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El Plan de Inteligencia Nacional (PIN), hoja de ruta de la SIDE libertaria, plantea llevar adelante tareas de espionaje interno (prohibido por ley) sobre ciudadanos que puedan “erosionar la imagen” de los funcionarios del oficialismo o “generar pérdida de confianza” en el plan económico de Milei y Caputo. Desde el gobierno nacional negaron lo evidente, que el mismo apunte a la persecución de opositores. Ahora, si fueran necesarias pruebas, sale a la luz el seguimiento que los servicios vienen desarrollando sobre los luchadores ambientalistas.
En los últimos días se supo que unos de los objetivos del PIN es la persecución de organizaciones ambientalistas, tanto nacionales como internacionales, incluidos científicos, comunidades indígenas y todo aquel que cuestione las posiciones del gobierno libertario sobre la cuestión. Milei es un fervoroso ´negacionista´ del cambio climático y sus consecuencias, es uno de los temas recurrentes en sus intervenciones en foros internacionales, como lo hizo en enero último en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, en donde afirmó: “Cuando uno argumenta que la Tierra ha tenido ya cinco ciclos de cambios bruscos de temperatura y que en cuatro de ellos el hombre ni existía, nos tildan de terraplanistas para desacreditar nuestras ideas, sin importar que la ciencia y los datos estén de nuestro lado”, reafirmando su posición. Pero no se trata solamente de una posición ´ideológica´: como defensor a ultranza de la explotación capitalista, Milei asocia su gobierno a los pulpos de la minería y la extracción petrolera, dos actividades en las cuales cifra las mayores expectativas de recibir dólares para financiar la ruleta financiera de su gobierno.
En el PIN se puede observar párrafos enteros destinados a las organizaciones ambientalistas que promuevan la llamada “agenda climática”, motivando la presentación por parte de representantes del sector de una denuncia penal por abuso de autoridad a Sergio Neiffert, director de la agencia y Diego Kravetz, director general de operaciones, quien en su juventud supo oficiar de abogado especialista en cuestiones ambientales (La Nación 19/06).
Los fundamentos que enarbola el PIN para espiar a las organizaciones ambientalistas, es que estas, “en función de la protección de patrimonios culturales y/o sagrados para las comunidades locales, deriven en la obstrucción de proyectos” de carácter extractivistas de recursos naturales estratégicos como el energético, petrolero, agropecuarios y minerales, es decir, que centran sus críticas y acciones en la matriz productiva delineada por los liberticidas. En uno de los párrafos del PIN se puede leer “(...) es necesario identificar, reunir y analizar información referente a: (...) actores que propician proyectos relacionados con el desarrollo de energías renovables e hidrógeno verde a nivel global que aceleren el cambio de matriz energética en detrimento de la posible comercialización de recursos hidrocarburíferos por parte del Actor Nacional”. De esta manera el gobierno libertario pone al servicio de los capitales extractivistas y financieros a la SIDE para que les garantice que no haya interferencias en sus planes depredatorios sobre los recursos naturales y sus consecuencias sobre el medio ambiente y la vida de los trabajadores. El PIN también reserva un párrafo para los científicos que “promocionan actividades científicas ligadas a la conservación de la biodiversidad y la protección de los océanos con efectos en los espacios en disputa del Atlántico Sur”.
La persecución a organizaciones ambientalistas tiene como objetivo por un lado el de garantizar las exponenciales ganancias de los capitalistas y por el otro, bloquear acciones directas como lo fueron la lucha por el agua en 2019, en lo que se conoció como Mendozazo o la rebelión contra los proyectos de megaminería en Chubut en 2020, para poder vehiculizar sin obstáculos las actividades extractivistas y que no se presenten objeciones que puedan erosionar (más de lo ya está) el plan económico y político de los libertarios. El Estado policiaco que viene montando el gobierno nacional debe ser barrido por una acción histórica e independiente de la clase trabajadora como ya lo ha probado en momentos históricos precedentes.