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Este lunes el gobernador cordobés Martín Llaryora realizó un anuncio de alto impacto: el incremento del 84% de la jubilación mínima, llevándola a $ 700.000, y el pago de un bono de $ 100.000 a todos los que cobran haberes inferiores a $ 1.300.000. La medida ha sido presentada como una saga de las mejoras aprobadas en el Congreso y Milei anunció que va a vetar -un aumento del 7,2 % más un bono de $ 110.000 ajustable por inflación-. Se financiará con los pagos comprometidos por Nación en la audiencia conciliatoria con representantes de la provincia por los fondos adeudados para compensar el déficit de la caja provincial. En vísperas de las elecciones legislativas, Llaryora pretende con esto ´blindar´ su provincia de una eventual oleada violeta. Llega también como contragolpe luego de la baja de las retenciones a la soja y el trigo y su eliminación en el caso de la carne vacuna y otros granos, anunciadas por el gobierno nacional en beneficio ´del campo´. El capital agrario de Córdoba era uno de los puntales de los reclamos de los sojeros.
Bien mirado, el alcance de esta mejora es limitado. En primer lugar, refiere solamente a los empleados públicos de Córdoba, no al conjunto de los jubilados. El aumento de la mínima beneficiará plenamente a menos de 5.000 personas. Si se tiene en cuenta a quienes actualmente cobran hasta $ 750.000, el número de potenciales beneficiados asciende a 18.000 personas sobre 116.000 prestaciones vigentes, es decir el 15 % del total. El bono de $ 100.000 se abonará de manera bimestral -no mensual-, y lo recibirán, según estimaciones, unos 56.000 jubilados (La Voz, 28/7).
El pago de estas prestaciones no estará asegurado sino condicionado al desembolso de $ 5.000 millones mensuales que el gobierno se comprometió a girar tras el acuerdo mencionado más arriba. Se trata de $ 60.000 millones que se liquidarán en 12 cuotas mensuales iguales. Habrá una nueva audiencia de conciliación noviembre. Mientras tanto, las partes se comprometieron a realizar una auditoría conjunta para conciliar la deuda definitiva que el gobierno nacional mantiene con Córdoba. Por otra parte, el anuncio no afecta la reforma realizada años atrás, por la cual se derogó el 82 % móvil y se difirió el pago de los haberes.
Córdoba es una de las 13 provincias que no transfirieron sus cajas a Nación durante la reforma previsional de los años 90. Desde entonces, por ley, el gobierno nacional debe compensar el déficit de éstas, pero con la llegada de Milei a la Rosada las transferencias se interrumpieron. Antes, el gobierno de Macri había establecido, por decreto, una nueva pauta: “la Nación se haría cargo del déficit que tendría cada caja provincial si sus aportantes se jubilaran en las mismas condiciones que los del sistema nacional de la ANSES, y si el financiamiento fuera con el mismo esquema de aportes y contribuciones que rige también para el esquema general” (La Nación, 28/7). En general, esta ´armonización´ -tal el nombre con el que se la designa´- es perjudicial para los trabajadores de las provincias.
Córdoba y Entre Ríos son las dos provincias que llegaron a un acuerdo en el marco de la conciliación auspiciada por la Corte, con compromisos provisorios de una devolución parcial de los fondos retenidos. Ninguno de los gobernadores ignora, por supuesto, que el gobierno nacional tiene en agenda una ´reforma´ apuntada a derogar el derecho previsional y establecer el monopolio de los fondos de pensión privados. Es una de las principales demandas del capital, junto a las reformas laboral e impositiva. La bolsa o la vida, los jubilados o los parásitos financieros. Esta es la lucha que tenemos planteada los trabajadores.
