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En las últimas semanas se publicaron en politicaobrera.com dos artículos del compañero Giannetti, de Pergamino, referidos el tema agrario, sector fundamental de la economía argentina que necesitamos estudiar. Escribo estas líneas para señalar lo que considero algunos errores históricos en su último artículo, “¿De nuevo una Junta Nacional de Granos?” (27/05/20):
- En el artículo se afirma: “Durante este período el peronismo tuvo una sociedad de hecho con la vieja oligarquía. Martínez de Hoz (padre del ex ministro de Videla) fue ministro de Agricultura y Ganadería del primer gobierno peronista.” Es incorrecto, Martínez de Hoz no fue ministro de Perón, sino que se desempeñó entre 1946 y 1950 como presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Los ministros de agricultura del gobierno peronista fueron Picazzo Elordy (hasta 1947), Emery (del 47 al 52) y Hogan (hasta junio de 1955); el primero de ellos era un hacendado socio de la SRA.
También es equivocado que el peronismo tuviera una sociedad de hecho con la “vieja oligarquía”: al contrario, al principio el gobierno peronista chocó con la burguesía rural por diferentes temas (Estatuto del Peón, Congelamiento de arrendamientos, algunas expropiaciones de latifundios y el IAPI), aunque las promesas de reforma agraria hechas durante la campaña electoral fueron rápidamente abandonadas una vez en el poder.
- “Inmediatamente posterior a la finalización de la segunda guerra, con la depresión de los precios internacionales de los cereales, el IAPI garantizó a los productores precios sostenes superiores a los del mercado internacional. Un subsidio directo al capital agrario.”
En realidad fue al revés, en los primeros años de la posguerra, el IAPI , que monopolizaba el comercio exterior, compraba las cosechas por debajo de precio de mercado internacional (la burguesía agraria recibía pesos al tipo de cambio oficial atrasado) y los saldos exportables los vendía al precio internacional , obteniendo una “ganancia” (es decir, se quedaba con una tajada de la renta agraria) que fue destinada a financiar las importaciones, las nacionalizaciones pagas de servicios públicos y subsidios a la atrasada burguesía industrial. A modo de ejemplo, por la comercialización del trigo el IAPI obtuvo en los años 1946/47 utilidades por $363 millones y de $532 millones en 1948. Y las exportaciones de maíz le generaron una ganancia de $89 millones y $464 millones en los mismos años (“Historia política, económica y social de la Argentina (1880-2000)”, M. Rapoport). La respuesta del capital agrario no se hizo esperar: disminución de áreas cultivadas, descenso “dramático” de la producción (la cosecha de maíz, que alcanzaba unos 10 millones de toneladas en 1942, bajó a 800.000 toneladas en 1949/50; la cosecha de trigo pasó de 8 millones de toneladas en 1940 a 5 millones en 1948), caídas de rendimientos y desinversión, siendo uno de los factores de la crisis económica a partir de 1949.
- Aunque no es el centro de la nota, se califica al gobierno de Insfrán como sojero “anti-campesino”: deberíamos estudiar detenidamente la cuestión agraria en Argentina y revisar algunos conceptos que el “progresismo” e incluso la izquierda electorera suele repetir (en defensa de los “campesinos”, de la “agricultura familiar”, contra la “oligarquía” y “los monocultivos” etc.). La realidad es que el MOCAFOR (Movimiento Campesino de Formosa) -integrante del Frente Nacional Campesino- y su dirigente Beningno López han apoyado sistemáticamente al gobierno kichnerista y el eterno Insfrán es un gobernador kichnerista (como antes fue menemista , duhaldista y hasta anduvo bien con Macri).Por otra parte, según los datos del último Censo Agropecuario Nacional, se destinan 24.484 has al cultivo de cereales (maíz, arroz, sorgo) , casi 6.000 has al cultivo de algodón, otras 6.000 has para las forrajeras anuales, 2.100 al girasol, 2.300 has para frutales y 6.000 a la soja, en una provincia que además tiene 1.700.000 cabezas de bovinos; por todo esto no se puede considerar que Formosa sea la expresión de un “modelo sojero”.
- Lo que ocurrió en las últimas décadas en nuestro país, desde el gobierno peronista de Menem, pasando por los 12 años de kichnerismo, ha sido un enorme y descontrolado avance de los intereses imperialistas en todas las ramas del agro y de la agro-industria: el conjunto de la producción agropecuaria está subordinada a las empresas extranjeras que dominan no solo el comercio exterior de granos, de aceites y de harinas, sino que también dominan la provisión de semillas y de agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, pesticidas, etc.), de maquinarias (tractores y cosechadoras), de tecnología y biotecnología. Lo inédito ha sido el proceso de concentración, la penetración del capital imperialista y el abandono de la burguesía nacional de amplios sectores de la agroindustria (tanto la que produce para la exportación como para el mercado interno). La industria fideera, la de galletitas, la láctea, la cervecera, la panificación industrial… en todos los sectores se ha visto caer a emblemas de la llamada burguesía nacional industrial (Bagley, Canale, Terrabusi, Matarazzo, Fargo, Quilmes, Vizzolinni, La Serenisima, etc.), estos capitalistas vendieron sus empresas y las marcas tradicionales, otras quebraron o se asociaron (como socio menor) a los capitales imperialistas.
- Por último quedan preguntas acerca de reivindicaciones que se proponen como la nacionalización de la gran propiedad agraria y de la tecnología aplicada: ¿Cuál sería el tamaño de la “gran propiedad” agraria? Según el último censo existen, aproximadamente, unas 250.000 explotaciones agropecuarias ¿Se soluciona el problema con la expropiación de “4.000 principales propietarios”, como propone el FITU? ¿Son lo mismo, por ejemplo, 1.000 hectáreas en Santiago del Estero que en la Zona Núcleo? ¿El poder obrero repartirá la tierra a pequeños productores? ¿Cómo nacionalizamos la “tecnología aplicada? ¿Se refiere a las maquinarias utilizadas? En muchos casos, los dueños de las máquinas son los llamados “contratistas” (pequeños capitalistas que venden los servicios de siembra y cosecha a los propietarios de campos, utilizando la mayoría de las veces mano de obra asalariada en negro) ¿La nacionalización implica la expropiación sin pago?
