“Consejo de Mayo”: la CGT se pasa al bloque liberticida contra la clase obrera

La integración de Gerardo Martínez al Consejo de Mayo, en representación de la CGT, marca un viraje político fundamental de la burocracia de la Central sindical. El Consejo de Mayo ha sido una inicativa de Milei para encuadrar a gobernadores y bloques parlamentarios adictos, para sostener los decretos del gobierno en el Congreso. En julio de 2024, el Presidente presentó un programa de 10 puntos en una bizarra ceremonia realizada en Tucumán. El “Consejo”, que terminó por cobrar vida hace tres días, quedó conformadó por el mendocino Alfredo Cornejo en representación de los gobernadores; Cristian Ritondo, del Pro, como representante de los diputados; la radical Carolina Losada por los senadores; el titular de la UIA, Martín Rappallini, en representación de las centrales empresarias del agro, el comercio y las finanzas. Es una representacin de todo el arco paraoficialista del Estado. A partir de una defensa absoluta de la propiedad privada, el programa del Consejo plantea la destrucción del derecho laboral y previsional, bajo el epitafio de “reformas estructurales”, en las que incluye también cuestiones estratégicas como la reforma impositiva y la modificación de la coparticipación federal. La tarea del Consejo es darle a este programa la forma de proyectos de leyes. Mirado desde la marcha de la recesión (caída del consumo e inversión), crisis de reservas internacionales y un crecimiento de la deuda pública, tenemos un frente único estratégico de todas las patronales –nacionales como extranjeras.

A cuatro meses de las elecciones parlamentarias nacionales, el Consejo procura consagrar una mayoría derechista, más allá de los resultados que obtenga el gobierno. Los proyectos de leyes de este bloque podrían pasar sin filtros. Tendriamos así la eliminación de la pensión por viudez, la suba de la edad jubilatoria a 70 años, el monto de jubilación de acuerdo a los años trabajados por debajo del mínimo de los 30 requeridos, una eliminación de los aportes patronales, y otros puntos de igual importancia, como la liquidación del FGS de Anses. Con esta poda previsional, el gobierno podría financiar el creciente déficit fiscal financiero. Del lado del derecho laboral, se eliminaría la ultraactividad, o sea los derechos adquiridos; se implantaría, desde cero, el convenio por empresa y el fin de la paritaria por industria; se establecería un fondo de cese laboral, que serviría para reactivar la deuda pública y reducir fuertemente la indemnización por despido, además de elevar el tiempo de prueba y fomentar la rotación de la fuerza de trabajo. La reforma impositiva pondría fin a la coparticipación federal; de un lado, aumentaría el IVA al 23/25%, y del otro a habilitaría la creación de impuestos provinciales, que debería financiar la reducción del impuesto a las ganancias y la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Una cirugía al por mayor para pagar los vencimientos de deuda y reponer a Argentina en el mercado financiero internacional.

La dirección de la CGT, bajo la batuta de Gerardo Martínez y Hugo Moyano, se ha asociado al Consejo con el propósito de defender el aparato sindical, participar en la dirección del Fondo de Desempleo y negociar la permanencia en el negocio de la Salud. Esta burocracia descuenta una derrota del peronismo en las elecciones próximas y el fortalecimiento de la camarilla liberticida, de modo que prefiere formar parte del oficialismo y evitar la marcha del desierto junto al kirchnerismo. Estas caracterizaciones no le impiden apoyar al aparato peronista al que se encuentra asociado, en intendencias y gobernaciones, para contribuir a la extinción del cristinismo y de La Cámpora. Quien pilotea esta política es el experimentado espía del Batallón 601 de la dictadura militar, quien llegó a la UOCRA sin haber levantado nunca un ladrillo, fogueado luego bajo la batuta de Carlos Menem.

Este ‘salto cualitativo’ de la CGT, que ya venía colaborando con los liberticidas, deberá provocar realineamientos tardíos en una serie de sindicatos, que salvo uno u otro caso, se han ajustado sin chistar a la política de ajuste de estos dos años. No constituyen, por cierto, un nuevo punto de partida ni representan una perspectiva de organización y lucha. Marchan detrás de una causa perdida, el kirchnerismo, precisamente el responsable del crecimiento de la pobreza y de la inflación -a fuerza de subsidios del Tesoro y el Banco Central a los grandes capitales-, y del ascenso del ultraderechista Milei. Al igual que parte de la CGT, una mayoría apoya a Kicillof, con el espejismo de que el gobernador bonaerense encabece o se alinee a un frente opositor con algunos gobernadores paraoficialistas, que buscan una salida al ajuste al que el oficialismo los somete en su provincia.

Se terminó el cuento izquierdoide de que no puede haber lucha sin la dirección de la CGT y sin la CGT. Como hemos advertido desde estas páginas, ocurre lo contrario: el peronismo y la CGT son los “grandes organizadores de derrotas”. Una pequeña burguesía progre que, a fuerza de mirar por el retrovisor, sigue al peronismo, se ha convertido en retrógada; vuelve a apostar a una salida, que no es para las masas. Cristina Kirchner ha advertido en forma bizarra esta situación, cuando se ofreció, recientemente, como salvataje del capital para el día que Milei deba anunciar el default o el default le anuncie a él el final del camino.

El activismo que pelea todos los días en Georgalos, el Garrahan, el Posadas y los residentes, Granja Tres Arroyos, en el transporte (choferes, subte y ferroviarios), en el Tabacal en Salta, en Siderca y Acindar, en la docencia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Salta. Ese activismo debe tomar nota del pasaje de la CGT al campo del polo rompehuelgas y represor, y luchar por un polo político independiente de la clase obrera, que ponga fin al gobierno de la guerra civil contra las masas, y se levante por un gobierno de trabajadores.