Escribe Lucas Giannetti
La construcción de un Estado policial.
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Los operativos represivos de Patricia Bullrich llevados adelante todos los miércoles contra los jubilados van escalando semana a semana, adosándole en el último tiempo, más precisamente después de las jornadas del 12 de marzo, agentes que se dedican exclusivamente a reunir información sobre los manifestantes. El ministerio de Seguridad está realizando inteligencia en la marcha de los jubilados, para detectar manifestantes que puedan dañar la “gobernabilidad” y la “seguridad institucional.” Frente a la centralidad que ha adquirido la marcha de los miércoles y que ha oficiado como una instancia de unificación de las luchas, el Gobierno tomó la decisión de que el ministerio de Seguridad y la SIDE aúnen esfuerzos en las tareas de “perfilamiento” de manifestantes y organizaciones políticas.
Según fuentes oficiales a las que accedió La Nación revelaron que “el primer paso es reunir información sobre los líderes de las marchas y algunos manifestantes recurrentes, y se recogen datos para el ‘perfilamiento’, además del análisis de fuentes abiertas y oficiales, como pueden ser redes sociales, servicios como Nosis o Migraciones, entre otras opciones, y que luego puede continuar con la búsqueda de datos menos accesibles” (La Nación, 15/6). La colaboración entre Seguridad y SIDE se da a partir de una segmentación de las tareas. Los subordinados de Bullrich se encargan de “anticipar potenciales conflictos y recabar datos sobre quienes van a las marchas”, para luego pasarle la información a la Dirección de Operaciones de la SIDE libertaria, que es utilizada en el caso que se produzcan detenciones “para que los analicen con mayor profundidad.”
El hombre detrás de los “perfilamientos” de los concurrentes de los miércoles es Santiago Caputo, que a días de la represión del 12 de marzo reunió a Bullrich, Neiffert y Kravetz a fin de que los operativos venideros estuvieran coordinados. Desde “Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia” (ICCSI) señalaron lo siguiente: “Nos alarma la participación de la Secretaría de Inteligencia en la coordinación de un operativo cuyo objetivo debería ser el asegurar las condiciones para que la manifestación se desarrolle de manera segura. Históricamente el rol de los organismos de inteligencia en torno a la protesta social no respetó [los] límites [legales]: bajo el pretexto de la lucha contra el ‘terrorismo’ o hipótesis de ‘desestabilización’ o de ‘golpes de Estado’”. Justamente fue Bullrich la que desplegó teorías en torno a un golpe de Estado luego de la represión del 12 de marzo, queriendo justificar la ferocidad de la represión.
A principios de junio en una entrevista periodística Patricia Bullrich, sin pruebas, denunció la existencia de presuntos "grupos violentos" detrás de las movilizaciones de los miércoles y aseguró que se trata de "anarquistas y kirchneristas".
El “perfilamiento” que lleva adelante el Gobierno no es más que la puesta en práctica del Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE que habilita el espionaje interno, con el objetivo del control social y la represión, en un cuadro social convulsivo. Entró en vigor desde finales de 2024, pero los detalles salieron a la luz en mayo y había comenzado a ejecutarse en enero pasado, a partir de una directiva secreta que ordenaba “identificar y monitorear” a “grupos sociales vulnerables” y a todo actor “no estatal”, en un contexto social que el Gobierno caracteriza, como consta en el PIN, de “creciente polarización política para expandir su influencia” que dañe el relato oficial, sobre todo, del delicado rumbo económico del tándem Milei–Caputo.