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El golpe de Estado de septiembre de 1955, que derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón y lo proscribió por los siguientes 18 años, tuvo su ensayo general tres meses antes, el 16 de junio. Los bombardeos y balaceras que la Armada, con apoyo de la Fuerza Aérea, perpetró sobre la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, hace exactamente 70 años. La falta de respuesta del gobierno peronista dejó allanado el camino para su destitución tres meses después.
El modelo económico del peronismo se había agotado y la crisis se agudizaba desde 1952. Una inflación del 38 % anual se combinaba con un agotamiento de las reservas. La política económica del gobierno (“Plan de estabilización” de febrero de 1952) giró hacia una apertura al capital norteamericano y topes a los aumentos salariales. Las asambleas de base crecían y lograban romper los techos salariales del gobierno en una verdadera ola huelgística. Perón promulga la Ley de Convenios Colectivos en septiembre de 1953, que condiciona los convenios colectivos a la aprobación del Ministerio de Trabajo. Las conspiraciones golpistas contra el gobierno de Perón no habían logrado hasta entonces la adhesión de la mayoría de los sectores de las Fuerzas Armadas. Los intentos de golpe de Benjamín Menéndez en septiembre del 51 y de José Francisco Suárez en el 52 habían fracasado estrepitosamente. Sus instigadores, sin embargo, fueron rápidamente liberados y no hubo mayores represalias. Los golpistas tuvieron libertad para seguir conspirando.
En el campo civil, desde 1954 la Iglesia Católica se había pasado a la oposición y se tornó en uno de los pilares de la campaña golpista. Ese año se había roto la armoniosa relación que el Gobierno había mantenido con la Curia desde su llegada al poder. La iglesia comenzó una campaña sistemática por el derrocamiento del gobierno y se convirtió en el eje de reagrupamiento de los partidos “democráticos” que apoyarían el golpe. En junio de 1955, una marcha por Corpus Christi hacia el Congreso reunió a radicales, conservadores, nacionalistas, socialistas y comunistas.
Un sector de la Armada intentó precipitar el golpe, con la expectativa de que concitaría la adhesión de los sectores aún indecisos. El plan consistía en un ataque con aviones de la Armada y la Fuerza Aérea, con el apoyo de civiles armados, sobre la Casa Rosada con el fin de matar a Perón. Otros destacamentos tomarían diferentes emisoras de radio para anunciar la conformación de un nuevo gobierno y convocar a más sectores golpistas. El gobierno sería entregado a una junta cívico-militar integrada por Adolfo Vicchi (conservador), Américo Ghioldi (Partido Socialista) y Miguel Ángel Zavala Ortíz (UCR).
Al mediodía del 16 de junio de 1955, aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo y otros puntos de la ciudad. Los números de muertos y heridos nunca fueron precisos, pero un informe oficial calculó la masacre en 360 muertos y 1.000 heridos que, casi en su totalidad, se conformó por civiles que en ese momento se encontraban en la plaza. La intentona golpista, sin embargo, no despertó la adhesión del Ejército ni de las Fuerzas Armadas del interior del país.
La reacción popular fue inmediata. El prestigioso historiador Robert Potash afirma que “fue el peligro de que civiles armados pudieran irrumpir e incendiar el Ministerio de Marina lo que instó al ministro a iniciar su rendición ante las tropas del Ejército”, como el mismo ministro, Aníbal Olivieri, afirma en sus Memorias. Potash sostiene que “el asalto contra el edificio de la Marina fue llevado a cabo por trabajadores con armas presumiblemente suministradas por la CGT y por miembros del grupo nacionalista paramilitar Alianza Libertadora Nacionalistas (ALN)”. La hipótesis de que la CGT suministrara las armas (que efectivamente las tenía) e instigara el asalto al ministerio es poco plausible, ya que la propia central sindical llamó a concentrarse en las calles “sin violencia” contra el golpe. Su actitud ante la ofensiva golpista no se diferenció de la del propio Perón. La derrota del golpe continuó con una movilización popular contra los sectores golpistas, entre ellos la Iglesia católica. Perón no sólo no convocó a esas manifestaciones, sino que, como sostiene Potash, “existen ciertas pruebas de que hizo un esfuerzo por impedirlas”.
Una vez derrotado el golpe, Perón anunció que sus instigadores y participantes recibirían el máximo castigo. Sin embargo, el Gobierno terminó reculando incluso en esto. Sólo el almirante Toranzo Calderón, principal instigador del golpe, recibió una condena a cadena perpetua. Al resto de los miembros de la Marina y la Fuerza Aérea que participaron del golpe sólo se les dio de baja por rebelión.
El golpe frustrado, sin embargo, llevó a Perón a ceder ante los reclamos de las fuerzas golpistas. En primer lugar, reivindicó al Ejército, en cuyas filas el plan del golpe solamente todavía no había madurado. Por el contrario, minimizó la movilización de las masas y llamó a desmovilizar. Ordenó, además, la confiscación del arsenal en manos de la CGT. Eximiendo a los partidos “democráticos” que estuvieron detrás del golpe y de la masacre, en un discurso radial del 5 de julio llamó luego a la “conciliación nacional” y abrió los medios de comunicación a los golpistas. Llevó adelante un cambio total de gabinete, reemplazando a los ministros más cuestionados por los sectores conservadores. Otros funcionarios de jerarquía y dirigentes presentaron su renuncia ante las evidentes capitulaciones del presidente. El 29 de junio se levantó el estado de sitio y los detenidos en la intentona golpista quedaron en libertad.
Más adelante, Perón presentó la renuncia, que sometió a decisión del Congreso, la cual fue rechazada. Fue entonces cuando Perón pronunció su famosa sentencia “cinco por uno”, que no era otra cosa que la revelación de un estado de impotencia. En su discurso en el Congreso, el 15 de julio, Perón dio cuenta de su política claudicante: “La revolución peronista ha finalizado; comienza ahora una nueva etapa que es de carácter constitucional, sin revoluciones, porque el estado permanente de un país no puede ser la revolución. ¿Qué implica esto para mí? La respuesta es muy simple, señores: dejo de ser el jefe de una revolución para pasar a ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios”. Agregó además que dejaría actuar a sus “adversarios” “libremente dentro de la ley, con todas las garantías, derechos y libertades”. Libertades que los golpistas aprovecharon durante los siguientes meses para preparar el golpe que finalmente destituyera a su gobierno.
La izquierda jugó entonces un papel en favor de los golpistas. El PC y el PS habían participado de la Unión Democrática. La Izquierda Nacional, orientada por Abelardo Ramos, en junio del 55, inmediatamente después de los bombardeos a la Plaza de Mayo sostuvo que el ejército era un fiel custodio de "las conquistas del proceso revolucionario" y que el gobierno peronista estaba "más firme que nunca". Sostuvo luego que la CGT representaba la garantía de estabilidad del régimen. El Partido Socialista de la Revolución Nacional (PSRN), orientado, entre otros, por Nahuel Moreno, planteó, ante la “renuncia” de Perón que "el gobierno debe pasar a manos de la clase obrera a través de uno de los senadores de la CGT".
Tres meses después, Perón era destituido sin resistir. La razón principal por la que el Gobierno no resistió el golpe de la Libertadora fue que, para hacerlo, habría tenido que convocar a una movilización excepcional de los trabajadores, la cual habría transformado el proceso político, en el país y en el conjunto de América Latina. En lugar de movilizar al pueblo y derrotar al golpe, Perón eligió irse sin luchar.
