Causa YMAD [parte II]: un juicio acotado para blindar el negocio minero

El juicio conocido como “Causa YMAD”, en el que se investiga el destino de $353 millones de pesos (USD 85 millones al cambio de la época) que recibió la Universidad Nacional de Tucumán entre 2006 y 2009 en concepto de utilidades de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, está próximo a cumplir un año y se espera una sentencia en los próximos meses.

Entre los procesados se encuentran el exrector Juan Cerisola (2006-2014), el exdiputado nacional de la UCR Luis Sacca (ex Subsecretario Administrativo); Olga Cudmani (exdirectora de Construcciones Universitarias) y Osvaldo Venturino (exdirector de Inversiones y Contrataciones). Se los acusa de sobreprecios en obras universitarias, administración fraudulenta y desvío de fondos destinados a terminar la Ciudad Universitaria en la Sierra de San Javier.

El juicio se inició el 27 de mayo de 2024 y hasta el momento se desarrolló en tres etapas. La primera, entre mayo y julio, dio lugar a las defensas de los procesados, quienes defendieron su gestión y denunciaron que las acusaciones responden a una maniobra de desgaste ante el clima electoral en 2010, dirigido a impedir la reelección de Cerisola. La segunda etapa se extendió de julio a diciembre, y reunió los testimonios de decanos, exconsejeros superiores y contadores de la AGN y la SIGEN. La tercera, por último, se desarrolla desde marzo de este año, y se destaca por la exposición de peritos, resultados de auditorías y análisis técnicos. También está previsto que declare el actual rector de la UNT, Sergio Pagani, previo al inicio de los alegatos.

El método Cerisola

Hasta ahora, el juicio ha desnudado un sistema diseñado por Cerisola y su camarilla para manejar discrecionalmente millones provenientes de la minería.

La ley nacional 14.771 promulgada en 1959, establecía que los fondos de YMAD debían estar destinados a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier, “de acuerdo a los planos aprobados” que datan de mediados del siglo pasado. Con el paso del tiempo, el megaproyecto fue abandonado por falta de fondos y los sucesivos gobiernos universitarios no continuaron con su ejecución. Cuando los dineros de la minería empezaron a entrar a raudales a las arcas de la UNT, Cerisola firmó un acta el 2 de enero de 2008 que dio por concluida la Ciudad Universitaria, una jugada que fue avalada por los exrectores radicales Campero y Marigliano, y todos los vocales universitarios en el directorio de YMAD en aquel entonces. Como consecuencia, el porcentaje de utilidades se redujo del 40 % al 20 % aunque estos fondos pasaron a ser de libre disponibilidad. Además, Cerisola adoptó tres resoluciones clave: la 365/08, 366/08 y 367/08 que establecieron un régimen de contrataciones directas para obras universitarias financiadas con fondos de YMAD, colocando a la Dirección de Construcciones Universitarias bajo la dependencia directa del rectorado y la habilitación de pagos a contratistas sin seguir los procedimientos de licitación establecidos por la Ley Nacional de Obras Públicas (Ley 13.064). Con este marco, desplegó un “plan de obras” al que pomposamente llamó “Ciudad Universitaria del siglo XXI” que consistió en remodelaciones, ampliaciones y nuevas edificaciones en facultades y otras dependencias universitarias ya existentes distribuidas en la Ciudad de San Miguel de Tucumán.

En suma, Cerisola creó un sistema por el cual decidía qué obras se harían, elegía a dedo las empresas contratistas y disponía del manejo directo de los fondos de YMAD. Pero no actuó solo. Luis Sacca es señalado por las colocaciones financieras en bancos sin licitación, como Equity Trust Company, con pérdidas que alcanzan los 60 millones de pesos de aquel entonces según la PROCELAC. A Cudmani y Venturino, se los señala por su participación en contrataciones con sobreprecios en las obras. A pesar de todo, los alcances del juicio son estrechos ya que las acusaciones dejaron de lado la cadena de responsabilidades jurídicas sobre la que se sustentó el esquema fraudulento, todas las complicidades de las camarillas rectorales que lo precedieron y luego lo sucedieron.

