Escribe Valentina Viglieca
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El decreto 345/25 del Gobierno Nacional que degrada las funciones de diversos organismos tiene un encono especial con la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, organismo responsable de cuidar el patrimonio nacional; en concreto, edificios, monumentos como el Cabildo, el edificio donde funcionó el primer Congreso Nacional, la Pirámide de Mayo, etcétera.
La decisión del gobierno elimina 15 de las 18 funciones entre las cuales está quitarle la capacidad de declarar las “áreas de amortiguación visual” que circunda los monumentos. Ese artículo da rienda libre a la especulación inmobiliaria y habilita la contaminación visual, con riesgo de destrucción de algunos edificios y monumentos porque podrían hacerse grandes torres en espacios hoy declarados espacios de protección del patrimonial.
La CNMLyBH fue creada en 1940 y con su nacimiento se crearon algunas de las funciones que serán eliminadas, por ejemplo, los trabajadores profesionales a cargo ya no podrán proponer declaratorias de nuevos bienes históricos. La Comisión deja de ser asesora del Congreso, que es quien vota las leyes que protegen los bienes históricos para que no sean demolidos. A partir de ahora el organismo no puede contratar expertos y los que están ya no pueden intervenir de manera federal, dejando librada a cada provincia la protección de edificios y monumentos. Hasta el momento la Comisión tenía representación en las provincias.
Uno de los puntos más controversiales junto con el que habilita la especulación inmobiliaria es la desregulación de la compra venta de Bienes Históricos. El Estado da un paso al costado en la protección de los bienes nacionales o internacionales pero emplazados en Argentina. Los trabajadores de la Comisión, en su mayoría historiadores, arquitectos, historiadores del arte y abogados, organizaron una caminata patrimonial por la Plaza de Mayo que fue apoyada por distintos expertos para denunciar el vaciamiento del organismo y las consecuencias que tiene la aplicación del Decreto.
Durante la caminata los y las trabajadoras del organismo recorrieron el Cabildo Histórico, la Catedral, la Casa Rosada, la Pirámide de Mayo y el Banco Nación. Luego, sobre la Avenida de Mayo pararon en el Palacio de la Legislatura, el antiguo edificio del diario La Prensa y el Pasaje Roverano, porque todos esos edificios y monumentos podrían amanecer con el cartel de “se vende” si el decreto no se deroga.
Autoridades de la Comisión denunciaron que, sin presupuesto ni trabajo conjunto con Obras Públicas, “la Nación abandona a su suerte a los 1500 bienes patrimoniales nacionales a lo largo y ancho del país”. (La Nación, 18/07). La decisión no es caprichosa, va en consonancia con la destrucción de los organismos con funciones específicas en el resguardo de archivos históricos como la secretaría de Derechos Humanos y los archivos vinculados con la Dictadura.
El decreto 345/25 no solo afecta los monumentos y edificios; también al teatro y las bibliotecas populares, entre otros organismos nacionales que dependen del ex Ministerio de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli. En el caso del Instituto Nacional del Teatro se generó una movilización de actores y actrices y el festival “Entrá”, con espectáculos a la gorra en todo el país. Con la degradación del INT se termina el financiamiento del teatro independiente y la posibilidad de que obras de las provincias tengan alcance federal, así como garantiza el despido de trabajadores y trabajadoras.
La estrategia de los sindicatos es el lobby parlamentario para frenar el decreto con la derogación, una salida que sólo puede funcionar en la medida en que todos los trabajadores y trabajadoras vinculadas con el vaciamiento coordinen acciones callejeras y de lucha, en defensa de los puestos de trabajo y de las funciones de los organismos atacados por el decreto. La caminata logró reunir el interés de medio centenar de profesionales vinculados a la temática y sumó transeúntes que acompañaron la caminata y escucharon la explicación de cada monumento.