La reapertura de ‘La Salada’, bajo control policial y alquileres exorbitantes

A tres semanas de su clausura, y luego de una serie de cortes y protestas masivas de trabajadores textiles y feriantes, la Justicia habilitó la reapertura de dos de las tres ferias que componen el complejo ‘La Salada’ en Lomas de Zamora. Esta reapertura parcial se realizó bajó fuertes restricciones e idas y vueltas entre los interventores judiciales a cargo de la administración, propietarios de los puestos y feriantes. Tras el acuerdo entre el gobierno de Milei y el FMI, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos cuestionó la feria por infligir la ley de marcas, lo que precipitó su clausura.

La Salada ocupa un predio de más de 18 hectáreas a la orilla del Riachuelo. Se ha constituido en un verdadero polo textil: el alquiler mensual de los puestos de 2 x 2 metros cotizaban 2 millones de pesos. Mayoristas de todo el país y ´tours de compras´ del interior y países limítrofes se abastecen en ella.

La reapertura tiene condiciones judiciales, como el registro de los feriantes, colocar los alquileres de los puestos bajo contrato y bancarizar los medios de pago. Bajo estas normas, dos de las ferias que componen el complejo -Urkupiña y Ocean- reabrieron sus puertas. Los feriantes protestaron por los nuevos precios de alquiler -que ahora ascienden a 3 millones de pesos mensuales- y el costo de la modalidad “bajo contrato”. Para colmo, pocos compradores se animaron a visitar el complejo.

Queda pendiente dilucidar la situación de ‘Punta Mogote’, la feria que aún permanece cerrada.

El “rey de La Salada”, Jorge Castillo, y más de 15 de sus socios se encuentran detenidos desde el 22 de mayo, acusados de obtener “beneficios ilícitos gestionando el predio, vendiendo servicios y alquilando puestos a terceros con productos falsificados sin facturación”.

Nuevo régimen

En medios, se quiso mostrar el desorden de la reapertura como una ´interna´ entre los propios feriantes. Los dueños de los puestos arguyen que el aumento del 50% del valor del alquiler se debe a que deben pagar el costo impuesto por el Poder Judicial por la reapertura del complejo. Por otra parte, la mercadería incautada no fue devuelta.

El Juzgado Criminal y Correccional de Lomas de Zamora impuso decenas de condiciones a la reapertura. Entre otros, designa a un interventor judicial a cada feria para “asegurar la legalidad y transparencia” y “evitar futuras infracciones” y que “toda la recaudación se realice mediante un sistema bancarizado evitando el uso de dinero en efectivo”.

La función de los interventores será "regularizar la situación fiscal, llevar registro contable, realizar inventarios, analizar pasivos, determinar vinculaciones con otras empresas e informar mensualmente sobre ingresos y egresos de dinero".

La intervención de La Salada fue coordinada entre el Municipio de Lomas de Zamora, el Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, ARBA, Banco Provincia, Ministerio de Seguridad y ARCA. Mileístas y ’Nacionales & Populares’ trabajan codo a codo por cumplir con la exigencia de la embajada norteamericana.

¿Quién carga el costo de la reapertura?

Una feriante, Elisa, que vende carteras y billeteras, tiene su propio taller donde cosen, diseñan y cortan las tres empleadas que tenían. Luego de un mes cerrados ya no pudo pagarles. "Nos gastamos la plata que teníamos y en medio de bajas ventas porque hace tiempo venimos mal. Las importaciones a nosotros nos mataron. Mí costurera está buscando para reemplazar el trabajo que tenía con nosotros y le pagan 1.000 pesos la hora, se aprovechan de que están todos desesperados. Es una locura trabajar todo el día por 12 mil pesos".

Son menos de la mitad los puestos activos, varios se encuentran en tratativas entre dueños e inquilinos, otros no se presentan porque tienen ropa falsificada en stock y temen por la cantidad de policías recorriendo.

Según el fiscal, la mitad de los comerciantes están vinculados al circuito de la falsificación. Es difícil saber que opciones habrá para reinventarse. “Esperamos a que asuma la administradora judicial y nos diga cuál es el requerimiento. Entendemos que buscan regularización de situaciones que consideren anómalas. Tiene toda la documentación contable a disposición” afirmó gente Urkupiña SA que regentea la feria del mismo nombre.

Los comerciantes de la feria Punta Mogote que aún no abrió se colocaron en calles linderas para vender de manera itinerante. “Los de Punta Mogotes están rematando sus cosas afuera, con precios bajísimos, entonces nadie entra a comprar a Urkupiña”, dice una vendedora. “Lo poco que vendimos fue al por menor. Nuestros compradores al por mayor vienen en combis y autos desde el interior del país y desde Uruguay y Paraguay”, comentaba Jorge. “Uno de mis clientes me pidió que le envíe la mercadería a Flores, le daba miedo venir a comprar acá y que, por alguna razón, le incautaran la mercadería”. Las pocas compras que hubo dentro de la feria durante los primeros días se hicieron en efectivo, algo que el juzgado quiere cambiar. Para esto deberá armarse una infraestructura de conexión a Internet.

El Estado, en lugar de investigar el trabajo en negro y fuera de convenio que manda en talleres clandestinos y en toda la industria textil, intenta atraer a la pata patronal de este entramado con la zanahoria del exorbitante alquiler por puesto. Esta renta jugosa, pero “legal”, deberá aceitar el cambio para que las transacciones se acomoden bajo la ley de marcas. Las grandes marcas se preparan para aprovechar este asedio sobre La Salada con una nueva ola de importaciones que copen una fracción mayor del mercado. La Salada llegó a contar con 8.000 puestos y más de 30.000 trabajadores, convirtiéndose en la feria más grande de Latinoamérica.