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A su regreso de su última gira internacional, Javier Milei firmó el DNU 383/2025 por el cual modifica la ley orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA) y se crea el Departamento Federal de Investigación (DFI). El presidente y la ministra de Seguridad -Bullrich- estuvieron flanqueados por Karina Milei, Guillermo Francos y los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Mario Lugones (Salud), Luis Petri (Defensa), el titular de Diputados, Martín Menem, y la senadora Carolina Losada, presidenta de la comisión de Seguridad Interior, a los que se sumaron los camaristas de Casación, Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Mariano Borinsky y Leopoldo Bruglia, de la Cámara Federal de Apelaciones.
La reforma de la carta orgánica de la PFA es “un viejo proyecto de Bullrich que intentó implementar en la gestión de Mauricio Macri tras el traspaso de la Policía de la Ciudad porteño” (Clarín, 18/6). En la presentación Milei cruzó a Macri y lo responsabilizó de haber dejado “en un limbo” a la PFA luego de dicho traspaso. El apuro del gobierno nacional de sacar el decreto se debe a que el 8 de julio caducan las facultades delegadas otorgadas por la ley Bases, que el Congreso de la Nación le sirvió en bandeja a Milei.
El DFI presentado ayer por Milei y Bullrich va a funcionar como una agencia de investigaciones hacia dentro de la PFA y tendrá facultades para realizar detenciones, allanamientos, requisas personales y de vehículos, a lo que se suma las tareas de espionaje. Sus efectivos podrán hacer ostentación de sus armas. De esta manera, la PFA deja de tener como función garantizar los bienes y personas privadas o públicas, para darle paso a tareas vinculadas de “seguridad nacional”. El DFI toma como modelo el FBI norteamericano y, en este sentido, en la presentación del nuevo departamento se encontraba presente Rick Hernández, representante de la agencia yanqui en América Latina y para congraciarse con el representante del imperialismo yanqui en la presentación se pudieron ver vehículos ploteados con el logo del DFI, donde se puede observar un halcón con las alas abiertas, en clara sintonía con la simbología del FBI.
Como hemos señalado desde estas páginas, los fundamentos que esgrimen los liberticidas para llevar adelante la reforma de la ley orgánica es el “surgimiento de nuevas amenazas delictivas, el crimen organizado internacional, los cambios sociales (...) (que) tornan necesario actualizar sus misiones, modificar la estructura, cambiar y reorientar su sistema de recursos humanos, e iniciar un proceso de fortalecimiento de sus capacidades”. El DNU agrega que “resulta necesario que la Policía Federal tenga como principal misión la investigación de crímenes federales y complejos”.
Desde organismos de derechos humanos como el CELS y CORREPI salieron a señalar que las funciones otorgadas al DFI vulnera los derechos individuales, ya que el nuevo organismo tiene la capacidad de realizar inteligencia sin orden judicial y llevar adelante ciberpatrullaje, estableciendo de facto un sistema de persecución y represión. Para tener una magnitud de la reforma liberticida, el nuevo departamento de investigaciones “absorberá el 80 % de la estructura” de la PFA (Clarín, 18/6).
Esta reforma reaccionaria representa un ataque a las garantías constitucionales y se da en el marco del golpe de Estado judicial llevado adelante por la Corte Suprema de Justicia al proscribir a CFK. Esta avanzada fascistizante es el correlato de la puesta en pie de un Estado policíaco, que busca coaccionar a los trabajadores y activistas en un cuadro social convulsivo.
