- durante el año pasado.

En 2021 ocurrió el magnicidio por parte de sicarios de Jovenel Moise, y hace un año, el presidente provisorio Ariel Henry fue destituido por el imperialismo en una reunión de mandatarios en Jamaica. Desde entonces Haití es gobernado por un gobierno de transición que actualmente está presidido por Alphonse Jean y que debería llamar a elecciones y no lo hace.

El contrato con Blackwater es una privatización de la injerencia imperialista en Haití y la demostración de que Trump intenta avanzar militarmente en América Latina. En Haití mercenarios, en Panamá despliega tropas, en Argentina discute una base militar. En Haití se perfecciona porque la cuenta de su propio martirio la pagarán directamente los haitianos.

Las autoridades haitianas no revelaron el monto del contrato con Prince. Según informes que trascendieron, éste busca expandirlo para incluir áreas como aduanas, recaudación de impuestos y otros servicios gubernamentales. Esto implicaría una verdadera privatización del Estado en favor de un grupo delictivo mercenario.

En realidad, la urgencia del gobierno por reforzar la seguridad no está dada por la violencia de Vivre Ensamble -la cual está vinculada al poder económico y político y recibe armas norteamericanas- sino por las crecientes movilizaciones encabezadas por los desplazados y los grupos de autodefensa que se están organizando en el pueblo haitiano y que han sido reprimidas con gases lacrimógenos y balas de goma.

Los barrios de Puerto Príncipe que no logran dominar las bandas están controlados por los grupos de autodefensa que se movilizan con palos, machetes y armas de fuego, y que han reemplazado a las fuerzas de seguridad en sus funciones.

Esto se da al mismo tiempo que Trump incluye a Haití entre los países que tienen vedado el ingreso a los Estados Unidos. Esta prohibición está generando un descalabro económico y social entre la burguesía haitiana que tiene sus negocios vinculados a Estados Unidos, y entre las familias que están repartidas entre ambos países. Es una catástrofe para pacientes que tenían fecha de operación o tratamientos en Estados Unidos financiados por fundaciones y que ahora tienen vetado el ingreso al país del norte. Muchos haitianos residentes en Estados Unidos evitan salir del país por miedo a no poder volver.

Este estado de situación es responsabilidad del imperialismo que -desde el golpe de 2004 contra Aristide- interviene militarmente al país con la excusa de brindar ayuda humanitaria y no hace otra cosa que empeorar las condiciones de vida de la población.

Cómplices de esto son todos los países que en estos años han enviado tropas bajo el mismo argumento, haciéndole pagar a Haití la condena histórica por haber sido el único país erigido por una revolución de esclavos.

El pueblo haitiano, sin embargo, insiste en autorganizarse contra todos sus verdugos.