La otra inseguridad del conurbano bonaerense: barrios sin cloacas, gas ni agua

Con la candidatura del ex comisario Bondarenko como cabeza de lista en la tercera sección, el oficialismo nacional puso de manifiesto su intención de hacer girar la campaña bonaerense sobre el eje de la inseguridad. En sus apariciones televisivas, el ex comisario reforzó esta línea sacando a relucir su prontuario y la actual situación de la policía de la provincia, cuya reconstrucción sería necesaria para combatir el delito. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el discurso sobre la delincuencia omite una inseguridad mucho más profunda y que en parte engendra a la otra: es la inseguridad en el acceso a los servicios básicos, la precariedad de las viviendas y de los barrios.

Los números del último censo nacional (2022) ponen de relieve esta situación.

En los 24 partidos del Gran Buenos Aires, la población que carece de desagüe a cloacas asciende al 47% (más de 5 millones de personas), la que carece de gas de red al 39%, y la que carece de acceso a la red de agua pública al 27%. Como se trata de un conglomerado urbano de casi 11 millones de personas que habitan viviendas particulares (el INDEC no contempla a las personas en situación de calle), en todos los casos hablamos de más de 2 millones de personas que no acceden a estos servicios básicos.

Entre estos 24 partidos, hay algunos en donde la falta de acceso a la red de cloacas asciende a más del 50% de la población. Es el caso de Florencio Varela (54,3%) y Moreno (68,2%), por nombrar solo dos distritos en el sur y oeste del conurbano. Estamos hablando de más de 200.000 y 400.000 personas. Este escenario se repite con la falta de acceso a gas de red (55,5% Varela; 65,4% Moreno), o lo que es lo mismo, el uso de gas en garrafa (cuyo precio fue liberado durante la última ola polar) para cocinar y calefaccionar los hogares. Particularmente graves son los números de dos distritos de la zona norte: Malvinas Argentinas y José C. Paz. Estos municipios, con más de 320.000 habitantes cada uno, tienen al 90% de su población sin acceso a cloacas, y al 80% sin acceso a agua corriente.

A su vez, esta inseguridad se combina con la precariedad edilicia de las viviendas y la falta de pavimentación de las calles. Respecto a esto último, en los asentamientos y villas, que es donde más golpea la carencia de servicios, la pavimentación total (todas las calles asfaltadas) puede no superar el 7%, como es el caso de José C. Paz, según datos del Registro Provincial Público de Villas y Asentamientos Populares. Esto dificulta e incluso impide el ingreso de ambulancias, bomberos, transporte público y otros servicios necesarios para la asistencia a los vecinos. Es así como las barriadas se encuentran al margen, tanto del acceso a servicios como de la conexión con los centros urbanos.

A este contexto se le suma una tasa de desempleo del 9,7%, y de subocupación del 10,9%, además de una caída salarial sostenida. Si en este cuadro brota la inseguridad, no debería sorprender. El mismo régimen capitalista engendra las condiciones del delito, al reducir a la pobreza y a la miseria habitacional a cientos de miles de trabajadores, y al coartar las posibilidades de atenuarlas deprimiendo los salarios e ingresos sociales, y aumentando la precarización y la desocupación. Mientras tanto, el gasto en el pago de la deuda de la provincia de Buenos Aires se lleva miles de millones que hacen a las fabulosas rentas de fondos de inversión y bancos, cuyas carteras de negocios también abarcan operaciones con el dinero del narco y la trata.

Ante este cuadro, la mano dura y la saturación policial de los barrios, que defienden tanto Bondarenko y su tropa como el gobierno provincial, expresa la impotencia e incapacidad del arco político burgués para dar solución a una realidad que, finalmente, es engendrada por el régimen social que gobiernan. No obstante, también advierte el recurso a la militarización de los barrios para aplastar cualquier levantamiento contra la miseria en la que son hundidos los trabajadores.

La lucha por el repudio y no pago de la deuda pública de la provincia, para así volcar esa inmensa masa de recursos a la urbanización de los barrios bajo la propia dirección de los trabajadores, cobra particular importancia.