Como parte de la investigación que sigue la ruta del dinero, en 2022 la Cámara Federal de Apelaciones confirmó los procesamientos de una veintena de empresarios por sobreprecios en esas obras como partícipes necesarios del fraude (LG, 10/06/24).

O sea que la UNT ha sido gobernada durante décadas por una verdadera asociación ilícita de carácter mafioso. Durante el juicio, los peritajes confirmaron que la falta de planos, la ausencia de análisis de precios, la inexistencia de pliegos licitatorios y manuales de procedimiento, así como los pagos por certificaciones y los anticipos financieros, no eran la excepción, sino la regla.

Juego de naipes

En octubre de 2024, la causa YMAD cobró relevancia en la coyuntura política nacional, mientras las universidades públicas enfrentaban tomas y movilizaciones contra el ajuste presupuestario del gobierno nacional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, usó el caso para justificar las auditorías a las universidades, acusando a la UNT de “comerse una Ciudad Universitaria”. El propio gobernador Jaldo, de estrechas relaciones con el actual rector Pagani, también se sumó al coro libertario: “quiero más presupuesto para las universidades, pero [...] no para que se pierda en el camino y luego lleguen a ser juzgados en la Justicia Federal”.

De todos modos, la principal relevancia de la “Causa YMAD” tiene que ver con el negocio de la minería y la participación de la UNT en él. A mediados de 2014 la UNT abrió un litigio judicial por la restitución del 40 % de utilidades de YMAD. Diez años después, el gobernador catamarqueño Jalil y Pagani llegaron a un acuerdo -avalado por todo el Consejo Superior- para que la UNT desista de la querella en Catamarca, a cambio de recuperar los fondos para la Ciudad Universitaria.

Lejos de ignorar el juicio, el gobierno catamarqueño y el universitario han maniobrado estratégicamente para minimizar las repercusiones políticas y judiciales de la causa, y evitar que el desenlace judicial no afecte a futuras inversiones. De esta manera, han aprovechado el escenario creado a partir del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas por el cual la nación deja de formar parte del directorio de YMAD y cede el cargo de director, que era designado por decreto por el gobierno nacional, a la provincia de Catamarca. En consecuencia, el directorio queda integrado por tres miembros de la provincia vecina y dos de la UNT, sin intervención del Estado nacional. Así, Catamarca refuerza su posición en YMAD y abre un canal de negociación directa con la UNT con la posibilidad de reintegrar a la universidad los cientos de millones depositados bajo custodia del Juzgado Federal de Catamarca y el 40 % de las utilidades de YMAD sobre futuros proyectos.

Además, Jalil es uno de los más fervientes entusiastas del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se estima que la multinacional Glencore podría invertir alrededor de 3.000 millones de dólares en el Proyecto Mara (Minera Agua Rica-Alumbrera), que combina usar la infraestructura existente de Minera Alumbrera en la explotacion del yacimiento de Agua Rica, rico en cobre, oro y molibdeno. Las utilidades generadas por MARA podrían traducirse en un flujo significativo de fondos para la UNT ya que YMAD integra la Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Minera Alumbrera. Visto en perspectiva, la universidad tiene aún un largo tendal de fondos disponibles para los años venideros.

Por su parte, la UNT también jugó sus cartas. En marzo de 2023, se encontraron 2.821 láminas amarillentas abandonadas en unas cajas de aire acondicionado en la ex Quinta Agronómica. Se trata de los planos de la Ciudad Universitaria denunciados como extraviados durante más de siete décadas. En abril de este año, la UNT presentó un informe con el análisis de estos planos ante el Consejo Superior. Según el documento, la Ciudad Universitaria, tal como fue concebida en los años 60, ya había sido descartada en esa misma década por razones prácticas: su ubicación aislada en San Javier, los elevados costos de mantenimiento y la falta de un proyecto integral coherente. Lo que existía, argumenta el informe, eran apenas ideas preliminares, nunca aprobadas formalmente. La importancia de este informe radica en su pretensión de rescatar a la UNT de la responsabilidad que se le imputa por no haber construido la Ciudad Universitaria en San Javier. De esta manera, se presenta un nuevo relato: ante la inviabilidad de San Javier, la universidad optó por una descentralización estratégica, integrando sus edificaciones al tejido urbano de San Miguel de Tucumán. Es decir, que la redirección de fondos no fue una violación de la ley 14.771 sino una respuesta razonable a un problema heredado. Atentos a esto, a pedido de la defensa de Cerisola, los jueces determinaron que el informe sea incorporado a la causa.

