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El martes 26 de agosto, la Justicia Federal de Tucumán dio por concluido el juicio por la Causa YMAD, que pretendía desentrañar el destino que la UNT le dio a los $353 millones de pesos (USD 85 millones al cambio de la época) que recibió en concepto de utilidades mineras entre 2006 y 2009. Por ley, esos fondos debían destinarse a la finalización de la Ciudad Universitaria. Sin embargo, en 2008 la UNT la dio por concluida y, en cambio, realizó un plan de obras en unidades académicas y dependencias universitarias de San Miguel de Tucumán, principalmente.
El ex rector Cerisola (2006-2014) fue juzgado por su rol en las actas que dieron por concluida la Ciudad Universitaria y la administración fraudulenta de los fondos. Los otros acusados, como el ex diputado nacional radical Luis Sacca (ex Subsecretario Administrativo), fue juzgado por dudosas colocaciones financieras de esos fondos, mientras que a Olga Cudmani, ex Directora de Construcciones Universitarias y Osvaldo Venturino, ex Director de Inversiones y Contrataciones, se los juzgó por sobreprecios en las obras universitarias.
Crónica de un fallo anunciado
El Tribunal Oral Federal decidió por unanimidad, condenar al ex rector Cerisola por incumplimiento de deberes de funcionario público y defraudación contra la Administración Pública a la pena de tres años y seis meses (la fiscalía había pedido seis años), Cudmani y Venturino fueron condenados por Defraudación contra la Administración Pública, a tres años y dos meses de prisión y dos años de prisión en suspenso, respectivamente. En tanto que Sacca, fue absuelto por el beneficio de la duda. Aun así, ninguno de los tres condenados irá a prisión hasta que la sentencia no quede firme. Los condenados fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos. Cerisola y Cudmani, además deberán “devolver” una suma cercana a los 40 millones de pesos, unos treinta mil dólares. Una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que el Ministerio Público Fiscal señaló que los acusados causaron un perjuicio a la UNT de más de $55.000 millones de pesos.(Fiscales.gob.ar, 30/6).
El fallo podría ser tildado de “vergonzoso” pero una mirada más aguda invita a refutar esa consideración. Bien visto, el fallo es la consecuencia (¿lógica?) de una causa amañada durante una década y media, y cuya investigación estrechó los alcances y menoscabó la profundidad de los hechos denunciados. “Quizá en una correcta investigación hubiésemos llegado a una conclusión mayor sobre quiénes son todos los beneficiarios de estas operatorias y maniobra discrecional de uso de fondos públicos”, denunció el fiscal Agustín Chit en los alegatos del juicio (La Gaceta, 24/6).
Desde las páginas de politicaobrera.com hemos caracterizado a este juicio como un proceso muy limitado en las acusaciones a la cadena de responsabilidades políticas, jurídicas y administrativas. “Tengo la convicción de haber sido seleccionado para esta acusación, puesto que muchas otras personas que ejercieron cargos de responsabilidad durante este periodo nunca fueron imputadas, ni siquiera fueron llamadas a declarar testimonialmente”, advirtió Cerisola horas antes de la sentencia. Las defensas ya anunciaron que apelarán; lo cual podría llevar a la causa a un derrotero de años hasta la sentencia definitiva. Lo concreto es que el fallo, lejos de sentar un precedente real e ir a fondo con todas las responsabilidades del caso, hace gatopardismo: reconoce la culpabilidad de los acusados, pero no altera su condición práctica. El esquema de fraude se mantiene. En ese sentido, además, es un fallo que encubre a todo el sistema de funcionamiento que provocó el desfalco. Y, en consecuencia, oficia de blindaje de un negocio del cual la UNT sigue formando parte, a través de YMAD, y que se apresta a recibir una millonaria inversión en el Proyecto MARA, Agua Rica.
Leído entre líneas, el fallo sostiene que “la responsabilidad no es de la UNT, sino de apenas un puñado de funcionarios improlijos; unas cuantas manzanas podridas en el cajón”.
Durante todo el tiempo que transcurrió la causa, la UNT maniobró activamente para recuperar los fondos mineros retenidos judicialmente en el Juzgado de Catamarca y también el 40% de utilidades de YMAD sobre futuros proyectos. Las propias autoridades han adoptado un manto de silencio al respecto para no alterar ninguna estructura de negocio de la minería. Consultado ante la prensa acerca de las expectativas por el desenlace del juicio, el rector Pagani afirmó “no haber seguido de cerca el juicio” (sic) -a pesar de contar con una Dirección de Asuntos Jurídicos, que la UNT sea parte querellante y de haber provisto informes técnicos acerca de la inviabilidad de la Ciudad Universitaria.
La punta del ovillo
Luego de 15 años de iniciada la causa, Cerisola fue condenado en la Justicia Federal. La condena es solo la punta del ovillo. En paralelo a la Causa YMAD, aún debe consustanciarse el juicio que involucra a una veintena de empresarios considerados partícipes necesarios del fraude por sobreprecios en las obras financiadas con fondos mineros. (La Gaceta, 10/06/24). Ni qué hablar de las causas por denuncias por perjuicio ambiental, un factor clave que ha sido soslayado en todo este proceso.
Este escenario debe servir de base para la organización, deliberación y movilización de la comunidad universitaria para avanzar en la lucha por la condena efectiva de todos los culpables políticos, jurídicos (de dos administraciones rectorales anteriores a Cerisola- Marigliano y Campero- y las posteriores. Todos ellos discípulos del condenado y desde ya todo el espectro empresarial).
El movimiento docente-estudiantil debe ponerse a la cabeza de la lucha y seguir paso a paso cada instancia de las causas vinculadas directa o indirectamente a la administración universitaria de los fondos provenientes de YMAD. Para eso es necesaria la conformación de una comisión interestamental integrada por delegados electos y revocables por voto directo de toda la comunidad universitaria, encargada de auditar, planificar y debatir democráticamente el destino de los fondos que han llegado y que aún podrían llegar como resultado del desarrollo del Proyecto MARA. Ninguna de las fuerzas políticas presentes en la UNT dieron una lucha a fondo por dar con los culpables y esclarecer los hechos. La comunidad universitaria debe tomar el asunto en sus manos para que la UNT abra los libros contables y rompa definitivamente el vínculo con la megaminería contaminante.
La universidad pública debe financiarse con fondos y presupuesto genuino y no con derivados de la actividad extractivista de megacorporaciones capitalistas donde la UNT funciona como socio encubridor del saqueo y la destrucción ambiental, máxime en un contexto de ajuste terminal hacia las universidades. Esta lucha se inscribe, entonces, como un capítulo más en la defensa de la universidad pública.
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