Santa Fe: Política Obrera presenta un programa y candidatos socialistas para las elecciones del 26 de octubre

A los partidos que destruyen los derechos laborales y jubilatorios, mantienen los puertos privados y provocan el derrumbe industrial, les oponemos una alternativa obrera y socialista.

Las elecciones nacionales de octubre, en todo el país, tendrán lugar en medio del derrumbe político, financiero, moral y electoral del gobierno de Milei.

En nuestra provincia, Pullaro, el ajustador de Santa Fe, buscará refrendar su dominio político. Es el mismo que se enorgullece de haber aplicado un ajuste aun mayor que el de Milei. El peronismo, que buscó evitar la disgregación en las elecciones provinciales cediendo el primer lugar a Ciudad Futura en Rosario, ahora intenta lo mismo por medio de una alianza con la mafia del juego y de la corporación policial, con el apoyo entusiasta de Ciudad Futura. Es la deriva oportunista e incluso reaccionaria de una corriente que reivindica el antiimperialismo chavista.

Los santafesinos hemos sufrido el embate del ajuste de manera descomunal. Las paritarias del 1 %, el despido de cientos de trabajadores contratados por el Estado provincial, la vuelta del presentismo a los docentes en desmedro de su salud y la de sus familias. La reforma jubilatoria regresiva para todos los trabajadores del Estado pinta de cuerpo entero a un gobierno ajustador, a un gobierno de los pulpos sojeros, de la gran industria, de las cerealeras y de la entrega de los puertos y del Paraná (Hidrovía) a los monopolios extranjeros.

Del ajuste y de la destrucción del derecho laboral se jacta, precisamente, la vicegobernadora macrista Gisella Scaglia, quien encabeza la lista de diputados nacionales del oficialismo provincial. Se compromete a llevar el “método del gobierno santafesino” a la Nación, que ya ocupa Milei. El frente político de Pullaro-Scaglia ha aportado los votos fundamentales para aprobar la ley Bases, la reforma laboral y la vigencia del Decreto 70/23. El “método” es el mismo: descargar un violento ajuste sobre quienes viven de su trabajo. El Partido Socialista, que integra ese Frente, abusa del nombre.

Pullaro-Scaglia han impuesto la virtual liquidación del derecho de huelga para estatales y docentes. La intención es doblegar a los sindicatos, las organizaciones obreras y a los trabajadores mismos. Fingen ignorar que, antes que un derecho constitucional, el derecho a huelga es un derecho propio de la clase obrera, contra las patronales y contra el Estado patronal. Pullaro -y el peronismo desde su surgimiento- pretenden imponer la utopía reaccionaria de la conciliación de clases.

El sur de nuestra provincia padece las consecuencias de un industricidio nacional. En el Cordón de San Lorenzo, las suspensiones, despidos y cierres fabriles (como en Celulosa) son noticia de tapa en los diarios todos los días. Mientras tanto, Acindar, en Villa Constitución, redobla las suspensiones de trabajadores bajo el falso rótulo de que las cuentas no cierran por la crisis. Ese industricidio es una reacción y una del propio capital, frente a la bancarrota del sistema capitalista. Solo puede ser combatido por una planificación de la economía bajo un gobierno de trabajadores.

Las patronales aprovechan el derrumbe comercial e industrial para bajar salarios, degradar las condiciones de trabajo y liquidar las comisiones obreras combativas. La burocracia sindical de Santa Fe ha sido cómplice, una vez más y tantas otras, de este despojo a los trabajadores.

Pullaro y Scaglia “acompañan” esta masacre laboral. El derrumbe industrial es funcional a una reestructuración de la propia burguesía. Los despidos masivos ‘alientan’ a los viejos y nuevos inversores a sacar una tajada mayor de beneficios de esta desvalorización de la fuerza de trabajo. Pero sin impugnar el monopolio de bancos, pool de siembras y cerealeras, no es posible poner en marcha un plan de obras públicas, de viviendas y de industrialización que ponga fin al desempleo masivo y a la precariedad laboral.

Las únicas obras se restringen, en la actualidad, a servir al agronegocio, pero las pagan los contribuyentes y el presupuesto público. El intento de construir rutas y autopistas bajo el sistema Público Privado ya fracasó bajo el macrismo, porque el quebrado Estado nacional no tiene los recursos para poner la garantía para la inversión privada.

Pullaro ha logrado una reforma constitucional que refuerza el dominio social y político del gran capital agrario, industrial y bursátil a costa de los trabajadores y explotados. La Constitución mantiene el monopolio privado de los puertos, el canal por el que se fuga la riqueza social y por donde ingresa el narconegocio.

La reforma de la Constitución ha establecido un laicismo que encubre el desarrollo de las camarillas evangélicas reaccionarias. El subsidio del Estado es sustituido por el negociado confesional; la separación de la Iglesia del Estado exige la apertura de las cuentas de todas las empresas confesionales y religiosas, desde la católica romana hasta el evangelismo y sus connotaciones fascistas. Asimismo, la reforma establece la llamada defensa de la vida en “todos sus ciclos”, o sea que elimina el derecho al aborto, que ha sido consagrado por ley nacional. Las organizaciones de la mujer vinculadas a los partidos patronales han silenciado esta enorme contraofensiva contra las mujeres.