Además, en noviembre de 2024, la UNT aprobó una reforma histórica de su estatuto, tras una década de debates infructuosos. Incorporó el Artículo 166, que establece la creación del Fondo Universitario YMAD, destinado a obras de infraestructura, equipamiento, bibliotecas, publicaciones y becas, con prioridades definidas por el Consejo de Decanos y aprobadas por el Consejo Superior. Esta incorporación se vincula con la trama que pretende desentrañar el juicio ya que la universidad se dota de un marco jurídico interno que legitima implícitamente el uso de estos fondos en proyectos distintos a la Ciudad Universitaria de San Javier. Por otro lado, refuerza la posición de la UNT para recuperar el 40 % de las utilidades, apoyándose en el principio de acuerdo con Catamarca y el informe de los planos, que juntos buscan demostrar que la universidad no solo tiene derecho a esos fondos, sino que ahora está preparada para administrarlos “correctamente”. O, en otras palabras, que actas como las que dieron por concluida la Ciudad Universitaria no volverán a ocurrir.

No se vende, se defiende

Hasta ahora la causa YMAD ha puesto en evidencia cómo las camarillas universitarias (de la UCR al PJ) transan para quedarse con el botín de las utilidades mineras. El caso demuestra que el ciclo de negociados puede repetirse ya que los fondos seguirán llegando y la UNT no va a sacar los pies del plato. Para peor, ahora es un órgano colegiado el que toma las decisiones, abriendo el camino nuevamente a la guerra de camarillas. Aunque las autoridades pretenden presentar al nuevo estatuto como una democratización de la universidad y la garantía de transparencia en la administración de los fondos, bajo el actual sistema electoral, basado en una democracia representativa por estamentos, la trama de corruptelas es prácticamente inevitable.

Frente a este escenario, el movimiento docente-estudiantil no puede permitirse la pasividad. Debe tomar el asunto en sus manos ahora, está en juego toda una reorganización del financiamiento universitario y, por ende, del carácter público de la universidad. En un cuadro de ajuste terminal para las universidades, la cuestión de las regalías mineras es apenas la punta del ovillo y la Universidad Nacional de Tucumán pica en punta como modelo de pseudoprivatización al incorporar a su presupuesto las utilidades de YMAD. Otras universidades podrían seguir este camino como, por ejemplo, la Universidad Nacional de Río Cuarto que, tras 15 años de rechazos, el año pasado decidió incorporar fondos de YMAD a su presupuesto. (Prensa UNRC, 29/8/24).

El cuadro político se completa con un calendario electoral que en 2026 tendrá a la UNT bajo un nuevo proceso para elegir al próximo rector/a; quien puede llegar a tener en sus manos la administración de los aproximadamente $1.000 millones de pesos depositados en plazo fijo bajo custodia de la Justicia Federal de Catamarca.

Frente a este escenario, un programa serio y consecuente debe partir de un pliego reivindicativo por la apertura total de los libros contables a la comunidad universitaria, que dé cuenta del registro de ingresos y egresos de los fondos mineros. También impulsar la conformación de una comisión investigadora interestamental integrada por delegados electos por voto directo de toda la comunidad universitaria encargada de auditar, planificar y debatir democráticamente el destino de esos recursos. Ese programa debe incluir, además, la ruptura del vínculo entre la UNT y la megaminería, así como el rechazo al proyecto Agua Rica por sus implicancias ambientales, sociales y políticas. Por el castigo de todos los responsables del fraude, y una investigación independiente a fondo sobre todas las responsabilidades políticas, jurídicas y empresariales involucradas: ese es el camino para que el juicio no cierre en falso como se pretende.

Es necesario poner en marcha un proceso de organización, debate y movilización política de docentes y estudiantes que coloque al movimiento a la vanguardia de esta lucha.

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Causa YMAD: comenzó el juicio por fraude millonario en la UNT Por Marcelo Bustamante, 13/07/2024.