La consagración de la autonomía municipal es un ajustazo a los municipios, que deberán autofinanciarse, y antes que nada privatizar todos sus activos rentables, en especial en los costeros del Paraná.

El peronismo santafesino ha buscado salir su descomposición mediante el recurso a Ciudad Futura, que aceptó el convite por puro oportunismo electoral. Por la misma razón, Juan Monteverde y su candidata Caren Tepp han aceptado la candidatura de Agustín Rossi, un socio de Armando Traferri, el armador del negocio del juego y afines. El juego y en especial los ‘afines’, en Santa Fe, forman parte de los negocios de la Bolsa de la provincia. Como ha ocurrido en Salta, Tucumán y Catamarca, donde Fuerza Patria se ha “reconstruido” con gobernadores y apoyadores de Milei, la operación santafesina ha sido impuesta por Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Esta lista es apoyada por la burocracia sindical de todos los colores: la de la CGT, que tolera los despidos y suspensiones en la industria; las de AMSAFE y ATE, que toleran el descuento de los días de paro y los aumentos por debajo de la inflación. Pero esta prenda de cambio es una ilusión. El peronismo no es más que un aparato de arribistas, ofrecidos a cualquier postor.

Nuestros candidatos

A nnuestra lista la encabeza MARILÍN GÓMEZ, enfermera, con una larga trayectoria de lucha en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Como trabajadora del Área primaria de la Salud, ha batallado por las reivindicaciones de las mujeres trabajadoras: el derecho a maternar en condiciones dignas, la extensión de las licencias por embarazo y las guarderías dependientes de cada lugar de trabajo. Ha sido parte de las movilizaciones y acciones de lucha por el derecho al aborto legal y gratuito, peleando por su garantía efectiva después de sancionada la ley. Luchadora antiburocrática en el sindicato donde participa -ATE- y partícipe de las acciones por el reconocimiento profesional de la enfermería.

La secundan, entre otros, German Lavini, docente, excandidato a convencional constituyente por Política Obrera y a secretario general de AMSAFE Capital; Christian Míguez, obrero metalúrgico, integrante de la Comisión Interna de Acindar en Villa Constitución, y Gustavo Fenoy, activista docente y excandidato a concejal por Política Obrera en Capitán Bermúdez.

Nuestro programa de reivindicaciones inmediatas

En oposición al ‘ajuste’ y a la abolición del derecho laboral, el sistema jubilatorio y un conjunto de conquistas en materia de educación y salud, planteamos un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, hoy en 2 millones de pesos, por ocho horas de trabajo, y una jubilación equivalente al 82 % móvil.

Congelamiento de los alquileres y de tarifas del transporte.

Establecimiento de una reserva habitacional con todos los terrenos fiscales, baldíos y desocupados de las grandes ciudades de la provincia, para desarrollar la vivienda propia para los sin techo.

Provincialización, sin indemnización, del servicio de agua y sanitario, Por la apertura de los libros de las empresas del transporte público y el control de los trabajadores del transporte.

Contra las suspensiones y despidos, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Intervención estatal de toda fábrica que cierre o despida. Por un plan de obras públicas por medio impuestos progresivos al capital y el control (nacionalización) del crédito bancario.

Por el desconocimiento de la deuda pública usuraria, con excepción de los pequeños ahorristas, como parte de una transformación socialista.

Congelamiento de las tarifas de salud. Por un seguro único e ilimitado de salud, a cargo de una Aseguradora estatal nacional. Pase a planta de todos los trabajadores de salud, reconocimiento de sus trayectorias personales y acorde a las tareas desempeñadas.

Derogación de la ley bases, del decreto 70/23 y toda la legislación antiobrera votada en los últimos 2 años. Regularización obligatoria del trabajo no registrado bajo sanciones económicas.

Defensa de las convenciones colectivas de trabajo, por medio de representaciones electas, y el derecho unilateral de los sindicatos a la revisión; por el control obrero de seguridad e higiene (y seis horas para tareas insalubres); defensa de los cuerpos de delegados contra los ataques patronales y por la libre elección de delegados, contra la burocracia sindical; fuera el Estado de los sindicatos. La huelga es una decisión exclusiva de los trabajadores.

Por la vigencia plena del derecho al aborto, fuera las iglesias: defensa del derecho de la salud y la autonomía de la mujer. Por el derecho a la salud reproductiva y a la maternidad para la mujer trabajadora.

Por el monopolio estatal del comercio exterior (incluidas las operaciones de cambio) y la nacionalización de la Hidrovía y de los puertos privados.

Por la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Por la defensa de Venezuela, Cuba y Brasil contra las flotas de Trump en el Caribe y contra las amenazas y sanciones contra el poder judicial y el gobierno de Brasil.

Por la Unión Socialista de América Latina, incluida Puerto Rico. Abajo las guerras imperialistas, por una Federación Mundial de Repúblicas Socialistas.